Reportaje: DEA allana diez dispensarios de Los Ángeles al mismo día en que Consejo Municipal le pide que se quite

En lo que parece ser la última acción en una campaña cada vez más intensa de ataques contra los dispensarios californianos de marihuana medicinal, el miércoles la DEA allanó 10 dispensarios del área de Los Ángeles, confiscando marihuana, productos hechos de marihuana, dinero y dos armas. Las redadas sucedieron al mismo día en que el Consejo Municipal de Los Ángeles presentó una ordenanza para regularizar los dispensarios en la ciudad y aprobó una resolución que convoca a las autoridades federales a parar de procesar a los proveedores de marihuana medicinal que actúan legalmente conforme a la ley californiana.

Los allanamientos no sucedieron sin ser cuestionados, ya por funcionarios municipales, ya por activistas. Cuando los agentes de la DEA allanaron el Los Angeles Patients and Caregivers Group (LAPCG, sigla en inglés) en el Bulevar Santa Mónica, se enfrentaron a más de cien manifestantes, quienes bloquearon el acceso al edificio y cercaron los vehículos de la DEA para impedir que los allanadores se llevaran a la gente del dispensario. Cinco personas fueron arrestadas en ese incidente.

Un vocero de la DEA en Washington le dijo a la Crónica que cinco arrestos fueron hechos durante las redadas, pero parece que esos arrestos fueron de personas que tomaron parte en la desobediencia civil para protestar contra los allanamientos – no de dueños ni de empleados de los dispensarios.

“Algunas personas fueron arrestadas por desobediencia civil tras armar barricadas en la propia instalación porque los agentes federales estaban deteniendo a la gente adentro”, dijo Kris Hermes, director de comunicación del Americans for Safe Access (ASA, sigla en inglés), el grupo de defensa de la marihuana medicinal cuya rede de respuesta inmediata trae a manifestantes en respuesta a dichos allanamientos. “Contamos con por lo menos doscientas personas muy agitadas con lo que la DEA estaba haciendo y algunas de ellas decidieron obstruir a los agentes. La DEA fue impedida de poder procesar a aquellos que estaban adentro y, por eso, los pusieron en libertad”, dijo.

Los funcionarios municipales que habían presentado al mismo día una ordenanza que pedía una moratoria sobre los nuevos dispensarios en la ciudad mientras redacta normas que gobiernen su funcionamiento, pero que también le pedía a la DEA que parara de procesar a los proveedores de marihuana medicinal, también reaccionaron con enojo. El regidor municipal Dennis Zine, autor de la carta, llamó la agencia “valentones” en una rueda de prensa preprogramada que ocurrió mientras los allanamientos sucedían.

“Estoy muy perturbado que la Administración de Represión a las Drogas inicie una acción represiva contra instalaciones de marihuana medicinal en la ciudad de Los Ángeles durante una rueda de prensa respecto del apoyo del Consejo Municipal a una ordenanza de fiscalización interina para regularizar todas las instalaciones dentro de la ciudad”, dijo Zine. “Esta acción de la DEA es contraria al voto de los californianos quienes fueron abrumadoramente a favor de apoyar el consumo de marihuana medicinal de parte de aquellos que enfrentan enfermedades graves y mortales”, dijo. “La DEA necesita concentrar su atención y su acción represiva en los traficantes de drogas ilegales que están aterrorizando las comunidades en Los Ángeles”.

A pesar de las protestas nerviosas de pacientes, activistas y funcionarios electos, la DEA no se conmovió. “Se exige de la DEA que imponga la Ley de Sustancias Controladas [Controlled Substances Act]”, contestó la vocera lacónica, Rogene Waite, cuando indagada sobre la oposición que las redadas están engendrando. “No ha habido ningún cambio en nuestras políticas”, dijo ella cuando inquirida si los allanamientos hacían muestras de una nueva ofensiva.

Pero, a pesar de las protestas de la DEA, una escalada de la actividad de la DEA vuelta hacia los dispensarios parece evidente. Docenas de dispensarios han sido allanadas este año, inclusive 11 en Los Ángeles en enero. Cientos de casos de marihuana medicinal están pendientes en los tribunales federales en California. La semana pasada, la DEA y el Ministerio de la Justicia anunciaron que las incriminaciones de cuatro dependientes de dispensario, dos en el área de Los Ángeles, uno en San Luis Obispo y uno en Bakersfield. Y a principios de este mes, la DEA y el Ministerio de la Justicia revelaron una táctica nueva en su guerra contra la marihuana medicinal. Las autoridades federales en Los Ángeles enviaron una carta a docenas de caseros de dispensarios advirtiéndoles de que podían sufrir la confiscación de sus propiedades o aun acusaciones criminales si prosiguieran alquilando a dispensarios.

“Parece que la DEA está intensificando su campaña contra la marihuana medicinal”, dijo Hermes del ASA. “No hay sólo el número creciente de redadas en Los Ángeles, sino también las amenazas a los propietarios que escojan alquilar a proveedores de marihuana medicinal. Esto equivale a intimidación y es una última tentativa del gobierno federal de socavar la ley de marihuana medicinal del estado”.

“Es una escalada y muy asustadora”, dijo Bruce Mirken, director de comunicación del Marijuana Policy Project (MPP, sigla en inglés). “No pueden detener el ímpetu de la marihuana medicinal porque la verdad, el buen sentido y la decencia están con nosotros, pero, mientras tanto, pueden infligir mucho sufrimiento a mucha gente”.

Para el director de la NORML California, Dale Gieringer, los allanamientos son como los últimos movimientos de la cola de un dinosaurio moribundo. “Es una acción de resistencia de la DEA”, dijo. “Persiguieron el corazón del activismo responsable del cannabis medicinal al perseguir el grupo California Patients and Caregivers. La gente se reunía ahí para tratar responsablemente de la cuestión de los dispensarios. Esto es una ofensa a Los Ángeles y creo que la gente allí va a terminar tan enojada como ya están en Alta California”, predijo.

Con todo, dijo Gieringer, los allanamientos no detendrán los dispensarios. “Ya hay 400 de ellos por todo el estado, quizá, ¿quién sabe?” dijo. “Si la DEA está intentando suprimir los dispensarios, han llegado varios años demasiado tarde”.

La batalla entre los represores federales de las drogas y el pueblo, los pacientes y los funcionarios electos de California por la marihuana medicinal continúa. El Congreso podía haberle bajado los humos a la DEA aprobando la enmienda Hinchey-Rohrabacher, que habría cortado la financiación federal para las redadas, pero escogió no hacerlo el miércoles por la noche, justo horas después que los últimos allanamientos sucedieron. Eso significa que, al menos por el momento, le toca al pueblo de California protegerse a sí mismo.

Los defensores de la marihuana medicinal y compañeros activistas tomarán providencias para hacerlo el viernes. El ASA ha convocado manifestaciones contra los allanamientos por todo el estado el viernes por la mañana. La desobediencia civil ya ha estallado en el Bulevar Santa Mónica. Quizá haya más en el futuro.