Reportaje: En tribunal federal de apelaciones, ASA busca forzar gobierno a corregir información errónea sobre marihuana medicinal

El martes Americans for Safe Access (ASA, por sus siglas en inglés), el grupo de militancia pro marihuana medicinal, se presentó ante un tribunal de apelaciones federal estadounidense para argumentar que ello y sus integrantes tenían el derecho de forzar el gobierno federal de EE.UU. a corregir declaraciones imprecisas sobre las propiedades terapéuticas de la marihuana. Los abogados del gobierno Obama fueron en contra suya.

En el 2004, ASA firmó una petición con arreglo a la Ley de Calidad de los Datos [Data Quality Act] que busca forzar el Ministerio de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. a corregir sus declaraciones de que la marihuana no posee uso médico reconocido en Estados Unidos. La Ley de Calidad de los Datos exige que las agencias del gobierno federal estadounidense utilicen ciencia fiable cuando hagan normas y difundan información.

Tras dos años de retrasos, el HHS denegó la petición de ASA. Entonces el grupo cursó una querella en un tribunal de distrito federal para forzar el HHS a obedecer, pero el juez de primera instancia desestimó la demanda al fallar que la ley no estipulaba revisión judicial. Luego ASA recurrió al Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. en San Francisco, donde tuvo lugar la vista del martes.

“La ciencia para apuntalar la marihuana medicinal es abrumadora”, dijo Steph Sherer, directora ejecutiva de ASA. “Ya es hora de que el gobierno federal de EE.UU. reconozca la eficacia de la marihuana medicinal y pare de convertir la ciencia en rehén de la política”.

La administración de Obama ha prometido volver la ciencia – no la ideología – la base para las políticas del gobierno federal estadounidense. El 09 de marzo el presidente Obama emitió un memorando a todos los directores de departamentos y agencias del Ejecutivo que decía que “[e]l público debe poder confiar en la ciencia y el proceso científico para informar las decisiones sobre políticas públicas” y pedía “transparencia en la preparación, identificación y utilización de la información científica y tecnología en la formulación de políticas”.

Pero el martes último tuvo otras preocupaciones cuando los abogados del Ministerio de Justicia de EE.UU. argumentaron contra ASA en la justicia. La subprocuradora federal Alisa Klein le dijo a un tribunal colegiado del 9º Circuito que la ley que autorizaba ciudadanos privados a buscar corrección de la información gubernamental “no tenía ningún derecho judicialmente ejercitable” y que exige solamente que las agencias revisen dichas solicitudes – no que tomen providencias respecto a ellas. De lo contrario, dijo, los tribunales quedarían inundados de solicitudes para cuestionar decisiones del gobierno acerca de una multitud de asuntos.

La postura del gobierno volvería la ley algo insignificante, replicó Alan Morrison, fundador del Grupo de Litigación de Public Citizen, quien expuso el caso juntamente con Joe Elford, director del departamento jurídico de ASA. Aunque algunos pleitos sean demasiado subjetivos para que intervengan los tribunales, se pueden medir otros subjetivamente. “Dos más dos son cuatro, no cinco”, observó Morrison. La ley proporciona a los jueces el rol de hacer que el gobierno siga siendo honesto, añadió.

Los integrantes del tribunal colegiado parecían divididos. “El estatuto es asombroso y preocupante”, dijo la jueza Marsha Berzon. Pero ella le dijo a Klein que parece permitir que la gente afectada por la información errónea del gobierno la haga corregir, conforme a una orden judicial si es necesario.

“El caso ante el 9º Circuito trata del derecho de particulares a buscar providencias para impugnar la difusión de información falsa de parte del gobierno”, dijo Kris Hermes, vocero de ASA. “Cuando el HHS dice en su sitio web que no hay uso medicinal actualmente reconocido de la marihuana en EE.UU., nosotros y nuestros miembros sufrimos al tener que rebatir esa desinformación. Tenemos que concienciar al público, a funcionarios públicos, médicos y abogados sobre la realidad de la marihuana y nos valemos de eso a fin de darnos fundamento para la demanda”.

La misma Sherer afirma haber sufrido a causa de la información errónea del gobierno de EE.UU. En el alegato del grupo al tribunal de apelaciones, relata de qué modo Sherer rechazó la marihuana medicinal como tratamiento para su problema de salud con base en las declaraciones del gobierno de que no tenía valor medicinal. Solamente tras padecer de efectos colaterales graves por los remedios convencionales y a instancias de su médico ella finalmente probó la marihuana medicinal y luego descubrió que le proporcionaba alivio.

“Nuestro objetivo es corregir la información errónea sobre la marihuana medicinal que el gobierno federal de EE.UU. está difundiendo, específicamente la de que la marihuana no posee valor medicinal”, dijo Hermes. “Estamos utilizando un mecanismo administrativo – la Ley de Calidad de los Datos – a fin de lograrlo, pero hasta el momento el gobierno se ha negado a contestar nuestra petición con sustancia”.

Una victoria en el 9º Circuito significaría que la demanda de ASA puede proceder. Probablemente eso querría decir que el caso sería devuelto al tribunal de distrito para que fuerce el gobierno federal a dictar una respuesta sustanciosa a la petición de ASA.

“Si están de acuerdo que su información es imprecisa y no está fundada en pruebas científicas, simplemente rectificarían las declaraciones que están haciendo”, dijo Hermes. “Pero si no escogen admitir que están difundiendo información acientífica, puede que tengamos que impugnarlos con relación a los méritos otra vez en el tribunal de distrito”, dijo.

Aunque una victoria eventual en el caso no cause ningún impacto inmediato sobre la política federal estadounidense para la marihuana medicinal, dijo Hermes, ello puede ayudar a preparar el terreno para sacar la marihuana de la Clase I en cuanto droga peligrosa sin uso medicinal reconocido. “Puede ser el primer dominó en una serie de dominós en caída que afectará las políticas federales”, dijo.

Ahora el 9º Circuito considera el caso.