Exámenes toxicológicos con estudiantes: ACLU demanda a colegio secundario de Alta California por nueva expansión de políticas

La sucursal de la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Alta California se ha sumado a un pequeño número de estudiantes y sus padres para interponer una demanda contra el Distrito de Enseñanza Secundaria de Shasta Union por acusar que su política recién expandida de exámenes toxicológicos para estudiantes infringe la constitución estatal. La medida ocurrió después que el distrito no tomó providencias para tratar de las inquietudes de la ACLU por la nueva política.

Conforme a la política distrital anterior de exámenes toxicológicos, apenas los estudiantes que participan de atletismo estaban sujetos a los exámenes toxicológicos aleatorios sin necesidad de sospecha. Pero a principios de este año la junta escolar expandió el programa para incluir a estudiantes que tienen parte en el coro, la orquesta, el teatro y demás programas escolares cocurriculares y extracurriculares competitivos en los tres principales colegios secundarios del distrito. También exigía que los estudiantes y sus padres accedieran al régimen de exámenes toxicológicos para que los estudiantes puedan utilizar las computadoras de la escuela.

Dichos requisitos violan el derecho de los estudiantes a la privacidad, a la protección igualitaria y a estar libres de registros e incautaciones arbitrarios conforme a la constitución estatal, argumentó la ACLU en su alegato. El grupo y los demandantes buscan un mandato judicial que obstruya el programa de exámenes toxicológicos para evitar “daños irreparables” a los estudiantes.

Pero la semana pasada el distrito todavía bravuconeaba. La nueva política de exámenes toxicológicos del distrito se encuentra “dentro de los confines de la ley”, le dijo el superintendente Jim Cloney, quien es citado como demandado en el pleito, al Redding News. “Lo hemos discutido”, dijo Cloney. “La junta escoge seguir la política como está escrita”.

El distrito no tiene que desperdiciar su dinero para defender una política inconstitucional de exámenes toxicológicos, dijo Michael Risher de la ACLU Alta California. “Todavía… nos complace conversar con el distrito e intentar solucionar el problema”, dijo.

Mientras tanto, la junta escolar de Shasta puede seguir botando dinero mientras lucha por una causa perdida.