Durante años, el Congreso ha proporcionado cientos de millones de dólares en fondos federales a través del programa Subvenciones de Acción de la Justicia (JAG, por la sigla en inglés)/Byrne para auxiliar las labores antidrogas estaduales y municipales, siendo que grande parte de ese dinero es destinada a destacamentos antidrogas actuantes en varias jurisdicciones, las policías polémicas compuestas de varias agencias que hacen del proseguir con la guerra a las drogas su sustento. Pero los fondos para el programa fueron reducidos enormemente en el presupuesto general federal aprobado hace unas cuantas semanas, y, desde entonces, un fenómeno curioso ha ocurrido: En periódicos por todo el país, artículos con titulares como estos han estado apareciendo: Corte en subvenciones amenaza destacamento antinarcóticos (Kentucky), Destacamento antidroga discute reducción en subvenciones (Georgia), Cortes pueden afectar destacamento antidroga municipal (Iowa).

[inline:taskforce.gif align=left]No es por acaso. La avalancha de artículos que lamentan la triste situación de los destacamentos antidrogas actuantes en varias jurisdicciones hace parte de una campaña de la fuerza pública y de funcionarios estaduales y municipales electos para restaurar el golpe de $350 millones que el programa de subvenciones JAG/Byrne sufrió este año. El martes Ron Brooks, director ejecutivo de la National Narcotics Officers Associations Coalition, le dijo a la Crónica que, hasta el momento, la coalición de devolución de las subvenciones se había conseguido 120 artículos o cartas al editor como las que fueron publicadas arriba.

Financiado en $520 millones el año pasado, el programa de dos décadas que permite a estados complementar sus dispendios antidrogas con impuestos federales ya había caído considerablemente con relación a niveles anteriores de financiación. Durante los últimos tres años, como medida de recorte de gastos, el gobierno Bush ha intentado reducirlo a cero completamente, pero eso ha demostrado ser extremamente impopular junto al Congreso. Este año, la Cámara decidió financiar la parte del paquete de ayuda del programa en $600 millones y el Senado en $660 millones, pero en negociaciones presupuestarias de última hora, la Casa Blanca insistió en el corte del financiamiento.

“Los demócratas querían devolver los cortes anteriores de Bush en el programa”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance (DPA, por la sigla en inglés). “En verdad, quisieron aumentarlo a lo largo del año pasado, pero fue la postura firme de Bush en dispendios domésticos que, al fin, los forzó a cortar el programa. Los demócratas y la mayoría de los republicanos querían devolver los fondos”.

Ahora, Brooks y sus aliados están reagrupándose para buscar la renovación de los fondos en un proyecto complementar de presupuestos este año. “La verdad es que las subvenciones Byrne son el único flujo de fondos para ayudar a jefes y sheriffs a participar de destacamentos antidrogas de múltiples jurisdicciones”, dijo Brooks. “Esto quiere decir que destacamentos serán cancelados por todo el país y ya no podremos concentrar el esfuerzo de varias jurisdicciones en carteles del narcotráfico – vamos a volver a ir detrás de lo que está al alcance de la mano”.

“Intentar conseguir más fondos a través del proyecto complementar de presupuestos será dificilísimo”, predijo Piper de la DPA. “O será la financiación de la guerra o el proyecto de estímulo a la economía y los dos van a ser muy caros. Políticamente, hay un límite en la cantidad de dinero que pueden invertir en esos proyectos si quieren aprobarlos. Y si intentan atarlo a los fondos para Irak, podemos argumentar que todo dinero destinado a los policías es dinero que se les quitó a los soldados”.

Pero no financiar los destacamentos puede resultar en aumentos en la criminalidad, advirtió Brooks. “Podemos mostrar el nexo entre las drogas, la criminalidad y las cuadrillas”, dijo. “Anticipamos incrementos en los delitos de sangre a causa de esto”.

“Estamos muy molestos con el corte”, dijo Don Murray, director legislativo de justicia y seguridad pública de la National Association of Counties (NACO, por la sigla en inglés), la cual hace parte de la coalición que busca reparación. “El programa Byrne/JAG es un abordaje sistémico de suma importancia al trato con la criminalidad”.

Tal vez sea un abordaje sistémico, pero es un sistema que ha presenciado abusos escandalosos y ha sido criticado rotundamente por todos, de observatorios fiscales a libertarianos. Fueron los destacamentos antidrogas tejanos, que recibían fondos del gobierno federal, que cometieron los escándalos de Tulia y Hearne en que grandes números de ciudadanos pertenecientes a minorías fueron arrestados, condenados y presos con pruebas inexistentes y eso fue apenas la punta del iceberg en el Lone Star State. Los destacamentos antidrogas también están involucrados en algunas de aquellas horrendas redadas antidrogas estropeadas que han dejado un saldo de civiles, sospechosos y policías muertos. De una manera más banal, integrantes de destacamentos antidrogas han hecho apariciones asiduas en nuestro reportaje sobre las Historias de policías corruptos de la semana.

Tras la estela del escándalo de Tulia y otros escándalos con destacamentos en su estado natal y allende, la diputada Sheila Jackson-Lee (D-TX) presentó un proyecto en 2005 para refrenarlos. Aunque ese proyecto nunca haya resultado en nada, el corte presupuestario de Bush puede lograr más que lo que Jackson-Lee ya soñó.

En la época, Jesselyn McCurdy, abogada de la ACLU, lidió con los problemas presentados por los destacamentos: “Estos destacamentos antidrogas por todo el país no han tenido que responder a nadie”, dijo. “A consecuencia de esta falta de supervisión estadual y federal, han estado en el cerne de unos de los escándalos más atroces del país respecto al abuso de parte de la fuerza pública. Los agentes de la ley involucrados en estos escándalos no eran apenas unos cuantos malos elementos”, dijo McCurdy.

El programa de subvenciones JAG/Byrne que financia a los destacamentos que germinaron la susodicha letanía de abusos “ha demostrado ser un empleo ineficaz e ineficiente de recursos”, dijeron cuatro organizaciones conservadoras de contribuyentes – la American Conservative Union, la Americans for Tax Reform, la Citizens against Government Waste y la National Taxpayers Union – en una declaración de 2005 que pedía al gobierno Bush que redujera los fondos a cero.

Aunque la mayor parte de la atención en torno al programa de subvención esté centrada en el financiamiento de los destacamentos antidrogas, Murray de la NACO dijo que el dinero también costea otros costes de las políticas de drogas. “El programa cubre la fuerza pública, los tribunales, la administración penitenciaria, la prevención y el tratamiento de la toxicomanía”, dijo. “Cuando se examinan estos programas en el ámbito municipal, el JAG es crucial”, dijo.

Cuando indagado por qué las autoridades estaduales y municipales no financian sus propias iniciativas de represión legal, Murray dijo que ya lo hacían, pero que no era suficiente. “En 2002, encargamos un sondeo de los dispendios comarcales con la justicia penal y descubrimos que las comarcas gastaban $53 billones al año con eso”, dijo. “Pero dadas todas las cuestiones a que hacemos frente – la reinserción, los enfermos mentales entre rejas, la asistencia sanitaria -, no alcanza”.

La fuerza pública y sus aliados se están movilizando, dijo Brooks. “Nadie lo predijo”, manifestó. “Formamos un grupo de trabajo en 2005, cuando estos cortes fueron propuestos por primera vez, en su mayoría de asociaciones nacionales, y ahora contamos con unos 30 grupos que representan a casi un millón de miembros. Tenemos a todos, de jueces de juzgados de delitos de drogas y la NACO a la Asociación Nacional de Jefes de Policía y la Asociación Nacional de Fiscales Generales. Recobrar los fondos es el único propósito de nuestra coalición”, dijo.

La coalición va a trabajar un abordaje de doble sentido, dijo. “Va a intentar incentivar los líderes del Congreso a devolver este dinero en un vehículo complementar de financiamiento, o el complemento de estímulo a la economía o el de la financiación de la guerra, pero eso solamente va a pasar si los líderes abren la puerta”, dijo. “También estamos haciendo trabajo de base allá en nuestras comunidades. Así se publicaron los 120 artículos”.

Aunque Piper de la DPA dijera que devolver los fondos de la subvenciones sería dificilísimo, su organización está haciendo lo mejor posible para contrarrestar la ofensiva de la fuerza pública. “Vamos a convencer al Capitolio intentando hacer alguna oposición en los medios y contactando a grupos de contribuyentes y conservadores que hayan apoyado tradicionalmente la eliminación de este programa”, dijo Piper. “Pero la verdadera pregunta es si Bush va a permanecer firme y si los republicanos van a respaldarlo”.

El presidente Bush ha mostrado ser un aliado improbable en la lucha para contener la financiación federal de la guerra a las drogas, pero el Congreso parece vulnerable a la presión de hombres con placas. Y están trabajando duro: Cuando Brooks conversó con la Crónica esa semana, estaba en el Edificio Hart de Oficinas del Senado de los EE.UU. de camino hacia presionar a subordinados.