Reportaje: Republicanos y fiscales neoyorquinos intentan bloquear reforma en legislación Rockefeller de última hora

Esta semana los perdedores en el intento del Estado de Nueva York de reformar su durísima legislación Rockefeller sobre la droga, sobre todo los fiscales y legisladores republicanos, hicieron una tentativa de última hora de barrenar parte de las reformas. Pero considerando la reacción enérgica de los defensores de la reforma, el gobernador David Paterson (D) y los demócratas de la Asamblea, la labor parecía encallada al paso que la semana tocaba a su fin.

El alboroto estalló a causa de una disposición en la ley que permite a los jueces la discreción para archivar condicionalmente algunos antecedentes por condenaciones en razón de delitos no violentos cuando la persona haya concluido el tratamiento de la toxicomanía. Es sencillo el motivo de la disposición: Posibilitar que la gente que haya pasado exitosamente por el tratamiento pueda ingresar a la población activa sin que sus condenaciones por delitos no violentos antes del tratamiento sigan plagándolos.

Como la ley de reforma en la legislación Rockefeller debe entrar en vigor la próxima semana, Dean Skelos, líder de la minoría republicana en el Senado de Nueva York, fue noticia con la convocación de una rueda de prensa el lunes para advertir que permitir que los jueces archiven los antecedentes de “delincuentes peligrosos” suponía una amenaza a la seguridad de los neoyorquinos. “Esto posiblemente va a matar a personas si no se lo revoca", dijo Skelos (R-Rockville Centre). “Es una cuestión de vida o muerte”.

“Es simplemente alucinante en términos del impacto de esta disposición”, dijo el senador Frank Padavan (R-Bellerose), el principal ponente del intento de deshacer la disposición. “Este cambio en nuestra legislación estatal sobre la droga desafía todo el buen sentido porque efectivamente haría tabla rasa de los criminales que enfrentarán las verificaciones necesarias de antecedentes penales para obtener cargos de fiducia y confianza pública”.

“Significa que alguien condenado por vender drogas en el patio de un colegio podría ser contratado como maestro”, añadió Skelos. “Alguien que cuida a bebes, alguien que maneja un laboratorio de metanfetamina cristalina podría estar entregando remedios a su abuela en una casa de reposo. Y un individuo condenado por falsificación o hurto mayor podría administrar su dinero en el banco o aceptar su solicitud de préstamo o de una tarjeta de crédito”.

Los fiscales también se sumaron al ataque. “Si se examina la lista de empleos y licencias que se podrá obtener sin tener que revelar los propios delitos de drogas a un posible empleador, se verá que es impresionante”, le dijo Daniel Donovan, fiscal de Staten Island y director de la asociación estatal de fiscales, a Ithaca Journal.

Parece bastante asustador y esa táctica de intimidación funcionó por lo menos hasta cierto punto. Al principio los demócratas del Senado titubearon y dijeron que podrían hacerse cargo de la cuestión. El miércoles el senador Eric Schneiderman (D-Manhattan), el ponente del proyecto de reforma en la legislación Rockefeller en el Senado, indicó que intentará dilatar la implementación de la disposición sobre el archivo de antecedentes.

Pero si uno lo analiza más de cerca, el llamamiento de los republicanos y los fiscales a la seguridad pública parece debilísimo, tal vez aun hipócrita, especialmente si se tiene en cuenta que hace décadas que los fiscales poseen el mismo poder de archivar antecedentes por condenaciones – y que lo han utilizado efusivamente sin mucho escrutinio.

La nueva disposición es mucho más transparente. Con arreglo a ella, el juez solamente puede ordenar el archivo condicional de los antecedentes después que la persona haya concluido exitosamente tanto un programa de tratamiento de la toxicomanía supervisado por el Judiciario como la condena por el delito cometido que los tribunales le impusieron y después que el juez pondere, entre otras cosas, las circunstancias y la gravedad del delito, el carácter del reo, sus antecedentes penales y el impacto del archivo sobre la seguridad pública. El juez también debe notificar al fiscal y darle la oportunidad de pronunciarse y puede denegar una solicitud de archivo aun si el solicitante haya concluido el tratamiento de la toxicomanía.

Aun mientras señalizaba que podría admitir la dilatación para discutir la disposición, Schneiderman defendió el proyecto de ley. “El reo debería poder presentarse ante un juez y decirle que el fiscal no quería hacerlo”, dijo. “Entonces el juez puede invalidar la decisión del fiscal”, añadió, antes de proceder a acusar el Partido Republicano de intentar “aterrorizar a los ciudadanos”.

Si por un lado Schneiderman se había intimidado con la ofensiva republicana, por el otro algunos de sus colegas demócratas en el Senado no habían sido amedrentados. Ruth Hassell-Thompson (D-Mount Vernon), presidenta del Comité sobre la Delincuencia del Senado, dijo en una declaración que la crítica “es una actitud alarmista de una minoría que se niega a aceptar la idea de que muchos de estos ex adictos han cumplido su pena y han demostrado que merecen una segunda oportunidad”.

Los defensores de la reforma tampoco se cruzaron de brazos. “Aquí la verdadera cuestión no es la del archivo, sino de quién lo decide”, dijo Gabriel Sayegh, director de proyectos de Drug Policy Alliance. “Hace años que los fiscales archivan antecedentes y mientras ellos poseían la discreción de archivar antecedentes, no les importaba el archivo. Pero ahora que la discreción ha sido devuelta a los jueces, los fiscales objetan a la práctica. No se trata de archivar antecedentes, que funciona cuando lo hacen bien. Se trata de saber quién lo decide y los fiscales no quieren perder el control sobre el proceso”.

“Los representantes de centroderecha y los agentes de la fuerza pública, sobre todo los fiscales, intentan aprovecharse políticamente de esta cuestión y se valen de tácticas bastante antiguas a fin de atacar a la población para que se asuste”, dijo Robert Gangi, director ejecutivo de Correctional Association of New York, integrante de la coalición Drop the Rock para reformar la legislación Rockefeller. “Pero creo que nuestro lado ha defendido las disposiciones sobre el archivo con mucha elocuencia y vehemencia”.

“Las personas que tienen antecedentes penales – independientemente de su antigüedad o naturaleza – frecuentemente no pueden acceder por tiempo indefinido a muchas esferas de la sociedad, incluso la del empleo”, dijo Anita Marton, vicepresidenta de Legal Action Center. “Esta disposición aumenta las oportunidades de empleo para que la gente pueda recibir verdaderamente una segunda oportunidad de tener éxito y contribuir a la sociedad. Es una política lista”.

“Los fiscales y algunos funcionarios elegidos oportunistas quieren estorbar y estigmatizar a la gente al prohibir que los jueces archiven los antecedentes de personas que han concluido exitosamente el tratamiento de su toxicomanía”, dijo Anthony Papa, especialista en comunicación de Drug Policy Alliance, quien cumplió 12 años por un delito de drogas no violento primerizo. “Deberíamos eliminar los impedimentos para que las personas reingresen a la sociedad y puedan desempeñar las funciones de ciudadanos productivos que pagan sus impuestos. Acceder al empleo forma una parte importante de ello”.

El miércoles el gobernador David Paterson (D) lo había sopesado y dijo que la ley debería permanecer tal cual está. Las reformas tratan de darles a los jueces la discreción para desviar a los infractores no violentos de la legislación antidroga al tratamiento e impedir que sean reducidos a prisión, manifestó, y la gente que concluye dichos programas no debería ser penalizada cuando busque trabajo. “Sentimos que es útil para la sociedad intentar ponerlas en hogares y trabajos sin marcarlas con la cicatriz de su adicción”, dijo durante una reunión con los legisladores para discutir el asunto.

La declaración del gobernador le dio en el clavo, dijo Gangi. “En verdad, archivar los antecedentes es una idea buenísima que no aumenta el riesgo para la seguridad pública”, dijo. “La gente que ha pasado por el tratamiento y ha evitado la prisión seguirá haciendo bien las cosas. No es bueno poner obstáculos en su camino”.

Como Paterson se puso firme y los demócratas de la Asamblea están ahí a su lado, la cuestión debe estar enterrada ahora, dijo Gangi. “Los demócratas de la Asamblea ni siquiera van a pensar en examinarlo”, dijo, “aun si los demócratas en el Senado titubean. Con el apoyo del gobernador y si los demócratas de la Asamblea se mantienen firmes, hay todavía más razones para que los trámites no empiecen. Debe ser un caso concluido y hay que proceder al próximo asunto apremiante”.

¡Ay, cómo han caído los poderosos! Hasta el año pasado, los fiscales y sus aliados republicanos en la Asamblea estatal lograron hacer que la reforma retrocediera a palazos con las cachiporras del acoquinamiento y de la demagogia. Ahora parecen perdedores solitarios, se burlan de sus apelaciones y sus chillidos de descontento se pierden en el viento.