La marihuana medicinal y el derecho al trabajo: Están bajo ataque en California y Oregón y también corren peligro en la mayor parte de los otros estados

La semana pasada, la decisión impartida por la Corte Suprema de California que ratifica el poder de los empleadores de despedir a empleados que se saquen positivo para marihuana aun si son pacientes ha puesto en el candelero un área gris cada vez más contestada que fue creada por la disyunción entre políticas estaduales y federales hacia la marihuana medicinal. Con el fallo de la semana pasada, ahora los más de 150.000 pacientes de marihuana medicinal de California se enfrentan a una nueva incertidumbre respecto al empleo. Pero otros 11 estados también tienen leyes sobre la marihuana medicinal y, al igual, los pacientes también corren riesgo de perder sus trabajos en la mayor parte de ellos.

Aunque toda ley estadual de marihuana medicinal diga que los empleadores no son obligados a hacer sitio para utilización profesional, apenas un puñado tiene dispositivos que pueden ser interpretados como si protegieran los derechos al empleo de los consumidores de marihuana medicinal y sólo uno, Rhode Island, protege explícitamente a los pacientes, de acuerdo con Karen O’Keefe, vicedirectora de políticas estaduales del Marijuana Policy Project (MPP, por su sigla en inglés).

“Hay varios estados – California, Montana, Nevada, Oregón y Rhode Island – que especifican que los pacientes no pueden ser castigados por las juntas de autorización profesional y Nuevo México más una serie de otros estados tienen texto como ‘no sujeto a sanción de ninguna manera’”, dijo. “En Washington, dice ‘no se debe negar ningún derecho o privilegio a las personas’”.

Pero probablemente apenas casos judiciales o leyes resolverán si dicho texto quiere decir que los pacientes están protegidos de ser despedidos por sacarse positivo en un examen toxicológico. De primero, es mejor dejar por escrito ese texto protectivo explícito en la ley, sugirió Jesse Stout, director ejecutivo de la Rhode Island Patient Advocacy Coalition (RIPAC, por su sigla en inglés).

“Sí inscribimos en la ley garantías específicas para el empleo y también contra la discriminación en términos de matrícula en escuelas y arrendamiento de propiedad”, dijo Stout. “Esto pasó porque nos dirigimos a nuestros pacientes y les preguntamos qué pensaban y nos dijeron que querían que la marihuana fuera tratada como cualquier otro medicamento”.

Aunque los partidarios de Rhode Island tuvieran que quitarle otras medidas al proyecto para asegurar su aprobación, las garantías de empleo no causaron controversia. “No hubo problema”, dijo Stout.

Consecuentemente, los 600 pacientes de marihuana medicinal de Rhode Island están entre los más protegidos en EE.UU. cuando se trata de garantías de empleo. Además, no tienen que depender ni de tribunales ni de la legislatura para que les den protección después del hecho.

En California, por el otro lado, la Corte Suprema se ha encargado del asunto – por lo menos por el momento – con su fallo la semana pasada. En esa decisión, la Corte sostuvo que los empleadores pueden despedir a trabajadores que consuman marihuana medicinal en conformidad con la Ley de Consumo Compasivo [Compassionate Use Act] de California – aun si están libres y si su consumo no afecta su desempeño en el trabajo.

En aquel caso, Gary Ross, cuyo médico recomendó marihuana medicinal para dolores crónicos en la espalda oriundos de una lesión sufrida mientras servía en las Fuerzas Aéreas de EE.UU., fue contratado por la Raging Wire como ingeniero de sistemas en 2001 y fue obligado a pasar por un examen toxicológico como condición de empleo. Él le dio a la compañía un ejemplar de la recomendación de su médico, pero ella lo despidió una semana después en razón de un resultado positivo en el examen.

Ross demandó alegando que la empresa infringía la Ley de Empleo y Vivienda Justos [Fair Employment and Housing Act (FEHA, por su sigla en inglés)] de California al no hacer sitio para su invalidez. Él también argumentó que la firma lo despidió en violación de las políticas públicas porque la Ley de Consumo Compasivo legalizó la marihuana medicinal en el estado.

Pero al tomar el partido de los empleadores, el tribunal superior del estado dijo que la Ley de Consumo Compasivo protege a los usuarios solamente contra procesos criminales. “Nada en el texto ni en la historia de la Ley de Consumo Compasivo da a entender que los electores tuvieron la intención de que la medida tratara de los respectivos derechos y deberes de empleadores y empleados”, escribió la ministra Kathryn Mickle Werdeger por la mayoría. “Conforme a la ley de California, un empleador puede exigir exámenes toxicológicos antes de emplear y considerar el consumo de drogas ilegales al tomar decisiones sobre el empleo”.

Además, señaló Werdeger, aunque la marihuana medicinal sea legal según la ley estadual, sigue siendo ilegal de acuerdo con la federal y “la FEHA no requiere que empleadores acepten el consumo de drogas ilegales”.

La ministra Joyce Kennard fue mordaz en su disenso. A la decisión le “faltaba compasión visiblemente”, escribió. “La opinión de la mayoría falta al respeto para con la voluntad de los votantes de California”. Los electores “seguramente nunca pretendieron que personas que se valieran” de la ley sobre la marihuana medicinal “se descalificarían de conseguir empleo de ese modo”, dijo Kennard.

No fue la única. “Fue una decisión atroz que generó un disenso mordaz”, dijo Joe Elford, abogado del Americans for Safe Access, el grupo de defensa de la marihuana medicinal, que expuso el caso a favor de Ryan. “Cuando los votantes californianos aprobaron una ley que aseguraba el derecho de los californianos enfermos a consumir marihuana, no esperaban que la gente sería despedida por ejercerlo”.

“Esta decisión está fundada en una lógica tortuosa que visa resultar en una lectura absurdamente limitada de la ley”, dijo Bruce Mirken, director de comunicación del MPP en San Francisco. “La corte afirma que los electores californianos tenían la intención de autorizar el consumo medicinal de marihuana, pero apenas si uno está dispuesto a estar en paro y recibir prestaciones de la seguridad social. Eso es claramente ridículo y cruel, como señaló justamente la ministra Kennard en su disenso”.

Si la Corte Suprema de California ha golpeado a los pacientes, por lo menos un legislador está listo para buscar reparación en Sacramento, En un comunicado de prensa al mismo día, el diputado demócrata Mark Leno de San Francisco anunció que iba a presentar una ley que protegería el derecho al empleo de los pacientes de cannabis medicinal.

“La decisión de hoy de la Corte Suprema de California asestó un golpe hiriente contra los derechos de los pacientes”, declaró Leno. “En las próximas semanas, presentaré un proyecto que asegure el derecho de un paciente de cannabis medicinal a utilizar la medicación recomendada por su médico fuera del lugar de trabajo. A pesar de la aprobación de la Propuesta 215 en 1996 y del SB 420 en 2004, el pueblo de California no tenía la intención de dejar a los pacientes desempleados a fin de que consuman marihuana medicinal”.

Si en California la disputa por los derechos de los consumidores de marihuana medicinal al empleo será decidida al final en la legislatura, en Oregón, el estado con el segundo número más grande de pacientes de marihuana medicinal, unos 16.000, la lucha legislativa ya está en su segundo año. Pero en vez de una ley que busque proteger los derechos de los pacientes, los oregoneses hacen frente a propuestas rivales para, por el contrario, proteger los derechos de los empleadores a despedir a esos pacientes.

El año pasado, un proyecto de ley que, en esencia, habría permitido que los empleadores discriminaran a pacientes de marihuana medicinal fue aprobado cómodamente por el Senado estadual antes de ser estrangulado en un comité de la Cámara en el último día de la sesión. Este año, en lo que debería ser una sesión limitada especial que dura apenas hasta febrero, los legisladores buscan proporcionar protección a los empleadores de nuevo.

“Están intentando aprobar una versión moderada del proyecto del año pasado”, dijo Leland Berger, abogado y uno de los líderes de Voter Power, el grupo detrás de la aprobación de la Ley de Marihuana Medicinal de Oregón [Oregon Medical Marijuana Act (OMMA, por su sigla en inglés)] en 1998.

Como la sesión especial aún no está en marcha, los proyectos están actualmente en la forma de “conceptos legislativos”. La semana pasada se realizó una audiencia para presentar los proyectos rivales, que garantirían a empleadores contra demandas interpuestas por empleados portadores de carnés de marihuana medicinal despedidos por exámenes positivos de marihuana.

Junto con el abanico de grupos defensores de la marihuana medicinal de Oregón, la ACLU Oregón fue una partidaria acérrima de los derechos de los pacientes el año pasado y vuelve a hacer de las suyas en éste. “Somos contrarios a estos proyectos y cualquiera como ellos por varios motivos”, dijo Andrea Meyer, directora legislativa de la ACLU Oregón, que ha estado convenciendo a legisladores respecto a la cuestión. “Primero, creemos que no son ni necesarias ni eficaces. Hablan de discapacidad, pero la mayor parte de los empleadores depende del análisis urinario para determinarla y ello no la mide. Sabemos que los metabolitos de la marihuana pueden permanecer en el organismo durante hasta 30 días después de la ingestión, pero eso no tiene correlación con la discapacidad”, dijo ella.

“Este tipo de legislación discrimina a portadores de carnés de marihuana medicinal”, prosiguió Meyer. “Los oregoneses eligieron promulgar una ley de marihuana medicinal para que la gente pudiera obtener marihuana legalmente casi de la misma manera que cualquier otro remedio y no creemos que los pacientes que consumen marihuana deban ser tratados diferentemente de los pacientes que usan codeína o morfina o anfetaminas”, dijo.

“Creemos en un lugar de trabajo seguro y pensamos que cuando un empleado está discapacitado por cualquier motivo – apuro emocional, embriaguez o remedios legales o drogas ilegales, enfermedad – el empleador tiene la autoridad legal para tomar providencias”, dijo Meyer. “Pero no estamos más seguros cuando un empleado depende de un análisis urinario para determinar si alguien es un riesgo en el lugar de trabajo”.

La rehúsa del gobierno federal a reconocer la marihuana medicinal es parte fundamental del problema, dijo Meyer. “Si la marihuana pudiera ser prescrita como cualquier otra sustancia controlada, no creo que los empleadores sugerirían que ella debiera ser tratada de modo diferente. El hecho de que el gobierno federal la prescriba les da el pretexto a los empleadores. Todo esto dice que necesitamos cambiar la Ley de Sustancias Controladas [Controlled Substances Act] y ofrecer la marihuana medicinal bajo receta”, argumentó.

Salvo ese suceso improbable, les tocará a los estados proteger los derechos de sus pacientes de marihuana medicinal al empleo. “La decisión de la Corte Suprema de California es un mal agüero”, dijo Elford del ASA. “Todos los estados con marihuana medicinal deben aprobar leyes para proteger a los pacientes, pero temo que eso no va a pasar”.