Valiéndose de la reunión anual de la Comisión de Drogas Narcóticas (CND, por su sigla en inglés) de la ONU en Viena como trampolín, el lunes un consorcio internacional de grupos relacionados con las políticas de drogas, la reducción de daños y los derechos humanos criticó duramente a las burocracias antidrogas de las Naciones Unidas por ignorar numerosos abusos generalizados de los derechos humanos perpetrados en nombre de la prohibición mundial de las drogas. La ONU debe respaldar los derechos humanos en el régimen de fiscalización de las drogas, dijeron los grupos.

[inline:iran-display-cnd08.jpg align=left caption="exposición iraní de la CND"]La acusación fue hecha en un informe lanzado al mismo día, "Recalibrating the Regime: The Need for a Human Rights-Based Approach to International Drug Policy” [Recalibrando el régimen: La necesidad de un abordaje fundado en los derechos humanos a las políticas de drogas internacionales], apoyado conjuntamente por la Human Rights Watch, la Asociación Internacional de Reducción de Daños, la Red Jurídica Canadiense HIV/Sida y el Programa de Políticas hacia las Drogas de la Fundación Beckley. Fue presentado esta semana en Viena durante una discusión del impacto mundial de la lucha contra la droga sobre los derechos humanos, realizada como parte de una serie de eventos en contra de la reunión oficial de la CND.

La CND, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) son las tres entidades de la ONU a cargo de imponer la prohibición mundial de las drogas consagradas en la Convención única sobre estupefacientes de 1961 y sus dos tratados sucesores. La CND se reunió esta semana para ver si la ONU había cumplido su meta de 10 años, instaurada en 1998, de lograr “resultados mensurables” en la lucha contra la droga, incluso una “reducción considerable” en el cultivo de cannabis, coca y adormidera.

El informe del lunes hace mención de campañas asesinas contra sospechosos de delitos de drogas en Tailandia en 2003 – y la perspectiva de una repetición de aquella mortífera lucha contra la droga de parte del nuevo gobierno tailandés; la campaña violenta de la policía contra los narcotraficantes (y transeúntes inocentes) en Brasil; la grotesca costumbre china de conmemorar el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas de la ONU ejecutando a infractores condenados de la legislación antidroga; el recurso a la pena de muerte para infractores de la legislación antidroga en más de 60 países; la encarcelación masiva de infractores de la legislación antidroga; y la imposición racialmente discriminatoria de las leyes contra la droga en lugares como los Estados Unidos y mucho, mucho más como prueba de que los derechos humanos vienen a buena distancia en segundo lugar para las prerrogativas de la prohibición de las drogas.

[inline:thai-officials-cnd08.jpg align=right caption="funcionarios tailandeses asisten a panel de derechos humanos que hace duras críticas a su gobierno"]A la cara de esta letanía de abusos de los derechos humanos en nombre de la imposición de la prohibición de las drogas, las agencias de la ONU han guardado tanto silencio como para ser casi “conniventes” con ellos, argumenta el informe. Ha habido “poco compromiso” con esta cuestión de parte de la CND, la JIFE y la ONUDD – o aun de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de la ONU, dijo el informe.

“La Asamblea General de la ONU ha declarado varias veces en resoluciones que la fiscalización de las drogas debe ser llevada a cabo en plena conformidad con, y pleno respeto por, todos los derechos humanos y libertades fundamentales”, dijo Mike Trace de la Fundación Beckley, que encargó el informe. “Las delegaciones a la reunión de esta semana deben asegurar que sus obligaciones conforme a la ley internacional de derechos humanos apuntalen todas las deliberaciones y acciones de la CND”.

“A despecho de la primacía de las obligaciones de los derechos humanos conforme a la Carta de las Naciones Unidas, el abordaje del sistema de la ONU y de la comunidad internacional en general a tratar de las tensiones entre la fiscalización de las drogas y los derechos humanos sigue siendo ambiguo”, dijo Richard Elliott de la Red Jurídica Canadiense VIH/Sida. “Esto es imperdonable a la cara de los flagrantes abusos de los derechos humanos perpetrados en el transcurso de la imposición de la prohibición de las drogas, que, a su vez, perjudica las labores mundiales para prevenir y tratar el VIH”.

“La semana pasada, Philip Emafo, presidente de la JIFE, declaró en el informe anual de 2008 de la junta que: ‘No se puede no hacer nada [respecto a las drogas]’”, dijo Rick Lines de la Asociación Internacional de Reducción de Daños. “Aquí estamos hoy para declarar claramente que tampoco es posible no hacer nada respecto a los abusos de los derechos humanos perpetrados en nombre de la lucha contra la droga. En este 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los estados miembros de la CND y efectivamente la familia entera de la ONU deben manifestar con claridad que los derechos humanos no deben ser sacrificados en el altar de la fiscalización de las drogas”.

[inline:russia-display-cnd08.jpg align=left caption="exposición rusa de la CND"]Los varios comentarios del nuevo gobierno tailandés que dicen que pretende regresar a la lucha asesina contra la droga de 2003 del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, en la cual unos 2.800 fueron muertos, despertó una inquietud especial entre los grupos.

“Como ha reconocido la ONUDD, hay métodos comprobados para tratar del consumo de drogas mientras se protegen a los derechos humanos. El asesinato no es uno de ellos”, dijo Rebecca Schleifer, partidaria del Programa de VIH/Sida y Derechos Humanos de la Human Rights Watch. “Como integrante de la CND, Tailandia debe responder de sus acciones contra las drogas y la comunidad internacional debe hacer presión para asegurar que no se repitan las violaciones de los derechos humanos”.

Puede ser que los tailandeses estén sintiendo la presión. En la “sesión paralela” del lunes por la tarde organizada por los grupos, no uno, sino tres funcionarios del gobierno tailandés asistieron, todos expresando el punto de vista de que las políticas surten “buenos y malos efectos” e invitando a los partidarios a dar informaciones que les ayuden a mejorar las políticas. El tiempo lo dirá si esa oferta fue en serio y, en caso afirmativo, si pueden influenciar su gobierno en una dirección positiva.

El informe del lunes hizo parte solamente de una ofensiva general dirigida hacia las burocracias antidrogas de la ONU y su aparente desdén por los derechos humanos. La semana pasada, tras la estela del lanzamiento del Informe anual correspondiente a 2007 de la JIFE, que pidió “proporcionalidad” en la imposición de las leyes contra la droga al mismo tiempo en que pedía la penalización de millones que mascan la hoja de coca, esa organización fue criticada en una respuesta del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, una red global de grupos nacionales e internacionales especializados en temas relacionados con el consumo de drogas, legal o ilegal.

Aunque el consorcio felicitara a la JIFE por su pedido de proporcionalidad y una ligera retirada en su resistencia a la reducción de daños, advertía que dichas buenas noticias “serán insignificantes si la Junta no refleja estos principios coherentemente en su trabajo corriente con gobiernos nacionales y demás agencias de la ONU”.

El consorcio también criticó duramente a la JIFE por pedir la prohibición del cultivo y del consumo de coca. “De gran recelo es la continua intransigencia mostrada hacia la cuestión del consumo indígena de productos a base de coca en Bolivia”, decía la respuesta del consorcio. “Donde exista una inconsistencia irresuelta dentro de los convenios de fiscalización de las drogas y entre ella y demás obligaciones y tratados internacionales, el rol de la JIFE debería ser el de poner estos dilemas de relieve y ayudar a los gobiernos a encontrar una solución en vez de emitir declaraciones rígidas y no universales”.

La organización benéfica británica que trata de las drogas, la DrugScope, integrante del consorcio, pidió a la JIFE que hiciera más. “Los consumidores de drogas son vilipendiados y marginados en todo el mundo”, dijo Harry Shapiro, director de comunicación del grupo. “Algunos países creen que cualquier acción tomada contra ellos es justificada, incluso el asesinato. Nos animamos que la JIFE reconozca que esto es inaceptable y que se debe llegar a un equilibrio entre la imposición de las leyes sobre las drogas y los derechos humanos y las libertades civiles de los que tienen problemas serios”.

La JIFE debe cumplir lo que dice, dijo Shapiro. “Pero la DrugScope y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas sienten que la JIFE, desde su posición de autoridad internacional, debe seguir su condenación de los abusos de los derechos humanos hasta su conclusión lógica. La JIFE debe criticar en público a países en específico que tengan los peores antecedentes en derechos humanos en esta área”.

En vez de agencias antidrogas de la ONU defendiendo los derechos humanos, ahora ellas mismas se han vuelto objetos de crítica. El consenso oficial de las políticas de drogas prohibicionistas internacionales puede permanecer en la ONU, pero claramente se deshilacha y la sociedad civil ya no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados a la cara de la injusticia, ya en Bangkok o Baltimore, ya en Río o Rusia.

(Busque informes en persona de la cumbre de la ONU la semana que viene.)