En la última providencia en su guerra corriente contra los poderosos carteles violentos del narcotráfico mexicano, el mes pasado el presidente Felipe Calderón mandó a unos 6.000 soldados y policías federales mexicanos a las ciudades en su lado de la Cuenca del Río Bravo, de Nuevo Laredo a Matamoros. Desarmaron a las fuerzas públicas municipales, que, en general, son sospechosas de estar en la nómina de los narcotraficantes, establecieron puestos de control entre y dentro de las ciudades y están realizando patrullas regulares en Reynosa y otros lugares.

[inline:reynosa-hidalgo.jpg align=left caption="cruce de fronteras entre Reynosa e Hidalgo (por cortesía de portland.indymedia.org)"]El operativo contra los municipios fronterizos de Tamaulipas sucedió después de un año sangriento el año pasado. De acuerdo con el Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CEFPRODHAC) de Reynosa, la violencia relacionada con la prohibición de las drogas se cobró 67 vidas en ciudades fronterizas tamaulipecas el año pasado. Pero fue apenas después de un tiroteo violento en el Río Bravo (entre Reynosa y Matamoros) el mes pasado, el cual resultó en varios traficantes muertos y cerca de una docena de soldados heridos, y de ataques retaliativos del cartel contra patrullas del ejército en el centro de Reynosa un día después que Calderón mandó a los soldados.

Desde entonces, la ocupación militar ha aguado la economía – y especialmente la vida nocturna – de Reynosa y otros municipios fronterizos de la cuenca, pero eso no ha detenido la matanza. De acuerdo con el CEFPRODHAC, hasta el martes, otras 18 personas han sido muertas en la guerra tamaulipeca a las drogas hasta este momento del año, respondiendo en conjunto de la gran mayoría de los 25 asesinatos. En Reynosa, este año 12 de los 14 homicidios de la ciudad estuvieron relacionados con la lucha contra la droga, inclusive uno el domingo por la noche.

Si el ejército no ha detenido la matanza, ha casi parado la economía turística de la ciudad. Varios dueños de bares y clubes en la Zona Rosa, el área turística cerca del puente internacional, dijeron que habían recibido órdenes de soldados o policías de cerrar a las 22:00. También dijeron que eso casi no importaba, pues de todas maneras los negocios andaban mal.

“Solíamos atender a tejanos que venían para festejar”, dijo un propietario que pidió no ser nombrado. “Ahora ya no vienen. No quieren ser acosados por los soldados”.

Los trabajadores en algunos de los sectores más sórdidos de Reynosa – prostitutas, funcionarios de clubes de striptease, taxis piratas – aun encabezaron una marcha de protesta hace dos semanas, quejándose que la ocupación les dificultaba la vida. (Dos hombres de negocios reynosenses que se negaron absolutamente a manifestarse públicamente afirmaron que la marcha fue respaldada por los narcos, pero esa acusación aún no ha sido probada.)

Aunque el recurso de Calderón al envío del ejército – más de 20.000 efectivos han sido desplegados a sitios de conflicto en el año anterior – se haya conseguido elogios en Washington y aun algún apoyo entre los reynosenses cansados de la violencia, ello también resulta en un alza en abusos de los derechos humanos, de acuerdo con el CEFPRODHAC. “Hemos recibido 11 quejas de abuso desde que vinieron los soldados”, dijo Juan Manuel Cantú, director de la oficina de documentación del grupo. “Uno en el Río Bravo y 10 acá. Las personas se quejan que los soldados entran ilegalmente en sus hogares, que las torturan, que se roban las cosas – equipos electrónicos, joyería, aun alimentos. Los soldados creen que están en guerra y que todos aquí en la frontera son narcos”, se quejó Cantú.

El CEFPRODHAC compila y archiva debidamente las quejas, dijo Cantú, pero no espera mucho que los militares tomen providencias para tratar de ellas. Los militares inauguraron una dirección general de derechos humanos el mes pasado, pero hasta el momento ha hecho poca diferencia, dijo. “Hasta ahora, no hay justicia. Cuando las quejas van a la SEDENA, siempre dicen que no hay violaciones de los derechos humanos”.

Cuando los abusos llegan a las manos de la policía o de los militares, las víctimas o familiares por lo menos presentan quejas, aun si no esperan resultados. Pero cuando se trata de abusos de parte de los narcos, el temor de retaliación es demasiado grande para que las víctimas o sus familiares denuncien. “La gente no quiere hablar de esos crímenes”, dijo Cantú. “No quieren hablar con nosotros ni con las organizaciones oficiales de derechos humanos, no quieren hablar con los militares, no quieren hablar con la policía federal. Se sienten amenazadas por los narcos”.

Comparadas con Brownsville y McAllen en el lado tejano, Reynosa, Matamoros y las demás ciudades en el lado mexicano hacen parte de una conurbación binacional que cuenta con una población conjunta del orden de los tres millones. (Cerca de 700.000 personas en el área de McAllen, 400.000 en el área de Brownsville, 700.000 en Matamoros, otras 500.000 en Reynosa y unas cuantas decenas de miles esparcidas entre unas y otras). El castellano es el idioma escuchado con mayor frecuencia en los dos lados de la frontera. Aunque la ocupación militar y la violencia de la lucha contra la droga (en su mayoría) estén restringidas al lado mexicano, el narcotráfico y la lucha contra la droga son sentidos en los dos lados, aunque de maneras diferentes.

Mike Allen es vicepresidente de la Comisión Fronteriza de Tejas, una entidad no gubernamental que busca representar el interés de funcionarios electos en el lado tejano del Río Bravo. Entre las principales preocupaciones de la comisión están la facilitación del tráfico entre las fronteras y el repudio a respuestas que juzga estúpidas a inquietudes por la seguridad en la frontera.

El número uno de la lista de quejas de la comisión es el plan del muro fronterizo, que debe cruzar el sur de Tejas, forzando a terratenientes a pasar por puertas distantes para llegar a partes de su propiedad que están más allá de la cerca y, de acuerdo con funcionarios municipales descontentos, perjudicando el ambiente sin cumplir su propósito declarado de controlar la frontera. Ahora, los funcionarios y terratenientes municipales están metidos en querellas legales con el Ministerio de Seguridad Nacional de EE.UU. mientras ello amenaza ejercer la expropiación para incautar propiedades para el muro.

“El muro es un enorme desperdicio de dinero”, dijo Allen. “Los que viven por aquí lo saben. Los mexicanos pasan por encima, por debajo o dan la vuelta. Pero hay que acordarse que 99% de las personas que cruzan esa frontera intentan conseguirse empleo. No son criminales ni terroristas ni narcotraficantes”.

Pero algunos de ellos lo son, reconoció, señalando con el dedo a sus propios compatriotas. “Tenemos tanto narcotráfico por aquí porque hay muchos ciudadanos estadounidenses consumiendo drogas”, dijo Allen. “No importa lo que hagamos – el narcotráfico va a seguir de una forma u otra porque hay dicha demanda en EE.UU.”

El narcotráfico no ha afectado adversamente las economías locales, dijo Allen. Quizá decirlo sea quedarse corto. Aunque la Cuenca del Río Bravo cuente con altas tasas de pobreza, también tiene torres de oficinas relucientes, numerosos bancos, tiendas de especialidades caras, tráfico bullicioso y centros comerciales gigantes como La Plaza en McAllen, en que la tienda de JC Penney permanece abierta las veinticuatro horas del día, siete días por semana y donde todos – tanto clientes como empleados – parecen estar hablando castellano.

“Tenemos más bancos aquí que 7-11s”, dijo Celerino Castillo, ex agente de la DEA y habitante de la cuenca, mientras soltaba una risita con pesar. “Debía ser un área pobre, pero todos manejan Escalades”.

Pero aunque el narcotráfico no haya perjudicado los negocios a lo largo de la frontera, la violencia relacionada con la prohibición de las drogas que lo acompaña los ha menoscabado – en los dos lados de la frontera. “La gente oye hablar de esos tiroteos y no quiere cruzar el puente hacia México y eso quiere decir que algunos de ellos no van a venir acá”, dijo.

Y aunque se hable mucho de la corrupción en México, eso vale para los dos lados, dijo Castillo, quien atrajo la atención pública por primera vez cuando denunció la entrega de drogas relacionada con EE.UU. desde la Base Aérea de Ilopango de El Salvador durante la guerra centroamericana de los años 1980 en su libro Powderburns. “Hay corrupción en ambos lados de la frontera”, dijo Castillo. “La lucha contra la droga no se trata de detenerlas; se trata de forrarse. Por eso este paquete millonario de ayuda es pura tontería. Hemos estado trabando esta guerra durante 30 años y estamos peor que cuando empezamos”.

Castillo expone armas con regularidad en el área vendiendo antiguallas de la época del Vietnam y él dijo que para encontrándose con integrantes de carteles por allí. “Siempre aparecen buscando armamento”, dijo, “junto con militares mexicanos. Va mucha gente”.

Algunos revólveres son muy buscados por integrantes de carteles, dijo Castillo. “A ellos les gusta mucho la belga FN Herstal P90 porque pueden quitar el número de serie con facilidad”, explicó. “Éstas salen por $1,000 al por menor, pero los compradores de carteles vienen y pagan $2,500 por ellas y quienquiera las haga pasar por la frontera recibe $4,000 por arma”, dijo.

Otras armas y municiones más pesadas no están a la venta en el mercado civil, pero eso apenas quiere decir que los carteles utilizan otras redes, dijo Castillo. “Las armas pesadas, los lanzagranadas, las cantidades masivas de munición apenas están a la venta en armerías militares, por aquí o en Centroamérica. Vendemos toneladas de armas al Ejército salvadoreño y creo que van y las venden a los carteles”.

El narcotráfico prospera con la pobreza de los dos lados de la frontera, dijo un observador local. “En realidad, se puede invertir mucho dinero en la policía, pero la gente tiene que comer, la gente tiene que supervivir”, dijo Marco Dávila, profesor de criminología en la Universidad de Tejas en Brownsville. “Si no hay empleo, hay que hacer algo. No es sólo el narcotráfico, también hay prostitución, robo y otras formas de desviación”.

Lo que se necesita en ambos lados de la Cuenca del Río Bravo es un verdadero auxilio, no enormes programas antidrogas para la fuerza pública, dijo Dávila. “Se puede poner ese dinero a doquier, pero si la gente aún sufre, no se sabrá si va a funcionar. La gente que necesita el dinero no es la policía ni los soldados”, dijo.

Cantú del CEFPRODHAC estuvo de acuerdo con esa evaluación. “Ese dinero no va a dejarnos seguros”, dijo. “No va a hacer nada bueno. Si los soldados reciben la ayuda estadounidense, eso sólo va a significar más violencia. Están preparados para la guerra, no para el trabajo de policía. Lo que necesitamos son programas de concienciación y prevención a las drogas, aun aquí en México, pero especialmente en los Estados Unidos”, dijo. Cuando indagado sobre la legalización de las drogas, Cantú estaba dispuesto a ponderarla. “Podría parar la violencia”, reflexionó.

En el lado tejano, dijo Dávila, una cultura de pobreza atrapa a generaciones enteras de latinos pobres. “Mire estos chiquillos en Brownsville”, dijo. “No tienen ninguna esperanza. Han desistido. No hablan en esforzarse. Dicen: ‘Somos pandilleros, vamos a vender drogas’. La gente solía tener tatuajes de la Virgen de Guadalupe, pero ahora ella ha sido reemplazada por el Caracortada”.

Del otro lado del río, la pobreza también impulsa el narcotráfico – así como la inmigración ilegal. “Los mexicanos están sin un duro, asustados y hambrientos. No tienen más nada”, dijo Dávila. “Si no quieren pasar para el comercio ilegal, como el narcotráfico, cruzan la frontera a como dé lugar. La gente pone sus vidas en juego para cruzar ese río”, dijo.

Y muchas de ellas están sufriendo las últimas consecuencias. De acuerdo con informes de observatorios reynosenses de los derechos humanos, 75 serían los inmigrantes ahogados en el Río Bravo entre Nuevo Laredo y Matamoros el año pasado. Otros cinco ya se han ahogado este año.

Y así están las cosas en la frontera mexicana. Así como han estado durante los últimos 20 años, cuando, en otro ejemplo crudo más de la ley de las consecuencias imprevistas, el presidente Reagan nombró al vicepresidente George Bush a dirigir un destacamento designado para cortar las rutas caribeñas de contrabando de cocaína. A partir de ese momento, lo que anteriormente habían sido operativos de contrabando relativamente pequeños, locales y familiares que llevaban cargamentos de marihuana a los EE.UU. empezó a transformarse en los monstruos conocidos como carteles.

México y Estados Unidos están inextricablemente entrelazados. La solución para los problemas de la toxicomanía y del narcotráfico violento del mercado negro va a tener que ser conjunta. Pero pocos observadores en el sitio creen que invertir más dinero en la lucha de México contra la droga sea la respuesta.