Reportaje: Asamblea del Estado de Nueva Yérsey aprueba proyecto que reforma ley estadual sobre “zona escolar sin drogas”

Como muchos otros estados, Nueva Yérsey adoptó leyes sobre “zonas escolares sin drogas” en los años 1980 en un intento de detener la amenaza icónica de la lucha contra la droga, el traficante de droga al acecho en las sombras del patio de recreo quien intentaba viciar a nuestros niños en sus artículos demoníacos. Ahora, en buena medida a causa de su ley sobre las zonas escolares sin drogas, que aplica duras sentencias mínimas obligatorias en regiones que se encuentran mucho más allá de los muros de cualquier colegio, el Garden State dispone de la distinción dudosa de tener el porcentaje más alto de prisioneros – 35% - entre rejas por delitos de drogas.

Según la ley actual, cualquiera condenado por vender o tener drogas con la intención de distribuirlas a menos de 300 metros de una escuela o 150 metros de parques, bibliotecas, museos o viviendas públicas puede recibir una pena mínima obligatoria de tres años de prisión y $15,000 en multas.

Aunque el texto de la ley no discrimine el color de la piel, su efecto ha sido racialmente pernicioso. En el denso ambiente urbano en que se concentran las poblaciones minoritarias del estado, la ley en vigor convierte enormes terrenos del paisaje en zonas escolares libres de drogas y sujeta a la mayoría de los infractores urbanos de la legislación antidroga a enjuiciamiento conforme tal ley. Diecinueve en cada 20 personas perseguidas según la ley son negras o morenas.

En 2005, la Comisión de Nueva Yérsey para Revisar la Condenación Criminal lanzó un informe innovador sobre la legislación y un suplemento en 2007. La comisión descubrió que las zonas eran ineficientes en reducir los delitos de drogas dentro de las áreas designadas, en tanto que, al mismo tiempo, afectaban desproporcionadamente a las comunidades minoritarias a través de su “efecto urbano”.

Desde entonces, se ha estado acumulando la presión para reformar la ley. La oficina de la Drug Policy Alliance (DPA, por su sigla en inglés) de Nueva Yérsey, dirigida por Roseanne Scotti, ha estado rondando los pasillos de la Asamblea en Trenton en busca de construir una estrategia ganadora. A principios de este año, la DPA echó más leña al fuego con su propio informe, "Wasting Money, Wasting Lives: Calculating the Hidden Costs of Incarceration in New Jersey" [Desperdiciando dinero, desperdiciando vidas: Calculando los costes ocultos de la reclusión en Nueva Yérsey]. El informe descubrió que además de los aproximadamente $331 millones que Nueva Yérsey gasta cada año para apresar a infractores no violentos de la legislación antidroga, el estado pierde millones más en renta tributable por los sueldos perdidos de los presos por delitos de drogas no violentos.

A pesar de lograr el apoyo de Bonnie Watson Coleman, la lideresa de la mayoría en la Asamblea, los reformadores no se consiguieron la aprobación de un proyecto anterior, que habría reformado la ley al limitar las zonas sin drogas a 60 metros. Pero el lunes, la Asamblea estadual hizo un gran progreso reformando la ley sobre las zonas escolares sin drogas al aprobar, por una margen de dos contra uno, un proyecto de compromiso que restauraría cierta discreción judicial en la condenación. Según el proyecto, el A-2762, los jueces estarían autorizados a permitir la consideración de libertad condicional o vigilada en cada caso para algunas personas condenadas por distribuir, dispensar o tener con la intención de distribuir una sustancia controlada peligrosa mientras se está en, o dentro de, una Zona Escolar Sin Drogas. Se pueden aplicar los siguientes factores cuando se pondere imponer o no una condena mínima obligatoria:

• La extensión de los antecedentes penales de la persona y la gravedad del delito;
• Donde se cometió el delito con relación a la propiedad de la escuela, incluso la distancia desde la escuela o del ómnibus y la probabilidad razonable de exponer niños a actividades relacionadas con las drogas allí;
• Si la escuela estaba en clases en la época del delito; y
• Si había niños presentes en o en las inmediaciones del lugar en que ocurrió el delito.

Los jueces serían prohibidos de prescindir de una sentencia mínima obligatoria si el delito sucedió en la propiedad de la escuela o si el reo se valió de violencia o amenazó usarla, portó un arma de fuego o resistió a prisión durante la comisión del delito.

Ahora, el proyecto se dirige al Senado, que probablemente no tratará de ello antes del próximo semestre. Los ponentes y defensores del proyecto le instan al Senado a seguir su ejemplo.

“Nuestra actual ley de Zonas Escolares Sin Drogas no funciona”, dijo Bonnie Watson Coleman (D-Mercer), lideresa de la mayoría en la Asamblea, una de las ponentes del proyecto. “La condenación mínima obligatoria que las zonas exigen ha creado de hecho dos sentencias distintas para el mismo crimen, dependiendo de donde vive el individuo. Esto es discriminación geográfica en lo que hay de más básico y es algo a que me opongo firmemente”.

“Nuestra insistencia en las mínimas obligatorias junto con la distribución geográfica dispar de las Zonas Escolares Sin Drogas ha creado una situación en que 96% de los individuos presos por traficar drogas dentro de ellas son negros o hispanos”, dijo el diputado copatrocinador Gordon Johnson (D-Bergen), presidente del Comité de Derecho y Seguridad Pública de la Asamblea, en una declaración presentada a la Crónica por su gabinete. “Cuando una política afecta de modo tan desproporcionado a un único grupo, debemos tomar providencias correctivas”.

“Los jueces deben tener la discreción para redactar sentencias justas y eficientes y no desperdiciar el dinero del contribuyente”, dijo Scotti de la DPA. “Cuesta más de $46,000 al año para apresar a alguien en Nueva Yérsey. Si alguien no merece la pena adicional y si ella no hace nada para mejorar la seguridad pública, ordenarla es echar a perder el dinero del contribuyente. Perjudica la capacidad individual de ganarse la vida y volverse un miembro productivo de la sociedad y encoge la base fiscal de Nueva Yérsey. Lo importante es que Nueva Yérsey no se puede permitir el lujo de las sentencias mínimas obligatorias”.

El legislativo estadual va a estar de vacaciones de verano pronto, pero Scotti dijo que el esfuerzo estaría presente en el Senado en el próximo semestre y la oposición organizada es poca. “La verdad es que no ha habido ninguna”, dijo. “Los fiscales son a favor de esto, la fiscalía estadual de la libertad vigilada es a favor de esto. La Asamblea lo aprobó abrumadoramente. A algunos legisladores no les gusta, pero parece que eso es aquel viejo temor amorfo de ser llamado indulgente con la criminalidad y la droga”.

Tal vez Nueva Yérsey esté lista para romper con el pasado. Aunque las zonas sin drogas aún sigan existiendo, por lo menos los jueces tendrían la opción de no reducir a todos los infractores a prisión. Eso puede ser un inicio para reducir aquella cuenta anual de $331 en prisiones. Ahora, le toca al Senado.