Reportaje: Federales logran otra condenación contra administrador de dispensario de marihuana medicinal californiano

En un juicio que recibió atención nacional en EE.UU. a causa del conflicto entre las legislaciones estadual y federal sobre la marihuana, el martes un jurado federal en Los Ángeles condenó al dueño de un dispensario de marihuana medicinal de Morro Bay por cinco cargos de infringir las leyes antidrogas federales. Como sucedió en enjuiciamientos federales anteriores, la defensa no pudo armar una defensa basada en la marihuana medicinal ni siquiera hacer mención de las palabras “marihuana medicinal” en el trascurso del juicio.

Charles Lynch, 46, administrador de Central Coast Compassionate Caregivers en la Comarca de San Luis Obispo, puede recibir un mínimo de cinco años de prisión y hasta 85 años tras ser declarado culpable de distribuir más de 100 kilogramos de marihuana, parte de los cuales a personas consideradas menores de edad conforme a la legislación federal estadounidense.

Los procuradores federales retrataron a Lynch como narcotraficante mercenario, llevándose mochilas llenas de dinero por ahí y vendiendo droga a menores de edad. En realidad, un menor, Owen Back, subió al estrado en defensa de Lynch. Beck padece de cáncer óseo, y, acompañado por sus padres, visitaba el dispensario para comprar la marihuana medicinal que su oncólogo de la Universidad de Stanford le recomendaba. Pero en cuanto Beck mencionó que estaba enfermo, el juez George Wu del Tribunal Distrital Federal bloqueó su declaración.

En una entrevista con el Los Angeles Times tras llegar a un veredicto, Kitty Meese, presidenta del jurado, dijo que los miembros del jurado entendían que Lynch no era ningún narcotraficante ordinario, pero que la legislación federal estadounidense no estipulaba ninguna disposición para gerentes de dispensarios. “Todos sentimos que el Sr. Lynch tenía buenas intenciones”, dijo Meese. “Pero según los parámetros que recibimos para la legislación federal, no teníamos opción”. Ella agregó que “fue una decisión dura para todos nosotros porque las legislaciones estadual y federal están en desacuerdo”.

Lynch había administrado el dispensario en conformidad con la legislación estadual y con la bendición de los funcionarios municipales en Morro Bay, pero después que una investigación infructífera de un año del sheriff Pat Hedges de la Comarca de San Luis Obispo no logró encontrar ninguna infracción de la ley del estado, el sheriff invitó a la DEA a que viniera y allanara el dispensario. La DEA lo hizo el año pasado y, unos cuantos meses después, un gran jurado federal lo incriminó.

Lynch es apenas el último de por lo menos seis administradores de dispensarios condenados por la legislación antidroga federal estadounidense y su dispensario es solamente uno de las decenas allanadas por la DEA en los últimos años. Como se impiden a los jurados federales oír hablar de, o pensar en, la legislación del estado acerca de la marihuana medicinal por jueces federales en esos casos, las condenaciones son todo, menos una conclusión sacada de antemano.

“Esto sirve para mostrar la dificultad de conseguirse un juicio justo respecto a esto en los tribunales federales de EE.UU.”, dijo Dale Gieringer, director de la NORML California. “Los federales lo hacen muy bien cuando se trata de lograr condenaciones en estos casos. No se puede tener una vista justa”.

“Charley fue aplastado por la apisonadora del gobierno federal estadounidense”, dijo Lou Koory, el abogado de San Luis Obispo que representó a Lynch en sus tratos con los funcionarios municipales. “Simplemente no es una lucha justa cuando no se puede contar toda la historia”, dijo.

“El proceso selectivo del jurado reveló que sus posibles miembros en Los Ángeles tenían grandes preguntas respecto a por que los federales iban a enjuiciar a alguien como Charley cuando hay varios dispensarios funcionando a pocos metros del palacio de justicia”, señaló Koory. “Esos miembros del jurado fueron descartados por motivo justificado, entonces nos quedamos con ciudadanos que, por lo visto, no estaban preocupados por las acciones del gobierno federal de EE.UU. en este caso y no se sentían compelidos a seguir las instrucciones del juez”.

“Cuando hay cosas como impedir que Owen Beck testifique, eso apenas intensifica la tragedia de este caso”, dijo Kris Hermes, vocero de Americans for Safe Access, el grupo de defensa de la marihuana medicinal. “No le dejaron al jurado escuchar toda la verdad en el contexto general de la legislación estadual”, dijo.

Hermes no tardó en señalar que Lynch no era la única víctima de la DEA y de sus colaboradores de la fuerza pública municipal. “Cuando allanaron a Charles, sus instalaciones era una de las únicas en toda la región”, dijo Hermes. “Ahora los pacientes tienen que ir mucho más lejos, a veces cientos de kilómetros, para obtener su remedio. Esto no solamente ha destruido la vida de Charlie, ha empeorado las vidas de miles de pacientes”.

Con las cartas marcadas contra los administradores de dispensarios en estos enjuiciamientos federales, activistas y militantes buscan maneras de cambiar el statu quo. Algunas implican devolverles el golpe a oficiales de la ley tercos como el sheriff Hedges, otras buscan más ayuda de los funcionarios estaduales, en tanto que otras aún miran las leyes federales contra la marihuana con recelo.

Por lo menos uno de los pacientes de Lynch ha interpuesto demanda contra Hedges, alegando que violó las protecciones de privacidad de los pacientes al confiscar historias clínicas y que infringió sus derechos constitucionales estaduales y federales al sortear la legislación del estado.

“El sheriff no pudo conseguirse una orden de registro, entonces llama a la DEA y participa de la redada”, dijo Koory. “A cambio de servir a Charley en bandeja de plata, el sheriff obtuvo acceso a todas las pruebas, incluso las historias clínicas”, explicó. “El dispensario era una piedra en el zapato del sheriff, entonces, tras un año de investigación fracasada, el sheriff Hedges le invita a la DEA a que venga a Morro Bay y allane el dispensario. Ésa es la verdadera historia aquí”.

Aunque la idea de demandar a sheriffs parezca seductora, la posibilidad de vencerla es muy remota, dijo Hermes. “Seguro que están sujetos a litigio si alguien quiere ponerle pleito a un funcionario municipal por cooperar con el gobierno federal, pero es una impugnación jurídica difícil”, dijo. “No hay ley que prohíba a la fuerza pública municipal de cooperar con los federales. Lo que funcionarios como el sheriff están haciendo es de mala fe, nocivo e innecesario, pero me parece que será difícil ganar”.

Mientras tanto, dijo Hermes, hay otras vías que tomar para refrenar a funcionarios municipales renegados. “Una cosa sería obtener un pronunciamiento del secretario de Justicia Jerry Brown ordenando que la fuerza pública se porte adecuadamente en torno a estas cuestiones. Esperamos que eso pase pronto”, dijo. “La ausencia de orientaciones del secretario de Justicia no sólo ha facilitado que la fuerza pública federal llegue y socave la implementación de la legislación estadual, sino que también facilita que la fuerza pública municipal ayude en esa labor”.

Hermes dijo que decisiones judiciales recientes en el estado, incluso la derogación de la impugnación de la Comarca de San Diego a la ley la semana pasada (véase el reportaje relacionado en esta edición), también están ayudando a definir la arena. “Múltiples fallos judiciales de apelación han declarado que la ley estadual de marihuana medicinal no cede ante la ley federal, que las dos pueden coexistir y que la fuerza pública municipal debería estar ratificando la legislación estadual, no la federal”, dijo. “Entre estos fallos y las directrices pendientes del secretario de Justicia, habrá cada vez menos espacio para maniobras para que la fuerza pública municipal eluda la ley”.

También hay las urnas. Los sheriffs son funcionarios electos y pueden ser desafiados en las cabinas de votación por su mala conducta respecto a la marihuana medicinal, pero Hermes del ASA no logró acordarse de un caso en que alguien fue derrotado o elegido por la cuestión. “Seguramente es una cuestión que se debe plantear en las disputas para sheriff”, dijo. “Si hay oficiales renegados de la ley intentando eludir la ley estadual, podemos intentar hacer que sientan la presión política”.

Con todo, Hermes predijo que, considerando los fallos judiciales estaduales, las directrices pendientes del secretario de Justicia y el nuevo conjunto de rostros en Washington el año que viene, el problema de la fuerza pública renegada probablemente retrocederá. “Si sigue pasando”, dijo, “habrá una lucha política en que creo que los servidores públicos lamentarán haberse metido. Me parece que veremos cada vez menos cooperación entre la fuerza pública municipal y los federales en esto”.

Un nuevo gobierno en Washington puede hacer una enorme diferencia, dijo Hermes. “Si elegimos a Obama y él cumple su promesa de terminar con las redadas federales contra los dispensarios, entonces ojalá veamos menos actividad federal por aquí en California”.

Pero la solución final es cambiar la legislación federal acerca de la marihuana. La legalización, la despenalización, la reclasificación de la marihuana fuera de la Categoría 1 o aun la aprobación de la enmienda Hinchey-Rohrabacher, que recortaría fondos para redadas federales en estados con marihuana medicinal, son algunas de las providencias que pueden ser tomadas.

“Necesitamos hacer que la marihuana sea o reclasificada como algo que no pertenece a la Categoría 1 o la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Raich necesita ser revisada y anulada. La lógica detrás de ese fallo – la de que la marihuana medicinal cultivada, distribuida y consumida dentro de California afecta el comercio interestadual – es un exagero en el mejor de los casos”, dijo Koory.

“Lo que necesitamos es una política federal abarcadora en EE.UU.”, dijo Hermes. “Reclasificar o aprobar la Hinchey sería más fácil que aprobar ya la despenalización ya la legalización, pero aclamaríamos cualquiera de ellas. Vamos a trabajar en pro de una política federal radical que incluya la reclasificación, fomente la investigación y estipule el acceso seguro a la marihuana medicinal para los pacientes por todo el país”.

Hasta que las leyes federales contra la marihuana sean reformadas o eliminadas, los pacientes de marihuana medicinal no están seguros. En cambio, estarán sujetos a los antojos y propensiones de quienquiera que detente el poder en Washington.

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