Dos veces en dos dÃas la semana pasada, Robert Mukasey, el ministro de Justicia de EE.UU., arremetió contra la decisión de diciembre de la Comisión de Penas de EE.UU. de aplicar reducciones en las condenas federales contra el crack a prisioneros que están actualmente entre rejas, advirtiendo que pueden provocar una subida en los delitos de sangre el jueves pasado y dando a entender al dÃa siguiente que puede intentar bloquear las liberaciones.
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Con todo, el jueves pasado, en discurso ante la Conferencia de Alcaldes de EE.UU., Mukasey advirtió que unos 1.600 infractores condenados por crack, âmuchos de los cuales son integrantes de pandillas violentasâ, pueden ser puestos en libertad hasta marzo. âAntes de dar ese paso, necesitamos pensar bastante para ver si ésa es la mejor manera de lidiar con esto â para ver si sirve mejor a los intereses de la justicia y la seguridad públicaâ, dijo Mukasey. âUn influjo repentino de criminales oriundos de prisiones federales en sus comunidades puede acabar en un aumento de nuevas vÃctimas con un resultado trágico, pero previsibleâ.
Los juristas y analistas de la reforma condenatoria contactados por el Los Angeles Times no tardaron en criticar los comentarios de Mukasey. âEn la grande barredura del sistema de justicia penal de EE.UU., la liberación de este número minúsculo de presos no afectará las tasas de criminalidad. Sin embargo, va a mejorar considerablemente la equidad percibida de nuestro sistema de justicia penalâ, dijo Paul Cassell, profesor en la facultad de derecho de la Universidad de Utah y destacado conservador, al señalar que ningún prisionero serÃa puesto en libertad a menos que un juez fallara que no era una amenaza a la comunidad. âTodos estos presos van a ser libertados en el futuroâ, dijo Cassell, âentonces, el dispositivo de retroactividad simplemente proporciona una ligera aceleración de su fecha de liberaciónâ.
Las cifras de Mukasey son engañosas, dijo Marc Mauer, director ejecutivo del Sentencing Project. âCerca de 700.000 personas egresan de la prisión este año, muchas de las cuales fueron condenadas por un delito de sangre. Entonces el cambio quiere decir que ahora tendremos 701.600. Parece que no está captando el mensajeâ, dijo Mauer.
Pese a las crÃticas, Mukasey volvió a hacer de las suyas el viernes pasado. En una sesión informativa con la prensa, él dijo que el Ministerio de Justicia puede intentar bloquear las reformas en las directrices condenatorias que resultarán en las liberaciones tempranas. âVamos a intentar hacer lo que podamos para mitigarloâ, dijo Mukasey. âEs obvio que a nosotros nos gustarÃa que se hiciera algo con respecto a una cosa que, de primero, creemos no haber sido prudenteâ. El ministerio puede indicar una ley para bloquearlas, dijo, aunque reconociera que serÃa difÃcil aprobarla en el Congreso demócrata.
âMuchos de esos [reos aptos para la puesta en libertad] estaban implicados en violencia y se puede esperar que continúen después que salganâ, les dijo Mukasey a los reporteros. Ãl reiteró sus comentarios del dÃa anterior de que temÃa que los presos que van a ser libertados prematuramente podrÃan no haber recibido ni capacitación profesional ni tratamiento de la drogodependencia. âNada de eso habrá sucedido o mucho de ello no habrá sucedido, cuando algunas de estas personas salganâ, dijo. âY eso causa ansiedadâ.
Douglas Berman, profesor de derecho en la Universidad Estadual de OhÃo y publicador de la bitácora Sentencing Law and Policy, especuló: âSospecho que ahora el ministro Mukasey se esté âmanifestando excepcionalmenteâ sobre todo para influenciar a los jueces de distrito federal mientras ponderan solicitudes de modificación en las condenas para el crack. Como el ministro lo sabe, ningún reo recibirá reducción de sentencia sin aprobación judicial. Durante el perÃodo pos-Booker, manifestaciones severas de parte del Ministerio de Justicia de EE.UU. han hecho que los jueces fueran particularmente cautelosos con sentencias indulgentes que podrÃan devenir temas de conversación polÃtica âdura con la criminalidadâ. Sospecho que el ministro y la Justicia esperan que dichas manifestaciones sobre dirigirse al Congreso puedan facilitar que los fiscales federales locales se opongan a reducciones en las condenas en casos individualesâ.
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