Reportaje: Encuesta descubre apoyo general a eliminación de condenas mínimas obligatorias para infractores no violentos

Una encuesta publicada el miércoles por Families Against Mandatory Minimums (FAMM, por su sigla en inglés) descubrió que hay apoyo general a eliminar las condenas mínimas obligatorias para infractores no violentos y una mayoría que dijo que votaría en políticos que tomaran providencias para terminarlas. Los resultados de la encuesta cuestionan la creencia popular de que los políticos necesitan ponerse “duros con la criminalidad” para ganar elecciones.

De acuerdo con la encuesta realizada por StrategyOne, una empresa independiente de investigación de la opinión pública, el 78% creía que los tribunales – no el Congreso – deberían determinar hasta cuando los condenados por delitos deberían estar presos. Mayorías considerables también fueron a favor de terminar con las sentencias mínimas obligatorias para infractores no violentos (59%) y votar en candidatos al Congreso que tomen providencias para dar fin a la condenación mínima obligatoria (57%).

“Los políticos han votado a favor de las sentencias mínimas obligatorias para que puedan parecer ‘duros con la criminalidad’ para sus bases electorales. Insisten que sus votantes son a favor de estas leyes, pero eso simplemente no es verdad”, dijo Julie Stewart, presidenta y fundadora de FAMM. “Los republicanos y demócratas apoyan el cambio y eso debería animar a los congresistas a contemporizar con el otro lado el año que viene y trabajar juntos para reformar las mínimas obligatorias. La reforma en la condenación obligatoria no es un problema partidista, sino una cuestión de equidad y justicia que transciende las divisiones partidarias”.

“Esta encuesta indica que la mayoría de los estadounidenses está abierta a reexaminar esta cuestión y pasar a un modelo condenatorio orientado por los tribunales”, dijo Sparky Zivin, director de investigación en StrategyOne.

“Estoy asombrada que un número tan alto de personas comprenda la diferencia entre el Congreso haciendo la condenación y los tribunales haciéndola”, dijo Nora Callahan, directora ejecutiva de la November Coalition, un grupo antiprohibicionista centrado en libertar a prisioneros federales de la lucha contra la droga. “No creía que tanta gente iba a estar de acuerdo, pero parece que el público ha captado que se ha politizado la criminalidad. Eso me lleva a creer que probablemente tendremos una comprensión mucho más grande de lo que está mal en nuestra legislación antidroga punitiva y de lo que está mal en la prohibición”.

Los resultados de la encuesta demuestran que aunque los políticos continúen en gran parte casados con la filosofía de “severidad con la criminalidad” y la idea de que ella ayuda a ganar elecciones, el público sigue una dirección diferente, dijo Callahan. “Es espectacular; es asombroso”, dijo. “Esto está muy lejos de lo que los políticos están pensando; vemos que hay una distancia enorme allí”.

Pero aun en el Capitolio, hay algunos que piden una reforma radical en la condenación. Desde que fue elegido en 2006, el senador Jim Webb (D-VA) ha estado al frente de la carga. Webb ya ha celebrado dos vistas sobre las cuestiones de las penas y las políticas de drogas y va a realizar una tercera el próximo mes.

“Estados Unidos encierra a personas en índices asombrosos. En nombre de ‘ponerse duro con la criminalidad’, ahora hay 2.2 millones de estadounidenses en las prisiones y cárceles federales, estatales y municipales y más de 7 millones bajo alguna forma de supervisión penitenciaria, incluso libertad vigilada y condicional. Tenemos la población carcelaria más grande del mundo”, dijo Webb en una declaración inclusa en el comunicado de prensa de FAMM que anunciaba los resultados de la encuesta. “Este crecimiento no es una respuesta a tasas cada vez más grandes de criminalidad, sino una dependencia de las prisiones y de largas sentencias obligatorias en cuanto respuesta común a la criminalidad. Es tiempo que los líderes de Estados Unidos perciban lo que el público comprende – nuestro abordaje es costoso, injusto y poco práctico”.

Webb no está solo. Aun en el lado republicano, hay señales de apoyo a la reforma en la condenación. El diputado Bob Inglis (R-SC) es un miembro del Partido Republicano listo para el cambio.

“Las mínimas obligatorias causan desorden en un sistema lógico de directrices condenatorias”, dijo Inglis. “Las mínimas obligatorias convierten la retórica política acalorada de hoy en las pesadillas de muchos mañanas para jueces y familias”.

Además de sacar los resultados de la encuesta el miércoles, FAMM también publicó un nuevo informe abarcador, Correcting Course: Lessons From the 1970 Repeal of Mandatory Minimums, que detalla cómo el Congreso de EE.UU. creó las sentencias mínimas obligatorias de prisión para infractores de la legislación antidroga en 1951 y las revocó en 1970 porque las leyes no detuvieron la toxicomanía, la adicción y el tráfico. Los políticos involucrados en revocar las mínimas obligatorias en 1970 no tuvieron problemas para ser reelegidos, observa el informe.

El informe también examinó el renacimiento de la condenación mínima obligatoria en los años 1980 repletos de miedo y siguió atentamente las maneras por que ha sido ineficaz y contraproducente. De acuerdo con el informe, las mínimas obligatorias:

• No han desanimado el consumo de drogas en Estados Unidos;

• No han reducido el narcotráfico;
• Han creado costes penitenciarios galopantes para estados y el gobierno federal;
• Imponen costes indirectos considerables a las familias al apresar a cónyuges, padres y jefes de familia durante largos períodos;
• No son aplicadas equitativamente, impactando desproporcionadamente a las minorías y resultando en sentencias enormemente diferentes para infractores igualmente culpables;
• Socavan el federalismo al convertir los delitos estatales en crímenes federales;
• Socavan la separación de poderes al usurpar la discreción judicial.

“Nuestro informe y encuesta muestran que los legisladores pueden votar en la reforma de las mínimas obligatorias para delitos no violentos y sobrevivir. Tanto los republicanos como los demócratas no quieren estas leyes. No funcionan, le cuesta una fortuna al contribuyente y la gente cree que los Tribunales pueden fulminar sentencias mejor que el Congreso. Otra revocación de las condenas obligatorias para delitos de drogas no solamente es viable, es viable ahorita mismo”, dijo Molly Gill, autora del informe.

Eric Sterling, director de la Criminal Justice Policy Foundation, fue asesor del Comité de la Cámara sobre el Judiciario de EE.UU. a mediados de los años 1980, cuando se aprobaron unas de las leyes más severas sobre las condenas mínimas obligatorias para delitos de drogas. Él ha estado trabajando para deshacerlas desde entonces.

“En 1986, tuvimos que cargar con unas de las leyes condenatorias más punitivas y menos eficaces jamás creadas”, dijo Sterling. “Las mínimas obligatorias no han detenido el narcotráfico. No han encerrado a los grandes traficantes e importadores. Se aplican a los pequeños, no a los capos. Es un desperdicio del dinero del contribuyente apresar a un traficante callejero durante 10 años cuando podía gastarse ese dinero en tratamiento, juzgados de delitos de drogas o ir tras de la gente que trae barcadas de drogas cada año. Librarse de las mínimas obligatorias se trata de poner nuestras prioridades en orden”.

“Las mínimas obligatorias están entre las peores políticas de justicia penal jamás adoptadas en EE.UU.”, dijo Stewart de FAMM. “Tratan a todos los infractores de la misma manera cuando el principio más sagrado de la legislación condenatoria estadounidense es el de que el castigo debe ser proporcional al individuo y al delito. Revocar estas leyes no es imposible – se lo ha hecho antes. El próximo Congreso debería hacerlo otra vez”, dijo.

El informe de FAMM ofrece dos opciones para lidiar con las mínimas obligatorias: Revocarlas de una vez mientras se dejan las directrices condenatorias federales en vigor, lo que permitiría discreción judicial, o expandir la “válvula de seguridad”, conforme a la cual los jueces pueden ignorar las mínimas obligatorias en algunas circunstancias.

Con la economía estadounidense y el presupuesto federal bajo presión inédita y con elecciones venideras que pueden alterar enormemente el paisaje político, puede estar acercándose el momento para una reforma radical en las condenas, pero los reformadores todavía no están cantando la victoria.

“Puede haber una oportunidad”, dijo Callahan de la November Coalition. “No voy a empezar a esperar antes de ver los resultados de las elecciones, pero trabajamos duro y nos preparamos para trabajar aún más duro en los próximos cuatro años”.

Aunque una encuesta no vaya a hacer que el Congreso cambie de idea, dijo, crea una oportunidad, tanto con políticos como con el público en general. “Con estas cifras, puedo pensar en muchísimas nuevas maneras de conversar con la gente”, dijo. “Los activistas tienden a pensar que la gente no lo entiende, pero esta encuesta muestra que la gente sí lo comprende y ahorita las personas están aún más cínicas respecto a sus líderes. Esto ayuda a crear un clima seguro para lograr la reforma”.