Reportaje: Proyecto federal de despenalización de la marihuana celebra debut

Por primera vez en décadas, un proyecto de ley sobre la despenalización de la marihuana está ante el Congreso de EE.UU. A la verdad, fue introducido por el diputado Barney Frank (D-MA) en abril, la Ley para Eliminar Penas Federales para el Consumo Personal de Marihuana de parte de Adultos Responsables [Act to Remove Federal Penalties for the Personal Use of Marijuana by Responsible Adults (H.R. 5843)] celebró su debut el miércoles al paso que Frank, un puñado de otros diputados y líderes de destacadas organizaciones reformadoras de las políticas de drogas realizaron una rueda de prensa en el Capitolio para hacer presión en favor del proyecto.

Ante los ojos de muchos, el proyecto podía haber sucedido antes. Desde 1965, más de 20 millones de estadounidenses han sido arrestados por cargos de delitos de marihuana, 830.000 en 2006. De esos, aproximadamente el 90% lo fue por simple tenencia. Además de la pena de prisión y de más costes impuestos a los infractores, la imposición de la legislación sobre la marihuana le cuesta a la sociedad más de $7 mil millones al año.

Aunque la aprobación de un proyecto federal de despenalización cause poco impacto directo – apenas 160 personas fueron acusadas de delitos federales de tenencia de marihuana el año pasado -, su impacto simbólico puede ayudar a desobstruir el bloqueo de la reforma de las leyes sobre la marihuana que ha perdurado desde la época de los jipis.

He aquí el texto del proyecto en su totalidad:

“A pesar de cualquier otra disposición de la ley, según una Ley del Congreso de EE.UU. no se puede imponer ninguna pena a la tenencia de marihuana para consumo personal o a la transferencia de marihuana para consumo personal entre adultos sin ánimo de lucro. Para los efectos de esta sección, se debe suponer que la tenencia de 100 gramos o menos de marihuana es para consumo personal, así como la transferencia sin ánimo de lucro de 28 gramos o menos de marihuana, a excepción de que se pueda imponer la pena civil estipulada en la sección 405 de la Ley de Sustancias Controladas [Controlled Substances Act (21 U.S.C. 844a)] al consumo de marihuana en público si el importe de la pena no excede los $100”.

Frank y otros militantes reconocieron la imposibilidad de aprobación del proyecto este año, pero lo alabaron en cuanto comienzo hace mucho necesario. Las vistas pueden ocurrir el año que viene, dijeron.

El gobierno federal de EE.UU. debe parar de arrestar a los consumidores de marihuana, dijo Frank ante los micrófonos flanqueado por los diputados Lacy Clay (D-MO) y Barbara Lee (D-CA), integrantes de la Camarilla Negra del Congreso de EE.UU., y los militantes Allen St. Pierre, director ejecutivo de la NORML, Rob Kampia, director ejecutivo del Marijuana Policy Project y Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance.

Las leyes existentes que visan a consumidores de marihuana castigan a ciudadanos de lo contrario honestos y a enfermos cuyos médicos les han recomendado la droga, impactan desproporcionadamente a afroamericanos y desperdician recursos de la fuerza pública, dijo Frank. También equivalen a una intromisión injustificada en las vidas privadas de los estadounidenses, dijo.

“No hay absolutamente nada de malo en el consumo responsable de marihuana de parte de adultos y esto no debería ser ni causa de interés ni de inquietud para el gobierno”, dijo St. Pierre de la NORML. “En verdad, la gran mayoría de los fumadores de marihuana es de adultos quienes no hacen daño ni a sí mismos ni a nadie más, entonces no hay motivo para implicar al estado”.

Se debería tratar el consumo de marihuana como el de alcohol, prosiguió St. Pierre. “Con el alcohol reconocemos la distinción entre consumo moderado y excesivo y concentramos la participación de nuestra fuerza pública en labores para detener el consumo irresponsable. No arrestamos o encarcelamos a bebedores responsables de alcohol. Ésa debería ser nuestra política para con la marihuana también”, dijo, indicando que hubo más de 11 millones de arrestos a causa de la marihuana desde 1990.

Los diputados Clay y Lee enfatizaron el número exorbitante de arrestos de fumadores de marihuana pertenecientes a minorías. La aplicación de la legislación sobre la marihuana visa injustamente a los negros, dijo Clay.

Clay llamó la prohibición de la marihuana parte de “una guerra falaz contra las drogas que llena nuestras prisiones, especialmente con personas de color”. En cambio, es tiempo de un “abordaje práctico de buen sentido”, dijo.

Lee también indicó el impacto desproporcionado de la imposición de las leyes antimarihuana sobre las minorías, pero, en cuanto diputada de un estado en que la marihuana medicinal es legal, también destacó a otro grupo que sufre con la ley. “Este proyecto se trata de compasión”, dijo. “El gobierno federal de EE.UU. tienen cosas mejores que hacer que apresar a enfermos”.

Kampia del MPP observó que los arrestos por marihuana superan en número a las detenciones por “todos los delitos de sangre juntos” y sugirió que la fuerza pública se concentre menos en perseguir a infractores no violentos de la legislación antimarihuana. “Terminar con los arrestos es la llave para la reforma de las políticas sobre la marihuana”, dijo. “Es importante eliminar la amenaza de arresto. Pues los muchos consumidores de marihuana que no son arrestados todavía viven con miedo del arresto”.

La prohibición de la marihuana es “una de las políticas más destructivas de la justicia penal en Estados Unidos hoy día”, dijo Piper de la DPA, señalando que además de detención y posible prisión, los consumidores de marihuana hacen frente a la pérdida de empleos, ayuda financiera para la universidad, beneficios federales y acceso a viviendas públicas de bajo coste.

Aunque reconociera que virtualmente el proyecto no tenía ninguna oportunidad de aprobación este año, Piper dijo a principios de la semana que hay que empezar en alguna parte. “La meta es plantear la cuestión y tener algo alrededor de que los militantes se puedan organizar”, dijo. “Pero apenas hacer introducir este proyecto es innovador en sí”.

También puede despegar en las asambleas legislativas por todos los EE.UU., dijo Piper. “Esto incentivará a legisladores estaduales a que introduzcan proyectos de ley parecidos. Esto también es algo que podemos aprovechar y emplear para hacer presión en las asambleas legislativas”, dijo.

“Se siente cada vez más en el Congreso que las prisiones están superpobladas”, dijo Dan Bernath, vocero del MPP. “Creo que estamos en, o cerca de, un momento decisivo y este proyecto es una buena manera de empezar a mellar nuestra legislación sobre la marihuana”, dijo. “Esto preparará el terreno para reformas considerables en las políticas de marihuana en los ámbitos estadual y municipal, así como para reformas federales significativas en el futuro”.

Si los reformadores creen poco probable que algo suceda este año, los burócratas antidrogas del gobierno federal estadounidense no querían arriesgarse. El Dr. David Murray, jefe de ciencia del Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas (ONDCP, por su sigla en inglés) de EE.UU., y dos asesores aparecieron en la rueda de prensa. Llegaron portando propaganda satinada del ONDCP y esperaban rebatir de inmediato cualquier afirmación de parte de los reformadores, pero parece que tanto la prensa como los partícipes del evento se quedaron más estupefactos con su aparición que interesados en lo que querían decir.