Esta semana, la Campaña Mediática Antidroga Nacional para los Jóvenes del Gabinete de PolÃtica Nacional de Control de las Drogas (ONDCP, por la sigla en inglés) recibió un duro golpe cuando el Congreso finalizó el presupuesto para el año fiscal 2008 y el Distrito de Columbia ganó el derecho de gastar su propio dinero en programas de cambio de jeringas, pero cuando se trata de la imposición de la ley contra la droga, el Congreso aún no sabe como decir que no. En cambio, financió aumentos en algunos programas y restauró cortes presupuestarios del gobierno Bush en otros.
âSeguro que es una mezcolanzaâ, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance (DPA, por la sigla en inglés). âEllos cortan los comerciales antimarihuana, pero, al mismo tiempo, le dan un montón de dinero a la represión legal. Hubo algunos recortes en las laterales, pero el Congreso no hizo nada con respecto a alterar fundamentalmente la ruta de la guerra a las drogasâ.
El presupuesto del Ministerio de Justicia de los EE.UU. fue la fuente de gran parte, pero no de la totalidad, del financiamiento federal de la imposición de la legislación antidroga, incluso:
- $2.1 billones para la Administración de Represión a las Drogas (DEA, por la sigla en inglés), un incremento de $138 millones con relación a 2007 y $53 millones más que pidió el gobierno Bush;
- $2.7 billones en subvenciones a las agencias de seguridad estaduales y municipales para la prevención a la criminalidad, incluso las Subvenciones Byrne de Auxilio a la Justicia, que financian la legión de destacamentos antidrogas municipales que actúan en varias jurisdicciones. Son $179 millones menos que en 2007, pero el gobierno Bush habÃa pedido apenas mitad de eso;
- $587 millones para el programa Servicios de Vigilancia PolicÃaca Orientados hacia la Comunidad (COPS, por la sigla en inglés), $45.4 millones más que el año pasado. El gobierno Bush habÃa propuesto cortar el programa para casi cero.
âDurante el año entero, parecÃa que los demócratas iban a intentar restaurar parte de los cortes de años anteriores y lo hicieronâ, dijo Piper de la DPA. âPor un lado, los demócratas dicen que quieren parar de encerrar a tanta gente, pero, al mismo tiempo, están aprobando fondos como si nada para la represión legal y eso apenas perpetúa el problemaâ, agregó, citando el reciente informe del Justice Policy Institute que muestra que cuanto más dinero es destinado a las agencias de seguridad, tanto más personas son arrestadas por delitos de drogas y tanto más grande es la proporción de negros y morenos presos por delitos de drogas.
El corte en el financiamiento para la campaña mediática muy ridiculizada del ONDCP fue un candelero para la DPA, la cual, junto con el Marijuana Policy Project (MPP, por la sigla en inglés), ha estado haciendo presión durante los tres últimos años para estrangular el programa. Este año, a los dos grupos se sumó el Students for Sensible Drug Policy (SSDP, por la sigla en inglés) en el Capitolio y todos ellos aclamaron la victoria al menos parcial sobre la financiación para la campaña mediática.
En varios estudios federales, la campaña mediática ha sido declarada ineficaz â y, a veces, aun perversa, en el sentido de que algunos estudios han descubierto que la exposición a la campaña vuelve el consumo de drogas entre adolescentes más, no menos, probable. Entre ellos está una serie de informes de Westat encargada por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas y una revisión del Tribunal de Cuentas de los EE.UU. de los estudios Westat.
âSon $60 millones más que el programa deberÃa estar recibiendo, pero es una reducción considerable y estamos contentos de veras con esoâ, dijo Tom Angell, director de relaciones gubernamentales del SSDP. âLa evaluación financiada por el gobierno federal muestra que, en realidad, ella hace que los adolescentes consuman más drogas, no menos. En el análisis más objetivo, el programa simplemente no está funcionando. No deberÃamos gastar ni un solo centavo del dinero del contribuyente en esoâ, dijo.
âEs un paso en la dirección correctaâ, dijo Bruce Mirken, director de comunicación del MPP. âLas campañas publicitarias del secretario antidroga se han basado bastante en la desinformación y en la exageración y cualquier cosa que las reduzca es algo bueno. Visto que el secretario antidroga ha hecho muestra que no tiene ningún interés en realizar una concienciación adecuada y fáctica sobre las drogas, el nivel ideal de financiamiento serÃa cero, pero nos estamos acercandoâ, dijo.
âEn su apogeo, la campaña publicitaria estaba recibiendo $200 millones al año y ahora la hemos rebajado a $60 millonesâ, dijo Piper de la DPA. âAgradecidamente, el diputado Serrano y los demás demócratas tuvieron el coraje de cortar esta campaña necia e ineficiente. Hemos estado haciendo presión para estrangularla de una vez, pero es muy difÃcil cortar un programa pura y simplemente, ni hablar de estrangularlo de un tirón. Tenemos que hacerlo a pasos cortosâ, dijo.
La preocupación del Congreso respecto a los operativos mediáticos del ONDCP también se manifestó en otra sección de la ley de presupuestos que restringe a ello y a otras agencias federales de producir lanzamientos de noticias en vÃdeo (hechas como âartÃculos de noticias preempaquetadasâ para telediarios locales) a menos que sean tachados por ser financiados por esa agencia. En un informe del Tribunal de Cuentas de los EE.UU. (GAO, por la sigla en inglés) que examinaba los lanzamientos de noticias en vÃdeo del ONDCP, el observatorio del gobierno los calificó como âpropaganda encubiertaâ.
Además, como parte de la ley general de presupuestos, el Distrito de Columbia se ha conseguido el derecho de gastar su propio dinero en programas de cambio de jeringas, de lo que habÃa sido prohibido por los congresistas conservadores. Pero el Congreso no llegó a deshacer la cláusula adicional de 1998 de autorÃa del diputado Bob Barr, el entonces luchador antidroga, que impidió al Distrito promulgar una ley sobre la marihuana medicinal aprobada por los electores.
Total, como dijo Piper, âuna mezcolanzaâ. Los reformadores de las polÃticas de drogas lograron un puñado de luchas, pero la apisonadora de la guerra a las drogas sigue adelante y el dinero federal llueve sobre la imposición de la legislación antidroga como una ducha perenne. Y esos recursos federales financian la máquina estadual y municipal de la lucha contra la droga donde la mayor parte de la acción sucede.
âEl Congreso necesita parar de pagar a estados para que hagan cosas malasâ, dijo Piper. âLa guerra a las drogas se autoperpetúa pues los estados no tienen que pagar las costas totales; los federales las subsidian, entonces los estados tienen poco incentivo para la reforma. Pero la gran mayorÃa de los arrestos por delitos de drogas es hecha por los estados y ellos deberÃan tener que pagar el importe total de la policÃa y las prisiones y todos esos dispendios que acompañan la guerra a las drogas. Hasta que eso ocurra, va a ser difÃcil lograr la reforma en el ámbito estadual, por eso es tan triste que los demócratas estén deshaciendo algunos de esos cortes que Bush hizoâ.
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