Reportaje: Marihuana medicinal – Un informe de progreso

Poco más de una década después que los electores californianos aprobaron la Proposición 215 en 1996, convirtiéndolo en el primer estado a aceptar el consumo de marihuana medicinal, el movimiento sigue su difusión demorada por todo el país. Ahora, la marihuana medicinal es legal en 12 estados (con grados variantes de protección) y cerca de 50 millones de personas – o cerca de uno en cada seis estadounidenses – viven en ellos.

En la Costa Pacífica, la marihuana medicinal es legal de la frontera canadiense a la mexicana (Washington, Oregón, California) y también en Alaska y Hawai. En el Oeste montañoso, a Colorado, Montana y Nevada se sumó Nuevo México en cuanto estados en que la marihuana medicinal es legal. El otro semillero regional de la marihuana medicinal es el Noreste, donde Maine, Rhode Island y Vermont permiten su consumo y sólo un veto de la gobernadora republicana Jodi Rell impidió a Connecticut unirse a esas filas este año.

Aunque pueda ser un poquito exagerado decir que hay un movimiento de pinzas con miras al centro del país, la marihuana medicinal está en marcha. Además de los 12 estados en que ella es legal, una serie de otros estados, inclusive Illinois, Minnesota, Missouri, Nueva Yérsey y Nueva York, ha presenciado progreso en las legislaturas estaduales y está acercándose de la aprobación de la marihuana medicinal. Mientras tanto, una iniciativa sobre la marihuana medicinal está poniéndose en proceso en Michigan y los activistas están observando campañas por iniciativas parecidas en un puñado de otros estados.

Pero al mismo tiempo, el gobierno federal sigue firmemente contrario a la marihuana medicinal. El Ministerio de la Justicia y la Administración de Represión a las Drogas (DEA, sigla en inglés) siguen acosando a pacientes y proveedores, especialmente en California, donde una Proposición 215 permisiva ha resultado en la escena más abierta de marihuana medicinal en el país. Aunque la DEA, que a veces trabaja con agentes tercos de las fuerzas de seguridad estadual y municipal, haya estado allanando dispensarios durante años, esta semana la agencia reveló una nueva táctica contra ellos: Mandó cartas a docenas de propietarios del área de Los Ángeles que alquilaban espacios para dispensarios, amenazándoles de confiscación civil y posible demanda criminal si siguieran alquilando para lo que la DEA considera ser organizaciones criminales del narcotráfico.

Igualmente, el Gabinete de Política National de Control de las Drogas (ONDCP, sigla en inglés) manda regularmente sus tropas antidisturbios para intentar derrotar las leyes e iniciativas sobre la marihuana medicinal en el ámbito estadual. La DEA, la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, sigla en inglés) y el Ministerio de Sanidad y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) intentan impedir la investigación independiente sobre los consumos terapéuticos del cannabis y botar cualesquier obstáculos que puedan imaginarse en el camino de la marihuana medicinal.

Pero el gobierno federal está sufriendo la ofensiva de los defensores de la marihuana medicinal, la cual viene de diversos ángulos distintos. En el Congreso, la ley más importante acerca de la marihuana medicinal es la enmienda Hinchey-Rohrabacher, que prohibiría el uso de fondos federales para perseguir a pacientes y proveedores en estados en que ella sea legal. Se esperan audiencias y una votación en la Cámara sobre la Hinchey-Rohrabacher en una o dos semanas. Aunque la aprobación no parezca ser probable este año, los simpatizantes esperan obtener votos y acercarse cada vez más de la mayoría necesaria.

Mientras tanto, hay tres cuestionamientos legales de la línea dura federal respecto de la marihuana medicinal:

• Auxiliado por la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS, sigla en inglés) y el Proyecto de Reforma de la Ley sobre las Drogas de la ACLU, el investigador de la Universidad de Massachusetts-Amherst, el Dr. Lyle Craker, interpuso una demanda contra la DEA en una tentativa de romper el monopolio gubernamental sobre la producción de marihuana medicinal para fines de pesquisa. En febrero, una jueza de derecho administrativo de la DEA decidió que la solicitud de Craker sería “de interés público”. La DEA está recurriendo de esa decisión;
• Aparentemente actuando a partir de la idea de que la mejor defensa es un buen ataque, la organización de defensa de la marihuana medicinal Americans for Safe Access (ASA, sigla en inglés) interpuso una demanda contra el HHS y la FDA por su posición de que “la marihuana no tiene ningún valor medicinal reconocido”. Usando la Ley de Calidad de los Datos [Data Quality Act] poco conocida, la cual ordena que las agencias federales instauren políticas con base en la ciencia sensata, el ASA presentó una demanda en febrero, dos años después de hacer peticiones infructíferas en las agencias. Ayer, un juez federal escuchó los argumentos en una solicitud gubernamental de sobreseimiento del caso. Una solicitud del ASA de juicio sumario será escuchada el próximo mes;
• Una petición de 2002 para reclasificar la marihuana como droga de Clase III, IV o V, presentada por el académico y activista pro marihuana, Jonathan Gettman, que ha estado languideciendo durante años, aguarda una respuesta del gobierno este mes. La ley federal actual considera la marihuana una droga de Clase I sin valor medicinal reconocido.

Claramente, el movimiento pro marihuana medicinal está intentando hacer progreso en muchos frentes y aunque los grupos dispares que lo forman puedan estar de acuerdo, no siempre concuerdan en todo. Con un movimiento que incluye grupos como el Marijuana Policy Project (MPP, sigla en inglés) y la National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML, sigla en inglés), que buscan el fin de la prohibición de la marihuana de una vez, y grupos como la Drug Policy Alliance (DPA, sigla en inglés), que busca una reforma más amplia de las políticas de drogas, así como organizaciones como el ASA y la Patients Out of Time (POT, sigla en inglés), que se concentran exclusivamente en la marihuana medicinal, no es ninguna sorpresa que, aunque exista un acuerdo estratégico general, haya diferencias tácticas.

“Aunque aceptemos la estrategia de la mayoría que trabaja dentro del movimiento, o sea, cambiar la ley y proporcionar a los pacientes sus medicamentos, no siempre estamos de acuerdo con las tácticas”, dijo Al Byrne, vocero de la Patients Out of Time, que se ha concentrado en la concienciación del público y, especialmente, en la profesión médica sobre la marihuana medicinal. “Necesitamos dejar que los educadores lideren el movimiento al futuro, no cabilderos, abogados y legisladores”, argumentó. “Coger los estados uno por uno vale la pena, pero después de un tiempo se pone medio redundante. No creemos que vamos a ver cambios considerables de verdad hasta que la comunidad de la medicina reconozca la marihuana como medicamento”.

El cambio considerable puede y vendrá precisamente de abogados, cabilderos y legisladores, dijo Dan Bernath, vicedirector de comunicación del MPP. “Probablemente habrá una votación en la [enmienda] Hinchey-Rohrabacher en una o dos semanas y creemos que vamos a obtener 20 votos por lo menos”, dijo.

Pero como la enmienda había logrado 163 votos el año pasado, más un par de docenas de votos aún la dejaría lejos de los 218 necesarios para asegurar la aprobación en la Cámara. “No es probable que suceda este año”, reconoció Bernath, “pero es importante que sigamos construyendo el ímpetu para el futuro. Cuanto más seguro les parezca a los políticos, tanto más fácil es que voten a favor de ello”.

La incapacidad de aprobar la Hinchey-Rohrabacher en el Congreso hasta el momento prueba lo que quiere decir, dijo Byrne. “Esto sólo muestra la debilidad y la ineficacia de lo que están haciendo”, debatió.

Aunque la aprobación de la Hinchey-Rohrabacher no cambie las leyes federales sobre la marihuana, protegería eficazmente a los pacientes, dijo Bernath. “Si el Ministerio de Justicia pierde los fondos para perseguir la marihuana medicinal en los estados, eso sería 100% protección para los pacientes”.

Aunque apoye la Hinchey-Rohrabacher, el ASA fue rápido en señalar que la salvaguardia proporcionada por ella sólo se aplicaría a pacientes en estados en que la marihuana medicinal es legal. “Para ciertas organizaciones reformadoras y defensoras de las políticas de drogas, la enmienda Hinchey ha sido causa de convergencia para el cambio”, dijo el vocero del ASA, Kris Hermes, “pero seguramente no es lo más importante. Desdichadamente, ello protegería a los pacientes y proveedores solamente en aquellos 12 estados, pero no trata mucho de las preocupaciones de médicos, pacientes y proveedores en el resto del país”.

Hermes dijo que las demandas federales son más prometedoras para el ASA. “La decisión de la jueza de la DEA en el caso Craker seguramente contribuye con el coro creciente de apoyo a hacer más investigaciones sobre el asunto”, debatió. “Y si podemos ganar nuestro caso contra el HHS y la FDA, eso sólo aumentaría la presión sobre la posición del gobierno de que la marihuana no tiene ningún valor medicinal”.

Lograr más victorias respecto de la marihuana medicinal en el ámbito estadual no es algo redundante para el MPP. Obtener el cambio en el ámbito federal exigirá que más estados estén conformes con la marihuana medicinal, dijo Bernath. “La manera por la cual el cambio sucederá es que cuando un número suficiente de estados adopte sus propias leyes acerca de la marihuana medicinal, el gobierno federal ya no podrá más ignorarlo”.

Para ese fin, el MPP seguirá haciendo presión por la aprobación de leyes estaduales sobre la marihuana medicinal, a veces a través del proceso de iniciativas y de referendos y a veces mediante el proceso legislativo. En Illinois, Minnesota, Nuevo Hampshire y Nueva York, la legislación respecto de la marihuana medicinal logró un poco de tracción este año. “El año que viene, podemos reanudar las labores de donde paramos”, dijo Bernath.

El director ejecutivo de la DPA, Ethan Nadelmann, cuya organización está trabajando en proyectos de ley sobre la marihuana medicinal en Connecticut y Nueva Yérsey, fue rápido en añadir aquellos estados a la lista. La DPA ve más beneficios que costas en los esfuerzos legislativos que en las iniciativas, dijo. “Las campañas legislativas cuestan caro, pero no tanto como las iniciativas electorales, y tienen la ventaja de generar muchísima cobertura gratuita de los medios”, dijo. “Ya que una gran parte del esfuerzo por la marihuana medicinal se trata de concienciar el público, cuanto más audiencias se tenga y más cobertura mediática ellos generen, tanto mejor”.

Bernath también señaló el comprometimiento del MPP en una campaña de iniciativas pro marihuana medicinal en Michigan que justo se está poniendo en marcha y sugirió que puede haber más iniciativas en otros estados. “Las encuestas lucen muy bien en Arizona, Idaho y Ohío”, dijo.

“En esto el MPP y la DPA tienen filosofías ligeramente diferentes”, dijo Nadelmann. “Espero que la iniciativa de Michigan venza y sería útil que lo hiciera, pero en cuanto a la asignación de recursos, soy escéptico respecto del valor añadido de gastar todo ese dinero para lograr más un estado. Pero ésa es una decisión fundamentada”, añadió.

El director ejecutivo de la NORML, Allen St. Pierre, distinguió entre los estados que reconocían la marihuana medicinal a través del proceso de iniciativas y aquellos que la aceptaban mediante el proceso legislativo. “Las iniciativas cubrían un número más grande de partes interesadas y son más funcionales que las leyes consiguientes, que son muy estrictas en alcance, sirven a menos interesados y no han cambiado la dinámica federal de la representación de esos estados en Washington”, discutió. “Si se echa un vistazo a quienes están apoyando la Hinchey-Rohrabacher, se verá que son las delegaciones de los estados del Oeste y de las Montañas Rocosas donde el apoyo es el más fuerte – los estados en que la marihuana medicinal surgió a través del proceso de iniciativas”.

Por el otro lado, admitió St. Pierre, los estados que han legalizado la marihuana medicinal a través del proceso legislativo tienen menos problemas con las fuerzas de seguridad recalcitrantes. “En grandes partes de estados con iniciativas como California, Washington y Oregón, la policía simplemente ignora la ley”, observó. “Pero, cuando un proyecto de ley sobre la marihuana medicinal es aprobado por la legislatura, las fuerzas de seguridad son parte del proceso. La policía debe tener voz. Perdieron, pero por lo menos estaban en la mesa”.

Hace once años, ningún paciente era protegido por leyes estaduales de marihuana medicinal. Ahora, unos 50 millones lo son y eso es progreso. Pero, también significa que unos 250 millones de estadounidenses siguen sin la protección de dichas leyes y, a pesar de adelantos provisorios en el Sur y en el Medio Oeste, hoy día esas áreas siguen sin ninguna ley por el estilo. En los últimos años, se ha hecho progreso, pero a un paso dolorosamente lento. Quizá eso cambie el año que viene, ya que una serie de estados considera sancionar proyectos de ley sobre la marihuana medicinal.

Y tal vez las cosas cambien en el ámbito federal el año siguiente, especialmente si los demócratas extienden y profundizan su control del Congreso. Pero, en esta coyuntura, los únicos cambios federales probables sucederán si una de las demandas resulta victoriosa y eso quiere decir regresar a los estados e ir de asamblea en asamblea o de votación popular en votación popular infligiendo daños a la prohibición de la marihuana.