Reportaje: Corte Suprema sopesa argumentos sobre límites de la discreción judicial en la condenación

El martes, la Corte Suprema de los EE.UU. escuchó la argumentación oral en dos casos que ayudarán a clarificar cuánta discreción los jueces federales tienen en la condenación conforme a las normas federales de condenación. Cuando presentado, el fallo del tribunal puede impactar a decenas de miles de personas sentenciadas en los tribunales federales todos los años.

Aunque uno de los casos involucre a un hombre condenado según las leyes contra la piedra de cocaína, que castigan la piedra con mucho más severidad que el polvo de cocaína, la decisión de la corte no causará ningún impacto sobre las leyes federales de sentencias mínimas obligatorias de acuerdo con las cuales muchos infractores de la legislación antidroga están sujetos a largas condenas.

El consentimiento de la corte en escuchar los dos casos sobre las normas de condenación sucede mientras el experimento nacional de un cuarto de siglo de duración con la encarcelación en masa está bajo cada vez más presión. La población carcelaria se ha expandido casi diez veces, de 24.000 presos en 1982 para más de 200.000 este año, más de la mitad de los cuales es formada por infractores de la legislación antidroga bajo el régimen riguroso de normas de condenación y de sentencias mínimas obligatorias.

La Comisión de Penas de los EE.UU. está lista para reducir administrativamente la disparidad de las orientaciones respecto del polvo y de la piedra de cocaína el 1º de noviembre a menos que el Congreso tome providencias para bloquearlo, pese a que aún no haya decidido si va volver el cambio retroactivo o no. Aunque la propuesta de reducción sea más leve que la que los partidarios han pedido, si se pone retroactiva, ella puede ayudar a cerca de 19.500 personas que están presas actualmente, en específico aquellos que cumplen condenas más largas, con un promedio de 27 meses o puesta en libertad – 1.315 presos actualmente recibirían reducciones de sentencias de 49 meses o más. Por lo menos tres proyectos de ley que tratan de la disparidad han sido presentados en el Congreso. Y justo ayer, el senador Jim Webb (D-VA), integrante del Comité Económico Conjunto, realizó una audiencia llamada “Encarcelación en masa en los Estados Unidos: ¿A qué precio?”

La Corte Suprema tiró la estructura federal de condenación a una especie de caos judicial cuando, hace dos años, decidió en Booker vs. EE.UU. y un caso relacionado, EE.UU. vs. Fan Fan, que las normas federales de condenación - las cuales, durante las dos últimas décadas, habían limitado las decisiones condenatorias de los jueces a encontrar la casilla correcta en una cuadrícula de condenas – ya no eran más obligatorias, sino apenas accesorias. Desde entonces, tribunales de apelación y juzgados distritales federales han luchado para determinar qué quiere decir eso, con algunos jueces imponiendo sentencias que están debajo de las normas a veces, lo que, por su vez, ha sido anulado bajo recurso a veces.

Los dos casos delante de la corte representan aspectos distintos del dilema de la condenación federal. En Gall vs. EE.UU., Brian Gall fue condenado por asociación delictuosa para vender éxtasis en Iowa, pero en vez de sentenciarlo a los 30 a 37 meses de prisión sugeridos por las normas, su juez de condenación le dio libertad vigilada, señalando que él se había apartado de la asociación delictuosa años antes y había llevado una vida ejemplar desde entonces. Esa condena fue anulada por el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito en San Luis.

En Kimbrough vs. EE.UU., Derrick Kimbrough fue condenado por vender piedra y polvo de cocaína en Virginia. Citando el servicio militar de Kimbrough y la polémica a causa de la disparidad en las penas para los delitos relacionados con la piedra y el polvo de cocaína, el juez de primera instancia lo condenó a la sentencia mínima obligatoria de 15 años en vez de los 19 a 22 años sugeridos por las normas. Su condena también fue anulada, de esta vez por el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito en Richmond.

En Gall, el tribunal de apelaciones sostuvo que tal alejamiento “extraordinario” de las reglas exigía una justificación “extraordinaria”. En Kimbrough, el tribunal de apelaciones sostuvo que los jueces no podían rechazar una condena conforme a las normas en razón de su desacuerdo con las políticas condenatorias subyacentes.

El martes, en la argumentación oral en los dos casos, la corte mostró parte de la misma confusión y ambivalencia que sus fallos condenatorios anteriores han generado en los tribunales federales. La corte está entre dos metas aparentemente irreconciliables: asegurar sentencias parecidas para delitos parecidos y restaurar un poco de discreción a los jueces.

“Puede ser imposible lograr la uniformidad a través de las normas accesorias, por eso el Congreso las volvió obligatorias”, observó el ministro Antonin Scalia. Pero Scalia ha liderado el bloc de la corte que ha tomado providencias para deshacer el esquema de normas obligatorias federales.

El ministro Stephen Breyer, quien ayudó al autor de las directrices y sigue siendo su más fuerte defensor en la corte, acusó al abogado de Kimbrough, Michael Nachmanoff, de no ofrecerle a la corte una salida para su dilema después de haber insistido que Booker exigiría que los jueces recibieran una flexibilidad razonable. “Dices que o tenemos que volverlas [las normas de condenación] inconstitucionales”, dijo, “o hay que decir que todo vale”.

“Su opinión no es que todo vale”, salió Scalia en defensa de Nachmanoff. “Es que todo lo razonable vale”.

Eso llevó el ministro Anthony M. Kennedy a preguntar: “¿Cómo definimos ‘razonable’?” Y así el argumento dio vueltas.

Por su parte, el abogado del Ministerio de Justicia, Michael Dreeben, quien debatió los dos casos, discutió que el Congreso pretendía castigar la piedra de cocaína con más rigor que el polvo y los jueces deberían seguir la voluntad del Congreso. “Que un juez diga que el Congreso está loco”, dijo Dreeben, “es un ejemplo típico de factor condenatorio irrazonable”.

“Las directrices son apenas directrices. Son accesorias”, Scalia le devolvió, añadiendo que a veces las condenas eran demasiado largas.

Aunque el tenor de la argumentación oral sugiriera que un fallo favorable puede ocurrir, especialmente para Kimbrough, los observadores de la corte no querían especular. Pero sí quisieron hablar de lo que todo eso quiere decir.

“Todos están luchando” con el dilema de la condenación federal, dijo Doug Berman, profesor de derecho en la Facultad Moritz de Derecho de la Universidad Estadual de Ohío y autor de la bitácora Sentencing Law and Policy. “De manera prominente, están intentando descubrir qué hacer con este padrón opaco de sensatez”, dijo.

“Si la Corte Suprema revoca los fallos de los tribunales de circuito y sostiene los de los tribunales de primera instancia, dando énfasis a la discreción que los jueces de juzgado distrital tienen de reducir las sentencias debajo de las normas, eso puede causar un impacto considerable, especialmente sobre los que no tienen antecedentes penales y los demás con factores atenuantes”, dijo Berman.

“El debate nacional sobre las penas excesivas prescritas conforme a las directrices federales de condenación para delitos de poca monta por piedra de cocaína se ha infiltrado en el Congreso, en la comunidad de los partidarios y ahora en la Corte Suprema de los EE.UU.”, dijo Marc Mauer, director ejecutivo de The Sentencing Project. “Hay casi un acuerdo universal que dice que las sentencias actuales para los delitos de piedra de cocaína son injustas e ineficaces. Seguramente la providencia de la corte va a influenciar el debate sobre las políticas”, agregó.

“La consideración de la Corte Suprema de la magnitud de la discreción concedida a los jueces de condenación federal es un paso hacia crear un sistema condenatorio más justo”, dijo Mauer. “A la vista de los sucesos recientes en Jena, Luisiana, y las preocupaciones por la disparidad dentro del sistema de justicia, una nueva conciencia sobre la iniquidad y la ineficacia de nuestro sistema de justicia penal ha surgido”, prosiguió.

“Estos casos tienen que ser pensados con relación al panorama de condenas extraordinariamente largas para infractores de la legislación antidroga de poca monta”, dijo Berman. “Que el gobierno pueda argumentar que prender a Kimbrough por 15 años es irrazonablemente indulgente y que la duración de esa sentencia apenas sea cuestionada dan a entender que todos han bebido en las buenas fuentes de las directrices federales de condenación”, dijo.

Para algunos grupos muy interesados en la justicia en la condenación, lo que quiera que la Corte Suprema haga no será suficiente. “Sea lo que la corte decida, la verdadera solución para las sentencias injustas para el crack está en el Congreso”, dijo Mary Price, vicepresidenta y abogada general de la Families Against Mandatory Minimums. “Aun si la corte permite que los jueces eviten las sentencias injustas contra el crack exigidas por las normas, muchos reos aún serán condenados conforme a los estatutos injustos sobre las sentencias mínimas obligatorias. El Congreso cometió un equívoco al basar la condenación casi exclusivamente en un factor – la cantidad de la droga. Los jueces deberían poder condenar con base en todos los hechos sobre el reo y el delito, no solamente sobre la cantidad. Estos casos muestran por qué las leyes de sentencias mínimas obligatorias son imprudentes, innecesarias e injustas”.

Llega a ser más profundo que eso, dijo Chuck Armsbury de la November Coalition, un grupo antiprohibicionista que se concentra en libertar a presos de la guerra a las drogas. “Ninguna cantidad de jugueteo de la Corte Suprema con las normas de condenación puede asegurar un fin a las disparidades en la condenación”, dijo. “La mayor parte de la disparidad en las condenas se debe a reglas y resultados de acuerdos hechos por informantes, policías y fiscales que trabajan juntos en secreto. Los ministros probablemente no admitirán que no pueden determinar la equidad de los operativos de un sistema escondido”, discutió. “Arreglar este sistema arruinado significaría refrenar a policías, fiscales y el sistema de informantes que producen diferencias considerables en las condenas para delitos de drogas”.

Eso no va a suceder si la Corte Suprema no trata del cerne de la condenación rigurosa, dijo Armsbury. “Aun si vencen, los casos que están bajo revisión esta semana probablemente se sumarán a una larga cola de casos anteriores de la Corte Suprema que no corrigieron las prácticas condenatorias inicuas ni resultaron en la puesta en libertad de miles de personas presas por tiempo excesivo, cuya gran mayoría fue condenada por delitos de drogas”.

Con todo, si más reformas de las leyes federales durísimas sobre la condenación salen de estos dos casos, algunos reos por delitos de drogas recibirán sentencias más cortas y eso está bien. Pero, como señalan los críticos, no es suficiente. La apisonadora del encarcelamiento en masa ha estado acelerando a lo largo de décadas y va a ser necesario más que algunas decisiones de la Corte Suprema para lograr un cambio fundamental.