El sistema penitenciario de California está en crisis. Con unos 172.000 reclusos, el sistema penitenciario del estado pierde apenas para el sistema federal en tamaño y su presupuesto se ha inflado en 79% en los últimos cinco años para cerca de $8 billones al año. Con todo, el sistema está enormemente superpoblado y enfrenta dos demandas colectivas que buscan limitar las poblaciones de internos porque la superpoblación está haciendo que el estado no proporcione cuidado médico y asistencia sanitaria mental constitucionalmente adecuados.

[inline:prison-overcrowding.jpg align=right caption="superpoblación en la Prisión Estadual de Mule Creek (de cdcr.ca.gov)"]En diciembre, el gobernador Arnold Schwarzenegger anunció que consideraba un plan para libertar a unos 22.000 presos no violentos antes de tiempo en respuesta a la crisis que se preparaba. Pero ese abordaje único no trataría con los problemas sistémicos y las políticas que crearon la crisis de las prisiones para empezar.

Ahora, tras años de inacción en Sacramento a la cara de la crisis, una campaña bien financiada para una iniciativa que resultaría en un cambio sísmico en las políticas de prisión y condenas californianas, especialmente cuando se trata de infractores de la legislación antidroga y aquellos cuyos delitos están relacionados con su consumo problemático de drogas, se ha puesto en marcha. Apodada la Ley de rehabilitación del infractor no violento [Non-Violent Offender Rehabilitation Act - NORA, por su sigla en inglés], la iniciativa expandiría enormemente las opciones de tratamiento y encaminamiento ofrecidas conforme a la iniciativa reformadora anterior, la Propuesta 36, bien como programas reformadores de la libertad vigilada y condicional, y volvería la simple tenencia de marihuana infracción en vez de contravención.

Cerca de 35.000 prisioneros californianos, o 20% de la población penitenciaria más o menos, cumplen sentencias por delitos de drogas. Una cifra desconocida, seguramente del orden de decenas de miles, cumplen condena por delitos relacionados con su consumo de drogas. A estos infractores y sus futuros compañeros es que la iniciativa NORA visa.

Auspiciada por la Drug Policy Alliance Network, la división cabildera de la Drug Policy Alliance, y la Campaign for New Drug Policies de Montana, la gente que ingenió la exitosa campaña de la Propuesta 36, la iniciativa NORA iría a:

• Crear un programa de encaminamiento de varias vías para infractores adultos. La Vía I estipula tratamiento para infractores no violentos por tenencia de drogas con acuerdo en suspenso durante el tratamiento. Para aquellos que no se encuadran en la Vía I, la II proporciona tratamiento después de la condenación como la Propuesta 36, con sanciones graduadas para infracciones de la libertad vigilada, incluso pena de prisión al fin. La Vía III es una expansión de los programas existentes de juzgados de delitos de drogas, con sanciones más enérgicas que las de las otras vías. Los jueces tendrían la discreción de emplear la Vía III no solamente con infractores de la legislación antidroga, sino con cualquier infractor no violento cuyos delitos estén relacionados con su consumo de drogas. La Vía III sería obligatoria para los que sean identificados como “infractores de alto coste” (cinco arrestos en los últimos 30 meses). La iniciativa financiaría el programa de encaminamiento y tratamiento en $385 millones al año;
• Crear programas de tratamiento de la toxicomanía para los jóvenes. La NORA invertiría cerca de $65 millones al año para construir un programa de prevención y tratamiento para jóvenes donde ninguno existe actualmente;
• Exigir que las prisiones californianas provean programas de rehabilitación a todos los internos salientes por lo menos 90 días antes de la puesta en libertad y hasta un año después de la libertación a costa del estado;
• Permitir que prisioneros no violentos merezcan reducciones de sentencia con buen comportamiento y al participar de programas de rehabilitación;
• Reducir los períodos de condicional para infractores no violentos aptos a entre seis y 12 meses en vez del actual hasta tres años. El descargo temprano de la condicional puede ser conseguido con la conclusión de un programa de rehabilitación;
• Volver la simple tenencia de marihuana infracción (delito pasible de multa) en vez de contravención.

La NORA no solamente significaría libertad para miles de infractores no violentos de la legislación antidroga o relacionada con las drogas, también ahorraría a California billones de dólares. Se estima que la Propuesta 36 haya ahorrado por lo menos $1.3 billón en cinco años al encaminar a los infractores al tratamiento y la Secretaría de Análisis Legislativo de California proyecta que la NORA puede generar un billón de dólares al año en ahorros para el sistema penitenciario y también obviar la necesidad de un desembolso único de $2.5 billones en construcción de prisiones.

Recabadores pagos por la NORA ya están echándose a las calles en California. Tienen hasta 21 de abril para reunir unas 435.000 firmas válidas para llevar la medida a votación en noviembre. La NORA va a cumplir con esa meta, prometieron los organizadores.

“Hemos acabado de anunciarlo a nuestros afiliados y hemos empezado a recopilar firmas”, dijo Margaret Dooley-Sammuli de la oficina de Baja California de la Drug Policy Alliance Network. “Estamos muy entusiasmados. Parece que la reforma penitenciaria y condenatoria más grande de la historia estadounidense va a votación en noviembre”.

“Esto es la Propuesta 36 bajo el efecto de esteroides”, dijo Dale Gieringer, director ejecutivo de la NORML California. “Si es aprobada, resultará en una reescritura abarcadora de todas las leyes de California con respecto a las condenas, la libertad vigilada y la condicional para delitos no violentos relacionados con las drogas. Y ésta es una campaña profesional. La medida va a estar en las urnas en noviembre”, predijo de manera categórica.

“La Propuesta 36 ha sido un éxito tremendo, ella ha sido bastante estudiada y probada, pero el problema más grande es que no es grande lo suficiente”, dijo Dooley-Sammuli. “Junto con la dificultad de aprobar cualquier reforma penitenciaria y aun de obtener fondos adecuados para las reformas existentes a causa del punto muerto en Sacramento – hemos presenciado la estrangulación de tantas reformas penitenciarias por aquí -, creímos que realmente necesitábamos llevarlo a votación para obtener financiación estable, más tratamiento y más encaminamiento”, dijo.

“Pero la NORA no se trata apenas de expandir la Propuesta 36”, señaló Dooley-Sammuli sin demoras. “Ante todo, es un intento de reforma penitenciaria y condenatoria. Trae soluciones de buen sentido al problema del encarcelamiento excesivo en California, especialmente el de infractores no violentos en este estado”.

“El estado ha sido increíblemente reacio y negligente en tratar de todo este problema de los presos no violentos”, dijo Gieringer. “Cada esfuerzo para sacar a infractores de la legislación antidroga del sistema penitenciario ha sido visto como una papa caliente política y no ha resultado en nada. La reforma condenatoria es veneno político en Sacramento, con todo hay esta crisis penitenciaria que se cuece que en California”.

Si los políticos se rehúsan a tomar providencias, dijo Gieringer, es tiempo de llevar la cuestión directamente a los votantes. “Esta iniciativa está muy justificada a causa de la negligencia de la clase política de California en no tratar de estas cuestiones”, dijo. “De hecho, hace mucho que se la necesita y ahora nosotros, el pueblo, tenemos que intentar hacer frente a la inacción de nuestros líderes políticos. Y creo que el público está de nuestro lado. Las encuestas sobre esto han sido muy favorables. La mayoría cree que los delitos de drogas no violentos deberían ser lidiados con tratamiento, no prisión”.

“Hay jueces federales queriendo saber si deben hacerse cargo de todo el sistema penitenciario estadual”, dijo Dooley-Sammuli. “No hay soluciones saliendo de Sacramento. Tenemos problemas presupuestarios muy reales que quieren decir que no tenemos dinero para seguir gastando lo que gastamos en encarcelamiento. La NORA reasigna dispendios estaduales del encarcelamiento al tratamiento y a la rehabilitación, entonces vamos a terminar con ahorros considerables a lo largo del tiempo”, predijo.

La acción del gobernador Schwarzenegger de libertar a algunos presos antes de tiempo es necesaria, pero no suficiente, dijo Dooley-Sammuli. Lo que se necesita no son arreglos únicos, sino reformas sistémicas, dijo. “La NORA no es una abertura única de las puertas de la cárcel”, dijo Dooley-Sammuli. “Se trata de cambio sistémico en nuestras prácticas en las condenas y condicionales. No es radical; es buen sentido. No es ser indulgente con la criminalidad; es ser listo con ella. La NORA nos permitirá superar el politiqueo y conseguir algunas soluciones”.

A estas alturas a principios de la temporada de campañas, no hay oposición organizada, pero es casi seguro que eso va a cambiar. Demasiados grupos poderosos, de fiscales a agentes penitenciarios, sacan ventaja del estado de las cosas y la propagación del miedo es un perenne favorito entre políticos.

“La cuestión es saber si habrá cualquier oposición política bien financiada”, dijo Gieringer. “Entonces podría haber una verdadera lucha. Pero todavía no hemos presenciado la formación de un comité de oposición. Ésa es la verdadera interrogación”.

Los organizadores de la NORA han hecho todo lo posible para desbaratar a la oposición en los primeros estadios trayendo a posibles oponentes al proceso, dijo Dooley-Sammuli. “Hemos hecho muchos, muchos esfuerzos para transformar este proceso en un trámite colaborativo al contactar a una amplia variedad de interesados. Ha sido una tentativa general de incluir el máximo número posible de perspectivas y conjuntos de pericia y hemos intentado hacer amistades en vez de enemistades”, dijo.

El tratamiento forzoso de la toxicomanía no es el mejor de todos los mundos posibles. Pero es difícil argumentar que los infractores de la ley sobre las drogas están mejor en prisión que siendo tratados. La iniciativa NORA les dará a los votantes californianos la oportunidad de dar un paso gigante en la reforma condenatoria y penitenciaria y un pequeño paso hacia la verdadera justicia para los consumidores de drogas.