Reportaje: Comisión de Penas de los EE.UU. pide otra vez que el Congreso arregle la disparidad en la condenación para la piedra y el polvo de cocaína

En su informe anual al Congreso, la Comisión de Penas de los EE.UU. ha pedido más una vez que los legisladores reduzcan las penas duras para los delitos federales de crack. Los pedidos anteriores de la comisión para arreglar la disparidad de 100:1 entre la cantidad de piedra y la cantidad de polvo de cocaína necesarias para provocar sentencias mínimas obligatorias o han sido ignorados o han sido desestimados por los Congresos anteriores. Falta ver si la mayoría demócrata en el Congreso permitirá que la reforma sea lograda este año.

Según la ley federal en vigor desde 1987, alguien acusado de tener cinco gramos de crack puede recibir una sentencia mínima obligatoria de cinco años. Por el otro lado, son necesarios 500 gramos de polvo de cocaína – cien veces la misma cantidad – para provocar la misma sentencia.

Aunque la Comisión de Penas no pueda promulgar cambios sola en la ley contra el crack – eso le toca al Congreso -, ya ha dado señales de su impaciencia con la inacción del Congreso. Hace poco más de dos semanas, la comisión ajustó las normas federales de condenación para los delitos de crack para que los infractores por crack cumplieran como término medio cerca de un año menos que bajo las antiguas orientaciones. Sólo esa medida dará un poco de auxilio a miles de presos federales por crack.

Pero el verdadero problema son las mínimas obligatorias severas para delitos federales de crack. La Comisión de Penas descubrió que:

1. Las penas actuales con base en la cantidad exageran la nocividad relativa de la piedra en comparación con el polvo de la cocaína;
2. Las penas actuales con base en la cantidad son muy vagas y se aplican, con mucha frecuencia, a los pequeños infractores;
3. Las penas actuales con base en la cantidad exageran la seriedad de la mayor parte de los delitos de crack y no proporcionan la proporcionalidad adecuada;
4. La severidad actual de las penas para el crack impacta, en su mayor parte, a las minorías.

“Con base en estos hallazgos”, dijo el informe, “la Comisión mantiene su posición consistentemente sostenida de que la proporción de 100 para 1 en la cantidad de drogas socava considerablemente los varios objetivos del Congreso expuestos en la Ley de Reforma de la Condenación [Sentencing Reform Act]”. Aunque señale que establecer los niveles mínimos adecuados es “una tarea difícil e imprecisa que, por ende, es una decisión de políticas”, no obstante, la Comisión instó “enérgica y unánimemente” al Congreso a adoptar las siguientes recomendaciones:

1. Aumentar las cantidades mínimas obligatorias y reglamentarias de cinco y diez años para los delitos de crack a fin de concentrarse con más atención en las penas contra los grandes traficantes de la forma descrita generalmente en la historia legislativa de la Ley de 1986;
2. Revocar el dispositivo de pena mínima obligatoria para la simple tenencia de cocaína según 21 U.S.C. § 844;
3. Rechazar tratar de la proporción de 100 para 1 en la cantidad de drogas disminuyendo las cantidades mínimas obligatorias y reglamentarias de cinco y diez años para los delitos de polvo de cocaína, ya que no hay pruebas para justificar dicho aumento en las penas para los delitos de polvo de cocaína con base en la cantidad (por ejemplo, no aumentar las condenas para el polvo de cocaína).

Los grupos que hace mucho han defendido la reforma de la disparidad en las condenas para el polvo y la piedra de cocaína y la remoción de las sentencias mínimas obligatorias reaccionaron con satisfacción mezclada con un poco de impaciencia. Han estado esperando mucho tiempo por las providencias en esta frente.

“Los presos, los niños y las familias destrozadas por estas penas injustificadamente duras están acompañando de cerca y acogerán bien las reformas en la condenación para el crack que restauren alguna justicia a las penas para el crack”, dijo Mary Price, vicepresidenta y abogada general de la Families Against Mandatory Minimums (FAMM, sigla en inglés). “Sólo el Congreso puede cambiar nuestras leyes de sentencias mínimas obligatorias severas contra el crack. Los legisladores no deberían desperdiciar la importante oportunidad presentada por la serie más reciente de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de Penas. Ya es hora de la reforma, especialmente dado el apoyo bipartidista a la reforma en las condenas para los delitos de crack que ha surgido en los últimos años”.

“La estructura actual de la condenación causa un impacto desproporcionado e injusto sobre las comunidades afroamericanas y de baja renta”, dijo Caroline Frederickson, directora de la Oficina Legislativa de Washington de la ACLU “y estamos animados que la Comisión de Penas de los EE.UU. haya reconocido más una vez este hecho. Pero 2007 es la cuarta vez en 20 años que la comisión ha lanzado dicho informe y el Congreso aún tiene que tratar del problema. Años de investigación médica y legal han mostrado que no hay ninguna diferencia apreciable entre el polvo y la piedra de cocaína y no hay justificativa para permitir que siga la vasta distancia entre ellos. Instamos al Congreso a dejar la política a un lado y tomar providencias ahora para arreglar esta política federal discriminatoria de condenación de los delitos de drogas”.

Pero no son los defensores de la reforma, sino los congresistas que van o no promulgar la mayor parte de las reformas. Aunque en el pasado el Congreso haya desestimado dichas recomendaciones de la Comisión, hay algunos indicios de que el apoyo a las reformas esté creciendo.

“La verdad es que ya es más que hora de reducir la disparidad entre las sentencias para la piedra y el polvo de cocaína”, le dijo el senador republicano Jeff Sessions a la National Public Radio, “porque las penas contra el crack son extraordinariamente duras – demasiado duras para ser justificadas como políticas públicas”. Sus colegas deberían hacerle caso a la Comisión, añadió Sessions. Sessions ya ha presentado un proyecto que reduciría la disparidad para 20:1.

Otro participante fundamental, el senador Patrick Leahy (D-Vermont), director del Comité del Senado sobre el Judiciario, le dijo a la publicación Daily Journal que los hallazgos del informe eran “un primer paso importante” en la corrección de la disparidad en las condenas. “Durante demasiado tiempo, las leyes federales de condenación de los delitos de piedra y polvo de cocaína han creado una injusticia en nuestro país”, dijo. Leahy dijo que espera que los fiscales federales se concentren más en los capos.

El senador Joe Biden (D-Delaware), que ha anunciado su candidatura para la propuesta presidencial demócrata de 2008, también ha dado su contribución. “Esta disparidad de 100:1 es injusta, inicua y ya debería haber sido deshecha hace mucho”, dijo Biden en un comunicado de prensa del martes. “La disparidad actual en las penas entre las dos formas de cocaína está basada en nociones falsas y lógica anticuada”, dijo el senador Biden. “El Congreso ha ignorado esta cuestión durante mucho tiempo. Pretendo presentar legislación para remediar la disparidad y ajustar el enfoque de las leyes federales de condenas contra los delitos de cocaína y los recursos federales en los capos del narcotráfico, como era la intención de la ley de 1986. Anhelo trabajar con mis colegas – republicanos y demócratas – e instarlos a apoyar el enderezamiento de este tuerto”.

“De hecho, hay apoyo en favor de reducir las disparidades”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Biden, Sessions y el senador Hatch [R-Utah] están todos trabajando en los proyectos y también Charley Rangel [D-Nueva York] en la Cámara”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “En los comités sobre el judiciario, hay cada vez más apoyo a hacer algo”.

Pero, Piper advirtió que el truco está en los detalles. “Ellos están de acuerdo que se necesita hacer algo, pero no estoy seguro si llegarán a un acuerdo sobre lo que necesita ser hecho. De ahí tendría que ser aprobado en votaciones en plenario y entonces tenemos que preguntarnos si Bush lo vetaría”, dijo. “Pero cuando la Comisión de Penas y destacados republicanos dan su aval en algo, los demócratas deberían envalentonarse. Eso muestra que es un esfuerzo bipartidista”.

Aun el Ministerio de la Justicia está flaqueando. Aunque Piper señalara que el ministerio ha tomado hace mucho la posición de que no había ningún problema, el vocero del ministerio, Bryan Sierra, le dijo al Daily Journal esta semana que la cartera está “dispuesta a discutir la disparidad en la proporción para la condenación entre piedra y polvo de cocaína”, pero añadió que el ministerio cree que “ello debería ser hecho en el contexto general de la reforma de las condenas”.

Por cuarta vez desde 1995, la Comisión de Penas ha instado al Congreso a tomar providencias para reducir la disparidad y llevar más equidad a la condenación. Ahora, está en las manos del Congreso.