Editorial: Los Allanamientos Antidrogas como Campañas Publicitarias y Electoreras Financiadas por los Contribuyentes

David Borden, Director Ejecutivo, 20 de Octubre de 2006

Hoy día, uno de los artículos era un informe de Colorado de una enorme redada de marihuana. El gabinete de la DEA y la Fiscalía de Denver anunciaron que habían capturado a 38 traficantes y realizaron una rueda de prensa para jactarse de eso.

La ocasión fue cuestionada por el grupo Safer Alternative for Enjoyable Recreation (SAFER), los defensores de una iniciativa de legalización de la marihuana en las elecciones estaduales del próximo mes. El comunicado de prensa de SAFER llamó la conferencia de prensa de “un evento político orquestado”, implicando que, en realidad, al escenificar esta aprehensión a esta altura y darle publicidad, los guerreros antidrogas locales estaban intentando influenciar las elecciones que empiezan 19 días después, con la votación anticipada empezando apenas cuatro días después. (La SAFER también señaló que hay listados en Denver para por lo menos 347 traficantes de alcohol – una droga más peligrosa que la marihuana de acuerdo con la SAFER y según cualquier otra lectura razonable científica sobre la cuestión.)

En mi opinión, la opción del momento abre sospechas sobre la motivación de los impositores. ¿Los agentes de Colorado usaron el pretexto de una redada de drogas para conducir en realidad una campaña mediática/publicitaria/electorera a costa de los contribuyentes (así como a costa de la gente presa)?

Si ése fuera el caso, no sería la primera vez que algo así sucede. En 1991, me dicen, el tribunal federal en Charlottesville, Virginia, corría el riesgo de ser cerrado por motivos presupuestarios, siendo que sus operaciones serían incorporadas a otras instalaciones cercanas. Entra la “Operación Equinoccio” [Operation Equinox], que presenció la detención de 12 integrantes de una fraternidad bajo acusaciones de delitos de drogas. El tribunal tuvo publicidad y una aparente razón de ser y actualmente sigue vivo y prosperando.

Este año en California, ellos fueron francos y dijeron lo que estaban haciendo. Un comunicado de prensa de Julio del gabinete del Fiscal General Locklyer sobre cómo “44 destacamentos liderados por la Agencia de Represión a los Narcóticos del Departamento de Justicia de California... arrestaron a por lo menos 115 individuos y confiscaron por lo menos $11,9 millones en drogas como parte de una barredura de un día de la criminalidad en todo el país”, declaró que la operación “promovió la continuación de la financiación del programa Subvenciones Byrne de Asistencia a la Justicia que apoya la ley antidroga municipal y estadual. El programa financiado federalmente ha sufrido cortes profundos durante los últimos años”.

En el negocio de la abogacía, cuando presentamos eventos publicitarios que esperamos que afecten el proceso legislativo, eso es considerado hacer presión. ¿Estos 38 ciudadanos de Colorado, 115 de California y los 12 integrantes de fraternidad de la UVA y los demás en numerosas otras ocasiones eran peones en los juegos políticos jugados por la gente que detiene el poder de encarcelar? Eso puede ser difícil de probar, pero está bien claro que esa dinámica existe y a veces no es tan difícil de probarla. De hecho, el fiscal que busca procesos de alta visibilidad y grandes números de condenaciones para incrementar su carrera política es una criatura famosa y una de las más poderosas en el gobierno.

Esperemos que esta táctica odiosa salga por la culata de los agentes de Colorado -- ¡el 07 de Noviembre!