Latinoamérica: JIFE hace llamamiento a Perú y Bolivia para prohibir mascado de coca

En su Informe anual correspondiente a 2007 lanzado el miércoles, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes hizo un llamamiento a los gobiernos de Bolivia y Perú para que prohibieran el mascado de coca y su venta o exportación. Los pueblos indígenas de los Andes han mascado coca durante miles de años y el llamamiento probablemente va a caer en saco roto en la región.

La JIFE es una comisión independiente de 23 integrantes que colabora con la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito (ONUDD), su Comisión de Drogas Narcóticas (CND, por su sigla en inglés) y demás organizaciones internacionales para monitorear la implementación de la serie de tratados internacionales que forman el espinazo legal del régimen de la prohibición de las drogas. Aunque su alcance incluya asegurar ofertas adecuadas de drogas ofrecidas para usos medicinales y científicos (vide artículo relacionado aquí), gasta la mayor parte de sus recursos intentando impedir cualquier desvío del statu quo de las políticas de drogas prohibicionistas globales. Por ejemplo, este año, la JIFE criticó otra vez a Canadá por autorizar medidas de reducción de daños como el inyectorio de Vancouver y la distribución de “equipos para el consumo seguro de crack”.

En su revisión de la producción de coca y cocaína en Suramérica, la junta señaló que pese a las labores multibillonarias de erradicación en Colombia, Perú y Bolivia – responsables por 50%, 33% y 17% de la producción de coca, respectivamente -, la producción de cocaína había permanecido estable en entre 800 y 1.000 toneladas al año durante la última década. La manera de enfrentar la producción de cocaína es eliminar la producción de coca, indicó la junta.

“La Junta exhorta a los Gobiernos de Bolivia y el Perú a que cumplan sus obligaciones, adoptando medidas para prevenir la venta y el uso de hojas de coca, y los intentos de exportarlas, con fines que se consideran incompatibles con los tratados internacionales”, dijo el grupo. “La Junta está preocupada con el impacto negativo del aumento de la producción de la hoja de coca y la manufactura de cocaína en la región”.

Ella les instaba a los gobiernos a “establecer como delito criminal” el consumo de la hoja de coca para hacer té, harina u otros productos. Eso socavaría los intentos de desarrollar y expandir los mercados para los productos de coca en los tres países.

La reacción de Bolivia, en que el presidente y ex cocalero Evo Morales ha pedido que saquen la coca de la lista de sustancias prohibidas por los convenios internacionales sobre las drogas, fue ligera y negativa. “En Bolivia, nunca habrá una política de tolerancia cero”, dijo Ilder Cejas, vocero del viceministerio de defensa social. “Hacerlo sería pisar en los derechos de millones de bolivianos para quienes la coca es un símbolo de nuestra identidad cultural”, le dijo él al Bloomberg News Service el miércoles.

Tratar la coca como si fuera una droga peligrosa sería “absurdo”, dijo Wade Davis, un autor y botánico que estudió la coca en Colombia. “La coca es tan vital para los Andes como la Eucaristía lo es para los católicos”, le dijo él al servicio de noticias. “No hay pruebas ni de toxicidad ni de adicción en 4.000 años de consumo”.

El llamamiento de la JIFE a prohibir el consumo de coca también sufrió un ataque mordaz del Transnational Institute, cuyo Proyecto drogas y democracia busca desarrollar e implementar abordajes pragmáticos de reducción de daños a cuestiones globales de drogas. “Al pedir que los países impongan sanciones penales por la distribución y posesión de la hoja de coca para usos tradicionales, un elemento clave de la cultura andina, la JIFE da muestras de ceguera y arrogancia”, dijo Pien Metaal, un investigador del TNI que se especializa en los temas de la coca. “Ya es hora de que los tratados de la ONU se pongan a tono con la realidad y muestren alguna sensibilidad cultural”.

La propuesta de la JIFE no sólo viola la Declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas, también “la persecución de varios millones de personas en la región andino-amazónica”, dijo el TNI. “El blanco no son sólo los consumidores sino los campesinos cocaleros”.

“La posición de la Junta es absurda”, dijo Metaal. “Pretende criminalizar a pueblos enteros por tradiciones y costumbres populares que no hacen daño e incluso son benéficas”.