Esta semana, altos funcionarios estadounidenses y mexicanos manifestaron su apoyo a la Iniciativa Mérida, el paquete de ayuda antidroga de $1.4 billón durante tres años pensado para auxiliar al gobierno mexicano en su lucha corriente con los violentos carteles del narcotráfico. Pero al mismo tiempo en que funcionarios como Michael Mukasey, ministro de Justicia de EE.UU., y Robert Gates, ministro de Defensa de EE.UU., visitaban Latinoamérica para buscar apoyo al plan, sólo había críticas al paquete de ayuda propuesto en un foro sobre políticas de drogas en Culiacán, Sinaloa, sede de uno de los grupos narcotraficantes más temidos, el Cartel de Sinaloa.

[inline:riodocecover.gif align=right caption="portada de Ríodoce"]Desde que tomó posesión a principios del año pasado, el presidente mexicano Felipe Calderón ha desplegado a unos 30.000 efectivos del Ejército mexicano en la lucha contra los llamados carteles, que proporcionan gran parte de la cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana que ingresa a Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han alabado al presidente Calderón por sus labores agresivas contra los carteles y buscan recompensar a su gobierno – y especialmente a los militares mexicanos – proveyéndoles equipos de alta tecnología, entrenamiento y demás bienes a las Fuerzas Armadas mexicanas.

Pero pese a los enormes despliegues militares en ciudades fronterizas como Tijuana en el oeste y Reynosa y Matamoros en el este, así como en los estados de Guerrero, Michoacán y Sinaloa – todas tradicionales regiones productoras de drogas – y los altos encomios de Washington, la lucha contra la droga de Calderón no ha salido bien. Dos mil personas más o menos fueron muertas en la lucha contra la droga de México el año pasado y como el número de víctimas de este año se acerca de los 1.000, parece que el 2008 será aún más sangriento. Con todo, el flujo de drogas hacia el norte y de armas y dinero hacia el sur sigue sin trabas.

El gobierno Bush y los funcionarios mexicanos se reunieron a lo largo de un período de meses el año pasado y a principios de éste para tramar una respuesta conjunta que resultaría en $500 millones al año en ayuda a México, ante todo en la forma de helicópteros y aeronaves de reconocimiento. Conocida como Iniciativa Mérida por la ciudad mexicana en que fue formalizado, el paquete de ayuda está siendo considerado por el Congreso de EE.UU.

Si el Congreso no financia el paquete, eso sería un “verdadero golpe para México”, dijo el ministro Gates de Defensa en México, D.F. el martes mientras se reunía con el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional; Juan Mouriño, secretario de Gobernación; y Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores de México. “Claramente dificultará nuestra ayuda al Ejército mexicano y a las agencias civiles del país a afrontar el difícil problema”, les dijo a los reporteros.

Al mismo día, el ministro Mukasey de Justicia estuvo en San José, Costa Rica, donde en un discurso a ministros de Justicia de todo el hemisferio, él también le instó al Congreso a aprobar el paquete de ayuda. Drogas, pandillas y los delitos de sangre en la frontera son “un problema conjunto – y debemos encararlo juntos”, dijo. “Trabajando juntos, podemos fortalecer el imperio de la ley y la administración de la justicia, y podremos combatir las amenazas delictivas transnacionales”, dijo Mukasey.

Eso es lo que el gobierno mexicano quiere escuchar. Negoció el paquete de ayuda y pese a que el gobernante Partido Acción Nacional (PAN) del presidente Calderón no tenga la mayoría en el Congreso mexicano, puede contar con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el acuerdo de la ayuda. De los tres grandes partidos en el Congreso mexicano, sólo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantuvo sus reservas respecto al paquete, pero el PRD no tiene fuerza suficiente para bloquearlo.

Pero aunque el oficialismo mexicano quiera aprobar el paquete, una serie de intelectuales, académicos, figuras políticas y ex militares mexicanos atacaron el plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de México para los objetivos de la lucha contra la droga de EE.UU. en una discusión realizada esta semana en el Foro Internacional sobre Drogas Ilícitas patrocinado por el periódico semanal culiacanense Ríodoce.

“EE.UU. quiere luchar contra las drogas, la criminalidad y el terrorismo. Bush y Calderón han estado hablando de un nuevo Plan Colombia, pero las políticas antidrogas buscadas hasta el momento han sido un fracaso”, dijo Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, mientras inauguraba la conferencia. “El fenómeno del narcotráfico es muy complejo y se extiende a la estructura de la sociedad. El sistema saca provecho del narcotráfico; los lucros entran a nuestra economía y han beneficiado muchos negocios. Pocos sectores han podido resistir al dinero fácil. En un país que no ha podido mejorar las condiciones para los mexicanos pobres, el narcotráfico es una alternativa atrayente”, explicó.

“Nuestro gobierno ha autorizado el empleo de la policía federal y aun de soldados para atacar el narcotráfico, pero esta estrategia está equivocada y el gobierno ha desperdiciado millones de dólares que podían haber sido invertidos en fines productivos”, añadió Bojórquez.

“Nuestras políticas de relaciones exteriores han estado subordinadas a las de los estadounidenses, los policías del mundo”, dijo Jorge Ángel Pescador Osuna, figura política mexicana y ex cónsul general de México en Los Ángeles. “Afortunadamente, esta Iniciativa Mérida todavía tiene que ser aprobada por el Congreso de EE.UU. y ojalá la voz de México sea escuchada en este debate. Creemos que hay soluciones reales al alcance del gobierno y de la sociedad civil”, dijo.

“Quieren gastar $500 millones en el primer año, mitad de eso para comprar equipos militares y tecnologías avanzadas”, dijo Pescador Osuna. “Mi primera respuesta es: Qué bien. Pero luego tengo que preguntar por qué deberíamos emplear a los militares en regiones ajenas a su competencia. Lo que necesitamos es fortalecer nuestra democracia y no lo lograremos valiéndonos de los militares para la imposición civil de la ley”.

“Estas especies de políticas antidrogas concentradas en la vigilancia policíaca son abrumadoramente simplistas”, concordó el economista colombiano Francisco Thoumi, director del Centro de Estudio y Observatorio de Drogas y Delito (CEODD) en la Universidad de Rosario en Bogotá. “No atacan el problema en la base”, argumentó. “El narcotráfico es una industria capitalista y acepta las pérdidas de la interdicción y la erradicación como el coste de hacer negocios. Este tipo de represión luce bien en la televisión y deja a los políticos y la policía contentos, pero la industria persiste y esto no soluciona el problema”.

“La idea es darles poder a las Fuerzas Armadas”, dijo Luis Astorga, investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México en México, D.F. y director de un programa de la UNESCO dedicado a comprender las ramificaciones del narcotráfico internacional. “Calderón no hace nada más que reconfigurar la lucha antidroga en México al ponerla en las manos de los militares. Una pregunta es hasta cuando va a durar”, indicó.

El general Francisco Gallardo, destacado defensor de los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas, también hizo sus críticas. “El contexto de la Iniciativa Mérida es esta nueva orden mundial en que EE.UU. lucha por la hegemonía con China y la Unión Europea”, argumentó. “Los EE.UU. han militarizado sus políticas de relaciones exteriores y quieren que nosotros militaricemos nuestra represión a las drogas. Pero la función del Ejército es defender la soberanía del estado, no luchar contra la criminalidad. Ése es el trabajo de la policía”, dijo.

“Involucrar a los militares bajo los auspicios de la Iniciativa Mérida no corresponde a los intereses mexicanos”, dijo Gallardo. “Causa un malo efecto sobre el orden institucional y judicial del país. Los soldados que matan a inocentes son absueltos; tienen impunidad”, dijo, citando los casos de varias matanzas en masa por soldados en Sinaloa, incluso un incidente en Santiago de Caballero en las montañas por encima de Culiacán a fines de marzo en el cual cuatro jóvenes desarmados en un Hummer fueron muertos por soldados en una misión antidroga. “El narcotráfico es un problema para la policía y el sistema de justicia, no los militares”, concluyó Gallardo.

Aunque los gobiernos Bush y Calderón busquen pasar por encima de la oposición para conseguirse la propuesta de paquete de ayuda, está claro que la Iniciativa Mérida atrae duras críticas en México. Lo que no está tan claro es si tal oposición puede bloquearla con éxito en el lado mexicano. Ahorita, las mejores perspectivas parecen estar en el Congreso de EE.UU.