Reportaje: Terminando con la pena de muerte para delitos de drogas – Éste es el momento adecuado, dicen grupos de DD. HH. y reducción de daños

En abril, dos ciudadanos tailandeses, Sureeya Wuttisat, 45, y Asan Tong, 47, fueron sentenciados a muerte en Malasia tras ser condenados por traficar más o menos 18 kilogramos de marihuana. Puede que la sentencia sea indignante, pero no es un caso fortuito. Por lo menos 16 países en Asia aplican la pena de muerte a algunos delitos de drogas y lo mismo hace un número igual en el resto del mundo, incluso Estados Unidos.

Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas de las Naciones Unidas y últimamente China se ha dado a marcarlo mediante la ejecución de infractores de la legislación antidroga. Este año China empezó temprano y mató a seis personas por delitos de drogas ayer. El año pasado Indonesia se sumó a China en las festividades horripilantes al dar muerte a infractores de la legislación antidroga también.

Este año una agremiación de organizaciones de derechos humanos y reducción de daños se vale del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas de la ONU a fin de impugnar el recurso a la pena de muerte para delitos de drogas. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Asociación Internacional de Reducción de Daños y la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN, por sus siglas en inglés) se han juntado para instar a los gobiernos asiáticos a que terminen con la pena de muerte para los delitos de drogas.

Los grupos dicen que no saben cuántas personas son condenadas a muerte o ejecutadas porque muchos países de la región no ofrecen información sobre la pena de muerte. Pero al examinar detenidamente los archivos de Que Nadie Toque a Caín , el grupo contrario a la pena de muerte, hasta este momento del año se han ajusticiado a por lo menos 69 personas por delitos de drogas y otras 14 han sido sentenciadas a muerte.

Si estos relatos públicos y notorios reflejan con precisión quiénes son sentenciados a muerte o ejecutados y dónde, Irán es con mucho el principal verdugo antidroga. (Raros son los informes que provienen de China, el otro posible líder en ejecuciones por delitos de drogas.) Hasta este momento del año, Irán ha ejecutado a 59 personas por delitos de drogas como mínimo, siendo que China confirmó ocho ajusticiamientos y Arabia Saudita dos. Durante este mismo período, siete personas han sido sentenciadas a muerte por delitos de drogas en Malasia, seis en China y una en Vietnam.

Las ejecuciones y penas de muerte suceden pese a que el mundo proceda a restringir o abolir el último suplicio. El año pasado solamente 25 países llevaron a cabo ajusticiamientos. Además, ellos ocurren pese a cualquier prueba de que causan algún impacto sobre el tráfico o el consumo de drogas. Como observó la misma ONU en 1988, 1996 y el 2002: “Las investigaciones no han logrado proporcionar una prueba científica de que las ejecuciones surten un efecto inhibidor mayor que la cadena perpetua. Es poco probable que se avecine dicha prueba. En su totalidad, las evidencias no apuntalan positivamente la hipótesis de la inhibición”.

Los países que se valen de la pena de muerte contra los delitos de drogas también están infringiendo los estándares de derechos humanos de la ONU. La ONU sostiene que se debería imponer la pena de muerte solamente en cuanto “medida excepcional” para “los delitos más graves” en que “hubiera la intención de matar que resultase en la pérdida de vida”.

Al fundamentarse en una campaña para terminar con la pena de muerte contra los delitos de drogas de HR2 (reducción de daños y derechos humanos) de IHRA, ADPAN, Amnistía Internacional, Human Rights Watch e IHRA se valen del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas de la ONU para apelar ante los gobiernos asiáticos a fin de que:

• Introduzcan una moratoria inmediata en las ejecuciones con miras a la abolición de la pena de muerte en conformidad con las resoluciones 62/149 y 63/168 de la Asamblea General de la ONU respecto a la “moratoria en la utilización de la pena de muerte”;

• Conmuten todas las penas de muerte, incluso por delitos de drogas;
• Eliminen las disposiciones en sus legislaciones interiores que estipulen la pena de muerte contra los delitos de drogas;
• Deroguen el empleo de la condenación obligatoria en causas que conlleven la pena capital;
• Divulguen estadísticas sobre la pena de muerte y hechos acerca de la administración de la justicia en causas que conlleven la pena de muerte; y
• Utilicen la ocasión del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 2009 para poner de relieve las políticas de salud pública que han comprobado su eficacia en la reducción de los daños relacionados con las drogas.

“El problema de la pena de muerte contra los delitos de drogas es el de que infringe llanamente el derecho internacional”, dijo Rebecca Schleifer de Human Rights Watch. “El relator de la ONU ha aclarado que la pena de muerte contra los delitos de drogas infringe la ley internacional de los derechos humanos”.

En muchos países que poseen la pena de muerte contra los delitos de drogas, observó Schleifer, los procesos judiciales son deficientes y falta el debido proceso. En algunos de ellos, incluso Malasia y Singapur, la pena de muerte es obligatoria en algunas causas de delitos de drogas, lo que más una vez configura una infracción de los estándares internacionales respecto a juicios justos.

La pena de muerte contra los delitos de drogas no solamente es incapaz de cohibir a los posibles infractores, sino que desfavorece la reducción de los daños del consumo de drogas, dijo Schleifer. “Nuestro trabajo ha descubierto una y otra vez que, en realidad, los castigos excesivos y la imposición represiva de la legislación sobre la droga apartan a la gente de servicios sanitarios que salvan vidas”, observó.

“Hace mucho que lucha el movimiento en contra de la pena de muerte y éste se mueve claramente en la dirección de la abolición internacional”, dijo Rick Lines de IHRA, autor de un informe de IHRA del 2007 sobre la pena de muerte contra los delitos de drogas. “Con todo, hace muchos años que la cuestión específica de la pena de muerte para las drogas ha sido invisible en su mayor parte, tanto dentro del movimiento pro reforma de las políticas de drogas como en el movimiento contra la pena de muerte. Pero ahora vemos que eso cambió y mucho más gente y organizaciones se pronuncian, no solamente con base en que la pena de muerte contra las drogas infringe el derecho internacional, sino con el argumento de que tipifica un abordaje a las políticas de drogas centrado en la represión que es un fracaso en todos los aspectos”.

La declaración conjunta de hoy es significativa, dijo Lines, porque reúne a grandes organizaciones internacionales de derechos humanos y reducción de daños. “Esto muestra el potencial que posee la cuestión de la pena de muerte para crear lazos y relaciones de trabajo entre estos dos importantes movimientos”, dijo. “Eso solamente aumentará las perspectivas para el cambio en las políticas y las leyes. Claro está que probablemente ningún gobierno modificará las políticas sin que la gente empiece a hacer esas exigencias. Ahora vemos que se enuncian esas exigencias con más vehemencia y que están más centradas”.

“La postura del gobierno sí cambia”, dijo Andrew de Cruz de ADPAN al hacer mención de la abolición de la pena de muerte en Burundi y Togo en las últimas semanas, la reducción del número de delitos castigados con la pena de muerte en Vietnam y alteraciones en las prácticas de la pena capital en China. También podría haber citado Irán, que pese a su alta cifra de ejecuciones por delitos de drogas, ha dado a entender que desea reducir las ejecuciones en conjunto.

“Para que sigan estos cambios, es importante cerciorarnos de pasar la idea de que la pena de muerte infringe los derechos humanos y que no ayuda a inhibir la delincuencia”, dijo Cruz. “Cuando se trata de los delitos de drogas, podemos argumentar también que la pena de muerte contra ellos es ilegal conforme a la ley internacional de los derechos humanos y que en verdad ha sido contraproducente respecto a políticas que comprobadamente ayudan a prevenir algunas de las consecuencias sanitarias nocivas de las drogas para individuos y sociedades”.

Ejercer presión sobre países individuales es nomás parte de la campaña, dijo Schleifer. “Quisiéramos que todas las agencias de derechos humanos de la ONU y también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se pronunciaran definitivamente en contra de la utilización de la pena de muerte en calidad de infracción del derecho internacional”, dijo. “El año pasado la ONUDD casi lo hizo cuando habló de pedir a los estados que repiensen el empleo de la pena de muerte contra los delitos de drogas, pero quisiéramos que reconocieran lo que dice el derecho internacional".

El año pasado la Asamblea General de la ONU publicó una resolución que pedía una moratoria contra la pena de muerte, observó Schleifer. “Quisiéramos que la ONU lo repitiera”, dijo. “No solamente la Asamblea General, sino la ONUDD también en un esfuerzo público conjunto”.

La campaña contra la pena de muerte contra los delitos de drogas está en curso, pero todavía le falta mucho. Si lee estas palabras durante el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas de la ONU, sabe que ya ha empezado el ritual de asesinatos cometidos por los estados que lo marcan.