Reportaje: Mirando adelante - ¿Quién debería ser el próximo fiscal de la droga?

Si hay un hombre que simboliza y tipifica la guerra federal contra las drogas, es el director del Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas (ONDCP, por su sigla en inglés) de la Casa Blanca, conocido coloquialmente como secretaría antidroga. Durante los últimos ocho años, ese hombre ha sido John Walters, un protegido del moralista conservador Bill Bennett, el primer fiscal de la droga del ONDCP. Con sus campañas mediáticas antimarihuana, sus innúmeros comunicados de prensa y su interferencia en varias iniciativas estatales, Walters ha sido el anatema de la reforma de las políticas de drogas.

Ahora, Walters y su jefe, el presidente Bush, se alistan para hacer mutis bien y el gobierno Obama tendrá que escoger a su sucesor. Considerando las guerras en el extranjero y la economía endeble que le esperan al gobierno entrante, parece que cubrir el puesto de fiscal de la droga no es una alta prioridad para el nuevo residente de la Casa Blanca. Sólo un nombre ha sido mencionado en público, el de William Bratton, jefe de la policía de Los Ángeles, y ha dicho que a él no le interesa. Una lista de posibles nombramientos a la Casa Blanca de US News & World Report ni siquiera apunta un nombre para cogitación como fiscal de la droga.

Pero para la gente interesada en deshacer algunos de los daños de la lucha contra la droga de la era Bush, el ONDCP es importantísimo. Como explica el ONDCP en su portada:

“El principal propósito del ONDCP es instaurar políticas, prioridades y objetivos para el programa de fiscalización de las drogas del País. Las metas del programa son reducir el consumo, manufactura y tráfico de drogas ilícitas, la delincuencia y violencia relacionadas con las drogas y las consecuencias para la salud vinculadas con las drogas. Para alcanzar estos objetivos, el director del ONDCP se hace cargo de producir la Estrategia Nacional de Fiscalización de las Drogas. La Estrategia dirige las labores antidrogas del País e instaura un programa, un presupuesto y directrices para la cooperación entre las entidades federales, estatales y municipales.

“Conforme a derecho, el director del ONDCP también evalúa, coordina y supervisa tanto las labores antidrogas internacionales como interiores de las agencias del poder ejecutivo y asegura que dichas labores sostengan y complementen las actividades antidrogas estatales y municipales. El director aconseja al presidente respecto a cambios en la organización, administración, presupuesto y personal de agencias federales que puedan afectar las labores antidrogas del País; y respecto a la observancia de las agencias federales de sus obligaciones según la Estrategia”.

Entonces ¿quién será? Los reformadores de las políticas de drogas y otros consultados por la Crónica esta semana tenían pocas sugerencias reales – algunos temían que cualquiera que fuera indicado o apoyado por el movimiento reformador estaría condenado -, pero muchas ideas sobre qué especie de persona debería reemplazar a Walters. Y algunos aun especularon sobre la posibilidad de eliminar la secretaría antidroga de una vez.

“La comunidad reformadora necesita examinar a alguien que tenga una orientación abarcadora hacia la salud pública o que posea un enfoque basado en pruebas”, dijo Eric Sterling, ex asesor del Comité de la Cámara de Diputados sobre el Judiciario de EE.UU. y actual presidente de la Criminal Justice Policy Foundation. “Sería alguien que dice que la meta número uno es el tratamiento de la gente con problemas de adicción inveterada y la número dos es asegurar que nuestros programas de prevención sean eficaces y bien asentados”.

Sterling hizo mención de dos posibilidades. “No me parece realista pensar que podemos poner a un simpatizante de la reforma. No va a ser Ethan Nadelmann. Hay que ser alguien que tenga experiencia administrativa en algún cargo. Una posibilidad sería Chris Fichtner, el ex director de salud mental del Estado de Illinois”, sugirió Sterling.

Fichtner es un profesor adjunto de psiquiatría en la Universidad de Chicago que ha trabajado con los reformadores de las políticas de drogas en Illinois. Él prestó declaración en favor de proyectos sobre la marihuana medicinal en Illinois y Wisconsin.

“Otra posibilidad, alguien a quien sé que la comunidad pro reforma tenía mucho respeto antes que entrara al gobierno, es Westley Clark, director del Centro de Servicios para la Toxicomanía del gobierno federal de EE.UU.”, prosiguió Sterling. “Es afroamericano, ha estado en el ámbito federal hace mucho tiempo, tiene experiencia en administrar una agencia federal y mucha experiencia en el área”.

“Si pudiéramos escoger”, dijo Allen St. Pierre, director ejecutivo de la National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML, por su sigla en inglés), “sería alguien como Ethan Nadelmann con una comprensión abarcadora de las drogas, pero eso es un sueño húmedo”. En cambio, dijo, un nombre propuesto por ahí es el de Mark Kleiman, un profesor de políticas públicas en la Facultad de Asuntos Públicos de la UCLA que ha escrito bastante sobre las políticas de drogas y cuyas ideas innovadoras a veces enfurecen tanto a la comunidad pro reforma como a los luchadores antidrogas.

St. Pierre aludió a otro posible candidato. “Otro nombre que escuchamos es el de Bud Schuster, ex director del NIDA en los años 1980”, dijo. “Sería alguien que trataría de ello por lo menos desde un punto de vista del NIDA y necesitamos a alguien como él, no alguien que simplemente trataría de ello desde una perspectiva de la justicia penal”.

“Casi me contentaría con cualquier fiscal de la droga que no parara diciendo estupideces”, dijo David Borden, director ejecutivo de StoptheDrugWar.org (quien publica este boletín). “A nosotros nos gustaría ver a alguien que lo abordara desde un punto de vista de salud pública, que trabaje para contener el sistema de justicia penal de modo que proteja los objetivos de las políticas de drogas en la salud pública”.

Borden señaló un trío de lo que llama “académicos moderados” como posibilidades. “Gente como Kleiman o Peter Reuter y Robert MacCoun [coautores de ‘Drug War Heresies’] no son halcones de la lucha contra la droga y son gente que piensa. Necesitamos algo de pensamiento lógico en el gabinete de drogas de la Casa Blanca”.

“Estamos tan ansiosos por ver qué nombres aparecen como todos”, dijo Dan Bernath, vocero del Marijuana Policy Project. “Creemos que John Walters bajó mucho las expectativas. Si es que hay que haber un fiscal de la droga, queremos ver a alguien que funde las políticas en los hechos y la ciencia, no en la ideología”.

“Kurt Schmoke, ex alcalde de Baltimore, dijo una vez que necesitábamos a un inspector general de sanidad, no un general militar, y creo que ése es un buen punto de partida”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Como mínimo, queremos a alguien que provenga de la salud pública o de la medicina, a diferencia de la fuerza pública o del cuadro de comentaristas conservadores. Los reformadores de las políticas de drogas, reduccionistas de daños y proveedores de tratamiento han estado en desierto hace 20 años; ahora es hora de alguien que comprenda la adicción y sea a favor de programas comprobados”.

“Si vamos a tener un fiscal de la droga, necesitamos a alguien que insista en la precisión, honestidad, transparencia y que esté dispuesto a considerar las alternativas a la lucha contra la droga, inclusive abordajes de reducción de daños y también modificaciones del combate a la droga como más fondos para el tratamiento y la prevención”, dijo Matthew Robinson, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal Apalache y coautor de “Mentiras, malditas mentiras y las estadísticas de la lucha contra la droga: Análisis crítico de las afirmaciones hechas por el Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas” [Lies, Damned Lies, and Drug War Statistics: A Critical Analysis of Claims Made by the Office of National Drug Control Policy].

Pero, dijo Robinson, la verdad es que no necesitamos a un fiscal de la droga. “No necesitamos un ONDCP ni una lucha contra la droga, entonces, por lo tanto, no necesitamos a un fiscal de la droga”, argumentó. “Con todo, sí necesitamos a una agencia precisa, honesta y transparente que evalúe las políticas de fiscalización de la toxicomanía (al igual que otras políticas del gobierno). Puede ser el ONDCP o alguna otra agencia, pero si es el ONDCP, debe ser sacado de la Casa Blanca, ya que allá es simplemente un gabinete político cuyo objetivo es promover la ideología de la lucha contra la droga”.

Robert Weiner, ex director de negocios públicos del ONDCP (durante los años Clinton), fue tan crítico de Walters y del gobierno Bush como cualquiera, pero por razones distintas. Weiner se quejó de la debilitación sistemática del gabinete en la época de Bush.

“Este gobierno ha sido un desastre al encoger el poder del secretario antidroga”, dijo Weiner. “Han dejado caer la autoridad de certificación presupuestaria del secretario antidroga de $19 a $13 mil millones, han quitado el poder de supervisión sobre algunos programas, han cortado el programa mediático, intentaron desistir del programa Área de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA, por su sigla en inglés) y del programa de subvenciones comunitarias del Ministerio de Justicia. He derramado muchas lágrimas mientras observaba la reducción del poder del secretario antidroga por su propia falta de iniciativa”.

No había necesidad de que pasara eso, dijo Weiner. “Cuando Bush seleccionaba a un secretario antidroga, había ocho o 10 cabecillas del tratamiento que examinaban, pero escogió a un mercenario de partido. Era como si no hubiera secretario antidroga. Su trabajo era hacer presión por la cuestión de la droga como asunto de seguridad nacional y salud interior y no lo hizo suficientemente”.

Weiner está menos preocupado por el área de que proviene el próximo fiscal de la droga que por su capacidad de avanzar la carga del gabinete. “Lo más importante es que sea un militante enérgico, agresivo y vigoroso”, dijo. “No importa de qué lado se esté, todos son a favor del tratamiento de la toxicomanía y el juzgado de delitos de drogas es muy bueno. Necesitamos a alguien que haga presión por la noción de tratamiento en lugar de reclusión para infractores no violentos”, dijo.

Pero aunque a Weiner le gustara ver a un fiscal de la droga fortalecido, muchos reformadores de las políticas de drogas se alegrarían de no ver a ningún fiscal de la droga. “Patients Out of Time mandó una carta a Valerie Jarrett, copresidenta del equipo de transición de Obama, el 09”, reportó Al Byrne del grupo. “Recomendamos que el puesto de fiscal de la droga sea abandonado pero… si de alguna forma eso no fuera políticamente factible, entonces que se cubriera el cargo con un profesional de la salud, específicamente un doctor en medicina o enfermera diplomada que no sea un académico/político profesional”.

“Idealmente, el ONDCP debería ser extinguido”, dijo St. Pierre. “Creo que muchos reformadores pueden estar de acuerdo con eso, pero parece que ello no está en discusión. Si vamos a ser agobiados con una secretaría antidroga, que nos den un respiro de los dos principales modelos – los mercenarios políticos, como Walters y Bennett, y los tipos policíacos/militares, como McCaffrey y Lee Brown. Si vamos a tener un fiscal de la droga, que sea un doctor en medicina o alguien en el área de la salud pública”.

“El país y el gobierno no necesitan a un fiscal de la droga”, dijo Sterling. “Una de las advertencias importantes de la Comisión Shafer de 1973 trataba de la institucionalización de la labor antidroga, la creación de burocracias que sustentan a sí mismas. El ONDCP es el principal ejemplo de ese problema. En razón de su preeminencia, tiene el poder más grande de cometer fechorías y recibe la mayor cantidad de atención por sus falsedades y políticas propulsadas por las relaciones públicas”, dijo.

El aparato federal para la droga puede ser reorganizado, argumentó. “Puede ser que se pida una reorganización de las agencias federales para la cuestión de la droga, probablemente con la coordinación al mando del Ministerio de Sanidad y Servicios Humanos”, propuso. “No es necesario que haya una DEA con su mentalidad de SWAT y la gestión eficaz de un programa de fiscalización de las drogas tampoco exige la supervisión de la Casa Blanca”.

En 2010 se renueva la agencia. Ésa puede ser una oportunidad para intentar estrangularla o, lo que es más probable, intentar reestructurarla. Aunque buscar estrangularla sea agradable, parece improbable que eso suceda a estas alturas.

“No es realista” pensar que un esfuerzo para extinguir el ONDCP en 2010 rinda frutos inmediatamente, dijo Sterling. “El movimiento de fiscalización eficaz de las drogas no ha desarrollado una campaña ni un imperativo político, un paradigma organizacional de fiscalización de las drogas que sea una alternativa clara al existente”, indicó. “Por consiguiente, no hay campaña ni en el Congreso ni en los medios noticiosos”.

Tampoco hay pruebas de que el gobierno Obama busca cortar el ONDCP. “La única manera por que habría cualquier motivación en el gobierno para eliminar el ONDCP sería si hubiera un análisis de los ministros del nuevo gabinete que decida colectivamente que el ONDCP es un problema suficientemente grande a tal punto que desearan abolirlo”, dijo Sterling.

Otro obstáculo es que Joe Biden, el vicepresidente entrante, redactó la ley que creó el ONDCP hace 20 años. “Cualquier propuesta de eliminar al secretario antidroga tendría que ver con ese pasado con Biden. Tendría que rechazar el abordaje de Biden o él tendría que cambiar de opinión. Sería una cosa si Biden dijera que el ONDCP era innecesario ahora, pero no he visto ningún indicio de eso”.

Con la perspectiva de estrangular el ONDCP aparentemente fuera de cogitación por el momento, algunos reformadores se concentran en hacer el mejor ONDCP posible. Ésa puede ser la mejor esperanza en el corto y medio plazo.

“Si pudiéramos cambiar este gabinete para que su responsabilidad sea la de reducir los daños tanto de la toxicomanía como de la prohibición de las drogas, entonces sería muy útil”, dijo Piper. “Está muy claro que hay problemas tanto con la toxicomanía como con la guerra contra las drogas. Aun si la lucha contra la droga terminara mañana, todavía habría un problema de drogas y la necesidad de liderazgo nacional acerca de la reducción de daños y del tratamiento, incluso para el alcohol y el tabaco. La renovación en 2010 es una verdadera oportunidad de cambiar aquello de que se trata el ONDCP. Si eso es posible, vale la pena mantener la agencia”.

Ahora empieza la espera. Considerando las prioridades del gobierno Obama y todo el conjunto de problemas a que hace frente, puede ser que esperemos un buen rato hasta que tengamos un nuevo fiscal de la droga.