El lunes, la Corte Suprema de EE.UU. estuvo de acuerdo en escuchar un caso que puede clarificar los límites para saber cuando la policía que utiliza un informante puede entrar en una residencia. El caso es Pearson vs. Callahan (07-751), en el cual cinco integrantes del Destacamento de Represión a Estupefacientes de la Región Central de Utah están siendo demandados por un hombre cuyo hogar fue registrado sin orden después que un informante compró metanfetamina adentro.

[inline:supremecourt1.jpg align=left caption="Corte Suprema de EE.UU."]En 2002, un soplón que trabajaba con el destacamento compró $100 en metanfetamina de Afton Callahan dentro de su remolque en Fillmore, Utah. Tan pronto como los oficiales que esperaban afuera recibieron la señal del soplón vía escucha de que la transacción había sucedido, entraron y registraron el remolque y arrestaron a Callahan por venta y tenencia de metanfetamina.

Callahan tomó providencias para suprimir las pruebas porque registrar sin orden es inconstitucional, pero un juez de primera instancia en tribunal estadual rechazó la solicitud. Luego Callahan estuvo de acuerdo con un acuerdo de confesión condicional mientras recurría de la cuestión de la Cuarta Enmienda. Después, un tribunal de apelaciones estadual estuvo de acuerdo con él y anuló su condenación.

Entonces Callahan demandó a los integrantes del destacamento por infringir sus derechos de la Cuarta Enmienda. Los policías argumentaron que estaban inmunes conforme a la doctrina de la “inmunidad limitada”, que sustenta que funcionarios del gobierno no pueden ser responsabilizados por violar una ley que no era clara en la época. En 2006, Paul Cassell, juez de distrito federal, decidió que la policía tenía derecho a inmunidad, aunque el registro fuera inconstitucional, pero el Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito de EE.UU. en Denver desautorizó a Cassell, sustentando que la Constitución era tan clara respecto a la necesidad de orden que ningún policía sensato habría procedido sin una.

Luego los abogados de la policía recurrieron a la Corte Suprema de EE.UU., la cual tendrá que decidir tanto la cuestión del registro como la de la inmunidad. Pero pese a lo que el 10º Circuito sostuvo, los tribunales federales dudan si se necesita una orden en esas circunstancias. Algunos circuitos federales – pero no el 10º - han creado la rara idea de una excepción de “consentimiento tan pronto como sea eliminada” a la Cuarta Enmienda. Conforme a esa teoría, alguien que consienta con el ingreso de un informante policíaco encubierto también consiente con la entrada de la policía – aunque no lo sepa. Como el residente le dio permiso al soplón para que pasara, él también ha permitido que la policía entrara, sustenta esta novedosa doctrina.

Ahora, la Corte Suprema de EE.UU. decidirá si aún habrá una adición más a las lagunas creadas en la Cuarta Enmienda por la lucha contra la droga y también si la policía que conduce los registros inconstitucionales tendrá que sufrir las consecuencias por ellos.