La propuesta de dispendios en tratamiento, prevención y recuperación de la toxicomanía del gobierno Bush para el ejercicio fiscal 2009 incluye cortes considerables de fondos para algunos programas y eso ha hecho que los críticos, de ex luchadores antidrogas federales a la comunidad del tratamiento y de la recuperación, se quejen. Aunque aprietos económicos puedan exigir un presupuesto magro, dicen los críticos, cortar el tratamiento, la prevención y la recuperación de la toxicomanía no es la salida.

[inline:ndcs.gif align=right caption="informe y presupuesto de la estrategia antidroga del gobierno Bush"]En conjunto, los fondos para el tratamiento y la prevención de la toxicomanía dentro de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA, por su sigla en inglés), el principal conducto para ellos, disminuirá de $2.35 billones este año para $2.27 el año que viene. (Vide detalles del presupuesto de la SAMHSA en inglés aquí.) Otros puntos más y menos destacados de los presupuestos para tratamiento, prevención y recuperación incluyen:

• La financiación del programa Paquete de Ayuda a la Prevención y al Tratamiento de la Toxicomanía tendría un pequeño incremento para $1.779 billón, pero ese aumento estaría destinado a los beneficiarios de subvenciones más eficaces;
• El Centro de Tratamiento de la Toxicomanía (CSAT, por su sigla en inglés) recibiría $336.7 millones, una caída de $63 millones con relación al ejercicio fiscal 2008, y una serie de programas sería reducida a cero, inclusive el Programa de Apoyo Comunitario a la Recuperación. Otros perdedores incluyen el programa Sistemas de Tratamiento para los Sin Techo (un corte de $42.5 para $32.6 millones) y el Programa de Tratamiento con Opiáceos/Actividades Reglamentares (un reducción de $8.9 para $6 millones). Pero el financiamiento del programa de subvenciones Acceso a la Recuperación permanecería intacto en $99.7 millones y los fondos para juzgados de delitos de drogas aumentarían de $15 para $37 millones;
• El Centro de Prevención a la Toxicomanía (CSAP, por su sigla en inglés) recibiría $158 millones, una reducción de $36 millones con relación al ejercicio fiscal 2008;
• La financiación del Centro de Servicios de Salud Mental sufriría un corte de $126 millones;
• El programa de Subvenciones Estaduales Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas (SDFSC, por su sigla en inglés), que sustenta programas comunitarios de prevención a través del Ministerio de Educación, recibiría $100 millones, una disminución de $194.8 millones;
• El Instituto Nacional de Toxicomanías (NIDA, por su sigla en inglés) recibiría $1.002 billón, un incremento de $1 millón con relación al año fiscal 2008;
• El Instituto Nacional de Consumo Abusivo de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA, por su sigla en inglés) recibiría $436.68 millones, un aumento de $0.4 millón con relación a los fondos del año pasado.

“Estamos muy preocupados por estos cortes y ansiamos por trabajar con el Congreso para devolver los fondos”, dijo Pat Taylor, directora ejecutiva de Faces and Voices of Recovery, una organización nacional que defiende a los afectados por la toxicomanía. “Estamos especialmente preocupados por la eliminación del Programa de Servicios Comunitarios de Recuperación – es el único programa que financia los servicios de recuperación”, dijo.

Aunque el informe del Gabinete de Administración y Presupuesto (OMB, por su sigla en inglés) que acompañó el presupuesto Bush afirmara que dichos programas son ineficaces, lo que justificó su corte, Taylor dijo que ello estaba equivocado. “Sabemos de los propios datos del gobierno que estos programas son altamente eficaces a un costo relativamente bajo”, dijo. “Los fondos han sido destinados a organizaciones que han apalancado decenas de miles de horas de trabajo voluntario en comunidades alrededor del país”.

“Ya no hay mucho dinero para tratamiento y prevención”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. "Bush también está cortando la fuerza pública”, dijo Piper, refiriéndose a las propuestas de corte en el programa de Subvenciones Byrne a la Acción de la Justicia, “pero sabemos cuál Congreso tiene más probabilidades de devolver”.

“Durante años, he argumentado que es una distorsión grosera de recursos negarles lo máximo de fondos necesarios al tratamiento, a la prevención y a la concienciación sobre las drogas. De ese modo interrumpimos el enlace entre las drogas y la criminalidad”, dijo Robert Weiner, quien como director de relaciones públicas bajo el general Barry McCaffrey, ex secretario antidroga, se conseguía la ira de los reformadores con frecuencia (en otras cuestiones). Weiner añadió que dos tercios de los arrestados se sacan positivo por drogas ilegales. “Si lo prevenimos de frente antes de forzarlos a ingresar a la prisión, ahorramos billones de dólares literalmente y volvemos a estas personas ciudadanos productivos. El presupuesto federal para drogas necesita ser repensado para que cambie sus prioridades”, dijo.

Weiner también zahirió al secretario antidroga John Walters por no proteger su feudo burocrático. Bajo Walters, el presupuesto para drogas bajo la fiscalización del ONDCP ha caído de $19 para $13 billones.

“Es indignante”, se quejó Weiner. “Walters tiene su cabeza bajo el ala y ha estado cediendo autoridad. El propósito de su gabinete era crear un supervisor para tener los ojos en las políticas de drogas, pero, al contrario, Walters ha sido un lacayo de esta política de temor y terror y seguridad nacional y ha arrojado la toalla. No son apenas los programas individuales, sino una cesión completa de autoridad y eso es una lástima”.

Weiner no es el único ex luchador antidroga federal disparando contra las prioridades de dispendios en políticas de drogas del gobierno Bush. John Carnevale, quien trabajó bajo cuatro secretarios antidrogas diferentes y ayudó a implementar presupuestos y estrategias federales sobre las drogas, atacó al gobierno Bush a principios de este mes con un informativo de políticas que acusaba que ello había dado énfasis constantemente a los aspectos menos eficientes de las políticas de fiscalización de drogas.

De acuerdo con Carnevale, los dispendios en la reducción de la oferta (represión, interdicción, erradicación) han crecido 57% durante los años Bush, en tanto que los gastos en la reducción de la demanda (tratamiento, prevención, recuperación) han aumentado apenas 3%. La proporción entre dispendios en reducción de oferta y de demanda es de cerca de 2:1, casi donde ha estado históricamente a despecho de las varias afirmaciones de luchadores antidrogas federales de que están cambiando para un abordaje equilibrado.

Como señala Carnevale: “La investigación da a entender que programas de tratamiento son muy eficaces en reducir la demanda de drogas, salvando vidas y disminuyendo las consecuencias de la criminalidad y para la salud. Eso ha demostrado que atacar las drogas en su fuente al concentrarse en la erradicación es caro y no muy eficaz. Eso ha mostrado que la interdicción surte poco efecto sobre el poder de los narcotraficantes de traer drogas a los Estados Unidos y ponerlas en las esquinas en que son vendidas”.

Sin embargo, de manera perversa, los fondos de la interdicción aumentaron más durante los años Bush, doblando de $1.9 billón en 2002 para $3.8 billones en 2009, en tanto que la financiación del país fuente aumentó en 50%, la fuerza pública en 31% y el tratamiento en 22% apenas. En verdad, los dispendios en prevención a las drogas, por el otro lado, han caído 25%.

“Si la investigación fuera nuestro guía”, escribió Carnevale, “entonces uno esperaría el orden opuesto de incrementos en recursos presupuestarios para la fiscalización de las drogas. No incorporar la investigación al proceso presupuestario es perder una oportunidad de mostrar resultados. La única noticia positiva en esta década es la reducción del consumo de drogas entre los jóvenes, una tendencia que empezó en la década anterior. La discusión de hoy del desempeño de las políticas de drogas ignora el hecho de que el consumo adulto de drogas y las tasas de adicción permanecen las mismas en esta década”.

Los críticos no sólo se quejan. Liderados por la comunidad del tratamiento y de la recuperación, hay medidas en marcha en el Congreso que buscan una mezcla mejor cuando se trata de financiación de las políticas de drogas. Espere luchas en salas de audiencia de los comités y votaciones en pleno en el futuro mientras los partidarios buscan devolver fondos a programas útiles y eficaces.

“Estos cortes son muy miopes y creo que no van a resistir”, dijo Taylor. “Trabajamos con muchas organizaciones aliadas para dar sostén a una propuesta distinta de presupuesto que vamos a distribuir en el Capitolio la semana que viene. Allá hay mucho interés en progresar en vez de retroceder”.