Necedades: El diputado Mark Souder es reprendido por su caracterización de los simpatizantes de la reforma de la HEA

En una tentativa de construir apoyo para retener su proyecto favorito, el dispositivo antidroga de la Ley de Enseñanza Superior [Higher Education Act], el diputado Mark Souder (R-IN) envió una carta Muy colega mío a todo el Capitolio. En ella, él acusaba las más de 500 organizaciones académicas, profesionales, religiosas, de los derechos civiles, de la adicción y rehabilitación y las demás que apoyan el pedido de revocación de la disposición de ser todas legalizadoras de las drogas.

Aunque no haya nada malo en ser un “legalizador”, la gran mayoría de esas organizaciones no se sitúa en esa categoría. Ahora, Souder está siendo reprendido por eso.

El dispositivo antidroga, más conocido como “Pena de Eliminación de la Ayuda”, les niega ayuda financiera durante períodos específicos de tiempo a estudiantes que tengan condenaciones por delitos de drogas. Inicialmente, ella se aplicaba a cualquier condenación por delitos de drogas en el pasado del estudiante, pero, con el apoyo de Souder – tal vez en orden a salvarla de las críticas unánimes –, ella fue enmendada el año pasado para que fuera aplicada solamente a delitos cometidos mientras el estudiante estaba matriculado en la facultad.

Como la posible revocación de la ley aguarda tramitación en el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara, Souder mandó una carta “Muy colega mío” que decía:

“Quería enterarlo de un dispositivo importante en la ley actual que está enfrentando la agresión de una coalición pequeña, pero determinada, de grupos de legalización de las drogas”, escribió Souder en la carta de 1º de noviembre. “Antes de ser bombardeados por los temas de conversación de dichos grupos, quería asegurarme de que todos comprendieran bien los hechos”, escribió.

Pero algunos de los grupos que Souder llamó legalizadores de las drogas querían ellos mismos comprender bien los hechos. En su carta a Souder, 16 de esas organizaciones le pidieron que retractara su declaración y solicitaban una reunión para explicarle directamente por qué eran contrarios a su ley.

“A nosotras, las organizaciones abajo firmantes, nos gustaría asegurarle que la coalición que apoya la revocación de la Pena de Eliminación de la Ayuda va mucho allende ‘grupos de legalización de las drogas’”, decía la carta. “La semana pasada, más de 160 organizaciones firmaron una carta a George Miller, presidente del Comité de Educación y Trabajo, y al integrante Buck McKeon que pedía la abrogación total, trayendo el número total de grupos opuestos a la pena a más de 500. Estas organizaciones representan un abanico amplio de intereses, inclusive las áreas del tratamiento y de la recuperación de la drogodependencia, derechos civiles, administración e ingreso universitarios, justicia penal, reforma legal y líderes de la fe. La mayoría abrumadora de signatarios de la carta al presidente Miller y al integrante McKeon no era a favor de la legalización de las drogas. En cuanto muestreo pequeño de tales organizaciones, nosotros, los abajo firmantes, queremos aclarar que la oposición al [dispositivo antidroga] no depende de ningún modo del apoyo a la legalización general de las drogas”.

Los signatarios de la carta fueron la Federación Estadounidense de Profesores, el Comité Estadounidense de Servicio de los Amigos, la Coalición de Escuelas Esenciales, la College Parents of America, la Sociedad de la Reconciliación, el Comité de Amigos sobre la Legislación Nacional, la Sociedad Internacional de Enfermeras sobre las Adicciones, la Asociación Nacional de Servidores Sociales, el Consejo Nacional sobre el Alcoholismo y la Drogodependencia, la Asociación Nacional de la Educación, la Red Nacional de Salud de la Mujer, la Asociación Nacional de Derechos de los Jóvenes, las Comunidades Terapéuticas de los EE.UU., la Unión por el Judaísmo de Reforma, los Sacerdocios de Justicia y Testigos de la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Metodista Unida-Junta General de la Iglesia y de la Sociedad y la Asociación de Estudiantes de los Estados Unidos.

Aunque algunos signatarios y organizadores clave de la Coalition for Higher Education Act Reform puedan ser llamados “legalizadores”, como aclara la lista arriba, no hay que ser legalizador para entender el impacto contraproducente de la ley de Souder.

Dentro de poco, se publicarán noticias en la DRCNet respecto del resultado de las enmiendas presentadas en el Comité de Educación y Trabajo el miércoles a altas horas de la madrugada.