[inline:borden12.jpg align=right caption="David Borden"]Actualmente en Idaho, hay una lucha legislativa en marcha que ilustra una “disparidad probatoria” en funcionamiento en las políticas de drogas estadounidenses. Recientemente, la legislatura del estado, que es conservadora, pero empieza a favorecer abordajes distintos a la toxicomanía, aprobó $16.8 millones de financiación para programas de tratamiento, pero el gobernador Butch Otter la vetó. No es que Otter sea contrario a dichos programas en principio – él dice que Idaho debería tenerlos -, sino que quiere “asegurar que el dinero del contribuyente sea empleado con cuidado, responsabilidad y para la menor ventaja posible” en ese contexto, de acuerdo con un informe del periódico de Boise, el New West.

No estoy suficientemente enterado de los detalles de los programas de tratamiento de la drogodependencia de Idaho para decir si están bien planeados o no. Es probable que sean necesarios. Pero quería que se tuviera tanto cuidado con el lado de la justicia penal de las políticas de drogas. ¿Arrestar, enjuiciar y prender a infractores de la legislación antidroga en grandes números es un empleo “cuidadoso” o ventajoso del dinero de los impuestos? (Una pista: Échenle un vistazo a la oferta de las drogas y sus precios, que han caído en picada a lo largo de estas últimas décadas más serias de la lucha contra la droga. Eso significa que la respuesta es “NO”.) Por lo menos, Otter podía reivindicar coherencia si también estuviera pidiendo un fin al programa de aprisionamiento de la lucha contra la droga o aun coartándolo apenas. Pero si es que lo hace, no he oído hablar de eso.

En esta semana, como en la mayoría de las demás de que me acuerdo, las acciones del gobierno exhiben esta disparidad probatoria por todas partes:

• En México, pruebas espectaculares en la forma de una violencia horripilante por todo el país muestran que la prohibición es peligrosa y que imponerla es fútil. Pero México sigue trabando la lucha contra la droga y sufriendo esa consecuencia;
• En California, los federales se han conseguido condenas de cinco años contra una pareja que proveyó marihuana a pacientes, pese a pruebas de que ella les era útil;
• Políticos alasqueños se esfuerzan bastante para revocar la protección constitucional del estado de la tenencia privada de marihuana, pese a la falta de pruebas que demuestren que la marihuana supone alguna amenaza;
• En estados por todos los EE.UU., hay medidas en marcha para prohibir la planta alucinógena Salvia divinorum, pese a la falta de pruebas para el peligro o el consumo generalizado. ¡Un legislador quiere “ayudar” a los consumidores de salvia dándoles penas de prisión de cinco años! ¿Dónde están las pruebas que dan sostén a eso?

Soy favorable a tener políticas fundadas en pruebas. Pero quitemos todas las pruebas y todas las políticas a partes iguales. Los luchadores antidrogas que reducen a la gente a prisión deberían soportar la carga de la prueba para sus políticas, una carga bajo la cual su filosofía se desplomará sin duda. Porque es la verdad que es dispar – la defensa de la legalización es abrumadora – y si es medida por igual, aquella verdad incriminará la lucha contra la droga más allá de toda duda razonable. La prohibición es indefendible y la lucha contra la droga es un fracaso y una parodia. Entonces, hablemos de veras de las pruebas y hagámoslo bien. El día en que eso suceda será nuestro.