El martes, un juez del Tribunal Superior de California rebatió una tentativa de la ciudad de Santa Bárbara de deshacer las polÃticas municipales ordenadas por los votantes de volver la imposición de las leyes contra el consumo de marihuana la menor prioridad legal de la ciudad. Los electores aprobaron la ley, conocida como Medida P, el noviembre último con más de 65% de los votos, pero funcionarios municipales recalcitrantes interpusieron una demanda contra la activista local Heather Poet, la defensora manifiesta de la iniciativa, en un intento de anular la medida.
La ciudad discutió que la ley deberÃa ser revocada porque interferÃa en la imposición de la ley estadual y federal sobre la marihuana, pero el juez Thomas Anderle discordó, sobreseyendo el caso. âNada en [la Medida P] prohÃbe la imposición de la ley estadual... Los oficiales de la policÃa aún pueden arrestar a aquellos que infrinjan las leyes de tenencia de drogas en su presencia. Los electores simplemente los han instruido que tienen trabajo de mayor prioridad que hacerâ, dijo él en su fallo. âSanta Bárbara está libre para negarse a imponer los estatutos penales federalesâ, añadió. âDe hecho, la Décima Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohÃbe el gobierno federal de emplear âa su servicio â y sin ningún costo para sà â a los policÃas de los 50 estadosââ.
El juez Anderle también citó la prohibición de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, sigla en inglés) de California, que impide a los funcionarios procesar a individuos por sus actividades polÃticas. Pese a que la ciudad afirmara en los documentos judiciales que procesó a Poet sólo porque necesitaba a alguien contra quien interponer una demanda para cuestionar la ley, Anderle descubrió que el pleito se originó de âsu derecho constitucional a participar del proceso de formular leyesâ, y, por lo tanto, infringÃa la ley acerca de las demandas SLAPP.
âLa decisión de hoy dÃa es una gran victoria para el proceso democrático y una afirmación resonante del derecho de los electores a quitar la prioridad de la represión a la marihuanaâ, dijo Adam Wolf, abogado del Proyecto de Reforma de la Ley sobre las Drogas de la ACLU, que representó a Poet en los trámites y presentó la solicitud de sobreseimiento exitosa. âEl pueblo de Santa Bárbara preferirÃa que las fuerzas de seguridad locales se concentraran en combatir la delincuencia de verdad a fiscalizar el consumo de marihuana. La decisión de hoy dÃa confirma que los votantes pueden tomar esta decisión fundamentalmente local respecto de la seguridad de su comunidadâ.
âFue aterrador ser procesada por mi propio gobierno y por un instante fugaz me hizo sentir que quizá no debiera haberme involucrado en el proceso democráticoâ, dijo Poet. âPero esta decisión me prueba que sà tenemos una voz y que nunca deberÃamos tener miedo de usarla. También afirma que la gente en Santa Bárbara y por todos los Estados Unidos puede proteger a sus comunidades haciendo que la policÃa se centre en la verdadera delincuencia en lugar de las infracciones por marihuanaâ.
La Medida P hace âinvestigaciones, citaciones, arrestos, confiscaciones de propiedad y procesos por infracciones adultas por marihuana, en que se tenÃa miras al consumo adulto personal, la menor prioridad legal de la ciudad de Santa Bárbaraâ. Por lo menos seis otras jurisdicciones californianas han promulgado iniciativas de menor prioridad legal como parte de un esfuerzo general para acabar con la prohibición de la marihuana en el estado.
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