Reportaje: Seleccionados de Obama plantean dudas entre reformadores de las políticas de drogas

Como otros grupos de interés, el movimiento pro reforma de las políticas de drogas escudriña la transición de Obama en busca de pistas sobre las intenciones del nuevo gobierno al paso que examina los nombramientos a cargos que van a ser fundamentales para hacer progresar la causa. Algunas de las primeras providencias del equipo de transición de Obama han hecho que ciertos reformadores de las políticas de drogas suenen las alarmas, pero otros reformadores – no tanto.

Los reformadores de las políticas de drogas no se embelesaron mucho con la selección de Obama para vicepresidente, el senador Joe Biden (D-DE), quien construyó su carrera siendo autor de leyes contra la droga. Biden puede reivindicar merecidamente ser el padre de la fiscalía de la droga, era un gran hincha de las leyes condenatorias severas, redactó la horrorosa Ley RAVE [RAVE Act]. Jamás topándose con un “problema de la droga” que no pudiera ser arreglado con otra ley penal federal, recientemente Biden fue autor de un proyecto que penalizaría el estar a bordo de un submarino casero que transportara drogas.

Aunque Biden pueda haber empezado a abrir los ojos en los últimos años – es autor de uno de los mejores proyectos que busca tratar de la disparidad en las penas contra la piedra y el polvo de cocaína (que ayudó a crear) -, los reformadores de las políticas de drogas siguen sospechando profundamente de un hombre que construyó una base de poder político en los hombros de las filas reunidas de la fuerza pública.

El nombramiento del diputado Rahm Emanuel (D-IL) para jefe de gabinete de la Casa Blanca tampoco aplacó los temores. Aunque el político de profesión competitivo no haya sido un destacado luchador antidroga, tampoco se ha hurtado a valerse de una retórica de combate a la droga como arma contra sus enemigos políticos.

Un ejemplo citado a menudo de la inclinación de Emanuel por la retórica antidroga sucedió hace una década, cuando defendió el intento inconstitucional del gobierno Clinton de castigar a los médicos que recomendaran marihuana medicinal a los pacientes. “Vamos a seguir encontrando modos dentro del gobierno de combatir la legalización y la idea de la legalización”, dijo en una entrevista. “Somos contra la idea que [la iniciativa pro marihuana medicinal de California] les pasa a los niños”, dijo Emanuel como un verdadero demagogo. (Emanuel, ahora congresista, sí votó a favor de la enmienda Hinchey pro marihuana medicinal en julio del año pasado.)

Esta semana el anuncio de que el ex subfiscal general Eric Holder sería nombrado para el puesto de fiscal general no ayudó a aplacar los temores cada vez más grandes de que Obama estaba cubriendo cargos fundamentales para las políticas de drogas con remanentes antidrogas de la era Clinton. Algunas personas no tardaron a señalar la época en que Holder fue fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, cuando hizo aprobar cambios en la legislación de DC sobre la marihuana que convirtieron la venta en crimen en vez de delito leve.

Como reportó el Washington Post:

Además, Eric H. Holder Jr., fiscal de EE.UU., dijo en una entrevista que estaba pensando no solamente en enjuiciar más casos por marihuana, sino también en pedirle al Concejo de DC que promulgue penas más duras para la venta y el consumo de marihuana. “Hace mucho que hemos adoptado el punto de vista de que lo que llamaríamos delitos leves no es importante”, dijo Holder, aludiendo a la conducta actual hacia el consumo de marihuana y demás infracciones como el pordioseo.

Holder dijo que espera desalentar parte de esa actividad al ponerse más duro con los delitos por marihuana. Hay que poner nuevas directrices en vigor hasta el fin de mes, dijo, observando que el Distrito puede aprender algo de las políticas de “tolerancia cero” de Nueva York. Allá, la delincuencia se desplomó cuando la policía reprimió los delitos contra la calidad de vida con agresividad, incluso el pordioseo y el tomar bebidas alcohólicas en públicas, lo que les dio a los policías una oportunidad de chequear si había drogas, armas y órdenes por cumplir.

Aquel mismo año él le dijo al Washington Times que pensaba en proponer una condena mínima obligatoria de 18 meses para cualquier venta de marihuana. Por lo menos eso no sucedió.

Sin embargo, los reformadores de las políticas de drogas se consolaron un poco con los comentarios de Holder sobre la condenación mínima obligatoria en una entrevista de 1999. Al contestar una pregunta sobre si ya era tiempo de revisar las mínimas obligatorias o no, dijo Holder:

Me parece que nunca debemos descartar la posibilidad de examinar cómo las leyes que hemos aprobado están funcionando. Tiendo a pensar que las sentencias mínimas obligatorias que traten de personas que cometieron delitos de sangre son algo bueno casi siempre. Creo que por lo general se suscitan temores respecto a las sentencias mínimas obligatorias para infractores no violentos de la legislación antidroga. Y creo que hay algunas preguntas que debemos hacer.

No me meto en ello suponiendo que sean necesariamente malas, pero debemos echarles un vistazo a las estadísticas y ver: ¿Estaremos reduciendo a prisión, estaremos utilizando el limitado espacio de nuestras prisiones con la clase de gente que queremos que allí esté? ¿Será que las condenas son proporcionales al tipo de conducta que reduce a la gente a prisión por estas sentencias mínimas obligatorias?

Ésas son las especies de preguntas que me parece que debemos hacer. Además, en cuanto legisladores pensantes en los dos lados, republicanos y demócratas, liberales y conservadores, espero que hagamos esas preguntas y luego tratemos de ellas con la mente abierta.

Con hinchas del combate a la droga como Biden y Emanuel y luchadores antidrogas profesionales como Holder siendo invitados a sumarse al equipo de Obama, es comprensible que los reformadores de las políticas de drogas se pongan nerviosos. Pero la mayoría asume la postura del hay que ver, aun mientras lamentan algunas de las opciones de Obama.

“Seguro que algunos de los nombramientos, como el de Holder, son preocupantes”, dijo Bruce Mirken, director de comunicación del Marijuana Policy Project. “Sí, hay problemas en el pasado, pero la gente sí cambia y aprende. ¿Quién diría que un luchador antidroga como Bob Barr terminaría siendo libertariano?” preguntó Mirken. “No me parece que esté necesariamente vinculado a las mismas posturas ahora porque alguien dijo o hizo algo con que no estuvimos de acuerdo hace diez años, pero vamos a observarlo de cerca. Si llega el momento de volverse loco, lo haremos, pero es prematuro volverse loco ahorita”.

Los reformadores no deberían estar volviéndose locos, concordó Eric Sterling, quien trabajó como asesor en el Comité de la Cámara de Diputados sobre el Judiciario de EE.UU. en los años 1980 y ahora dirige la Criminal Justice Policy Foundation. En cambio, deberían estar intentando flexionar sus músculos.

“Creo que los reformadores exageran demasiado y, más importante que eso, no toman la iniciativa”, dijo. “Los líderes de la reforma deben preguntarse qué cartas han escrito al presidente electo Obama, qué cartas al editor han redactado, qué artículos de opinión han enviado. ¿Será que el movimiento está haciendo alguna cosa salvo reaccionar pasivamente?” preguntó.

“Nuestro movimiento ha sufrido tantos ataques durante los últimos ocho años que la verdad es que hemos perdido la práctica de ser actores políticos eficaces”, argumentó Sterling. “He acabo de ponerme en contacto con [la revista de izquierdas] In These Times para sugerir un artículo sobre tributar la marihuana como modo de impedir el despido de funcionarios públicos. Nuestro movimiento debería estar relacionándose con gente como los sindicatos de funcionarios públicos, quizá comprando anuncios que digan: ‘Ningún profesor debería ser despedido hasta que la Asamblea nos diga a cuántos podría sufragar la marihuana legal’”.

“Lo que se puede decir sobre Emanuel y estas otras personas es que son políticos y reaccionarán a la presión”, dijo Sterling. “Si Emanuel creyera que nuestras cuestiones son buena política, las defendería, pero no son buena política porque no la hemos convertido en eso. No basta movilizar a los aficionados a la reforma de las políticas de drogas, tenemos que trabajar con organizaciones y grupos de interés mucho más poderosos acerca de temas por que se preocupan. La situación horrenda de la economía ahorita y la falta de renta para los gobiernos estatal y municipal son una tremenda oportunidad para nosotros, exactamente como 1933 en ese sentido. ¿Qué hicieron entonces? Terminaron con la Ley Seca y tributaron el alcohol”.

La marihuana no goza del mismo favor cultural que el alcohol, observó Sterling, pero se puede superarlo. “Hay que encuadrar el tema en términos económicos muy estrictos. Hay que preguntar: ¿Quién va a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a pagar los profesores? Si la única manera de pagar a los profesores es que el estado tribute la marihuana, ¿deberíamos hacerlo? Aquella marihuana no va a desaparecer. Todavía la van a fumar, ya la tributemos ya no. ¿Por qué no sacar provecho de ella?”

“La reforma de las políticas de drogas tiene un trabajo difícil que hacer”, dijo Kevin Zeese, un reformador de largo tiempo que duda que cualquiera de los grandes partidos esté listo para el cambio fundamental. “Lo mejor que podemos esperar es un poco de negligencia benigna y que no sigan desperdiciando los recursos de la fuerza pública con proveedores de marihuana medicinal en estados que la permiten”.

Dada la porción de problemas a que hacen frente el gobierno entrante y el estado del movimiento pro reforma de las políticas de drogas, es improbable una gran puja por las políticas de drogas en el ámbito federal, argumentó Zeese. “Deberíamos estar trabajando localmente para seguir ganando ímpetu y construyendo un verdadero movimiento”, dijo, indicando que la “negligencia benigna” podía entrar en acción. “Si el movimiento reformador continúa haciendo presión por iniciativas estatales y municipales, creo que el gobierno Obama va a guardar las distancias de esos conflictos. Me parece que no vamos a ver al secretario antidroga viajando a estados distintos para hacer campaña en contra de iniciativas y eso sería bueno”.

Una gran puja por la reforma en las políticas de drogas no solamente sería improbable, quizá sea imprudente a estas alturas, indicó Zeese. “La cautela que Obama trae al puesto y los pasados de Biden y Emanuel nos dan algún espacio para maniobras, pero puede ser que sea mejor no arriesgarse mucho. No queremos despertar a los militantes de la justicia penal en el gobierno federal. La negligencia benigna es mejor que el abuso. Tal vez debamos simplemente trabajar fuera de la vista y dejar que su cautela política funcione en nuestro favor, en vez de en contra nuestra”.

Aunque Zeese pudiera marcar las malas posturas en políticas de drogas de algunas de las personas en el círculo íntimo recién en formación de Obama, indicó que ellas se fundaban más en cálculos políticos que en entusiasmo ideológico. “Como presidente del Comité del Senado sobre el Judiciario, Biden se puso al lado de la policía y de los fiscales – ésa es su base en la justicia penal, ahí están el poder y la seguridad. Emanuel fue un claro arquitecto de las leyes de control de la delincuencia bajo Clinton que aumentaron las cifras de la policía y alargaron las condenas. Pero en esencia los dos tipos son animales políticos y van a asumir lo que se parece con una línea dura para neutralizar una cuestión”.

Un área que podía ser un indicio temprano de las propensiones del gobierno Obama en la reforma de las políticas de drogas son las actuales redadas de la DEA contra los proveedores de marihuana medicinal de California. Durante la campaña Obama prometió detenerlas. Pero la noticia importante ahí puede ser la de que no hay ninguna noticia.

“Esperamos que Obama mantenga su promesa de terminar con las redadas en California”, dijo Mirken del MPP. “Hay razones de sobra para que lo haga, incluso Colorado, Nuevo México, Nevada y Michigan -, todos estados que habían votado en el Partido Republicano, pero en que ganó. Piense lo que se piense sobre Obama y su equipo, saben contar y, para mí, es difícil imaginar que crean ser interesante para ellos proseguir con una guerra contra un cuarto de EE.UU., cuya mayor parte votó en él”, dijo.

“No es necesario que eso suceda de modo dramático, no hay necesidad de celebrar una rueda de prensa, puede ser simplemente algo que pasa discretamente”, dijo Mirken. “Puede demorar un poco hasta que alguien vea realmente que ha ocurrido un cambio. Y está bien – no hay necesidad de rueda de prensa con tanto que pare de arrestar a pacientes y cuidadores”.

“Sin duda Obama ya piensa en un segundo mandato y no quiere hacer de la reforma de las políticas de drogas un tema de conflicto con los republicanos”, dijo Zeese. “No va a correr riesgos, pero hay oportunidad para nosotros y creo que terminar con las redadas es una de las cosas que puede realizar. Prefiere que los pacientes y defensores de la marihuana medicinal no se molesten con él en lugares como California y Oregón”.

“Creo que va a detener las redadas”, dijo Sterling. “No sé de qué manera las redadas pueden ayudarlo a menos que los republicanos logren agitar un poco de enojo para con los proveedores, entonces sería prudente mantener la discreción y seguir trabajando con funcionarios estatales y municipales para que no sea tan polémico en el ámbito local. Pero si se convierte en algo polémico, los republicanos son capaces de transformarlo en una cuestión, entonces Obama irá en contra nuestra. Hay que quedar fuera de la vista respecto a esto ahorita”.

Mientras los reformadores observan para ver qué pasa y qué no pasa con relación a las redadas de la DEA - ¿será que simplemente van a desaparecer en aquella noche larga y buena? -, todavía hay mucho trabajo que hacer, dijo Sterling. “Tenemos que construir el movimiento. Paramos viendo a las mismas 300 personas en las conferencias, tal vez 1.000 si se habla en conferencias de reducción de daños. Nadie va de puerta en puerta en la comunidad negra para hablar de cómo la lucha contra la droga está socavando la seguridad pública y su relación con la policía. Nadie conversa con los sindicatos. Nos hemos salido bien en la parte de la concienciación de nuestra cuestión, pero no nos hemos salido bien en desarrollar una base de poder político, y, hasta que lo hagamos, no lograremos la reforma”.