Reportaje: En el Chapare boliviano, la política “coca sí; cocaína no” de Evo Morales trae la paz, si no la prosperidad

Durante más de dos décadas a partir de principios de los años 1980, varios gobiernos bolivianos que trabajaban a mando del gobierno de los Estados Unidos adoptaron una política de erradicación forzada de los cultivos de coca en el Chapare de Bolivia, una región llana en la provincia de Cochabamba. Era una época de lucha y conflicto, violaciones de los derechos humanos y movilizaciones campesinas mientras decenas de miles de familias dependientes de la coca luchaban contra la policía y los soldados, cortaban rutas, y, por fin, se unieron en una fuerza política poderosa que ayudó a derrocar gobiernos. Ahora, con un líder del sindicato cocalero del Chapare, Evo Morales, en la residencia presidencial en La Paz, los tiempos han cambiado y los días de una política de “coca cero” impuesta por los EE.UU. quedaron en el pasado.

Según la legislación impuesta por los EE.UU. y adoptada en 1988, la Ley 1008, sólo los campesinos en la región cocalera tradicional de las Yungas tenían permiso para cultivar la coca y la producción total de coca estaba limitada a 30.000 acres. Pero eso no impidió a los campesinos de cultivar la coca en el Chapare, donde, a principios de los años 1980, la producción habría florecido durante los años del “golpe de la cocaína” del general Luis García Mesa. El desarrollo de la producción de coca en esta área no tradicional y no autorizada era el blanco más importante de los esfuerzos de erradicación respaldados por los EE.UU. durante todos los años 1990 y principios de esta década.

Consecuentemente, las violaciones de los derechos humanos de fuerzas antidrogas entrenadas y financiadas por los EE.UU. estaban desenfrenadas. “Durante este período, yo recibía un promedio de 10 denuncias por día de los cocaleros”, dijo el ex defensor del pueblo del Chapare, Godofredo Reinecke. “Asesinatos, estupros, robos, agresiones, todo eso, cometidos por soldados y policías contra los cocaleros”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas esta semana.

Ahora las cosas son diferentes. Aunque los soldados permanezcan en el área, una fuerza especial de la policía asignada al área para impedir los cortes de ruta y demás rebeliones ha sido retirada a instancias de los EE.UU. – porque no tenía nada que hacer. Las rebeliones campesinas se han terminado, los cortes de ruta son historia y las violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad han caído abruptamente. Hay paz en el Chapare y eso sucede a causa del abandono de la política “coca cero”.

A decir verdad, el cambio empezó en 2004, antes que Morales fuera electo presidente, cuando el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada firmó un acuerdo con los cocaleros alineados con las Seis Federaciones de los Cocaleros del Trópico de Cochabamba que permitía que cada familia cultivara un cato (1.600 metros cuadrados – cerca del tamaño de un tercio de una cancha de fútbol americano) de coca.

Pero como parte de una política general de “coca sí; cocaína no” adoptada por Morales desde que asumió el cargo hace poco más de un año, en realidad el gobierno boliviano ha dado la espalda al límite de 30.000 acres para la producción legal, permitiendo formalmente ahora más 20.000 acres en el Chapare para que sean cultivados con coca. Pero aunque dichas medidas hayan llevado la paz a la región, ella sigue enlodada en la pobreza y en el desespero, como la Crónica de la Guerra Contra las Drogas presenció durante una visita allí esta semana.

En un terrenito cerca de Villa Tunari en el Chapare, la agricultora Vitalia Mérida cultiva la coca, junto con naranjas y plátanos, en un intento de alimentar y vestir a sus siete hijos. La situación está difícil, dijo ella. “Mis hijos no quieren ir a la escuela por razones económicas”, le dijo ella a la Crónica. “Ellos quieren salir y ganar dinero”. Sus naranjas y plátanos traen sólo una miseria, dijo, en tanto que su cato de coca le permite embolsar cerca de $75 por mes, totalizando cerca de $900 por año – suma próxima a la renta mediana en Bolivia, uno de los países más pobres de Sudamérica.

Pese a la lucha constante para tener una renta, dijo Mérida, una ex lideresa de las Seis Federaciones (y aún mantiene la membresía), la vida está mejor que en los días de la erradicación forzada. “Aún somos pobres, pero somos libres ahora”, dijo. “Ahora hay paz. Antes, esperábamos que los soldados vinieran como bandidos. Ellos nos matan, nos prenden”.

Mientras Mérida hablaba, el silencio de la selva remota era interrumpido por el estruendo de un helicóptero. “No, no están buscando los cocales”, dijo Reinecke en respuesta a una pregunta. “Ellos están llevando alimentos y provisiones a los soldados y a la policía antidroga en la región”. De acuerdo con Reinecke, el abastecimiento financiado por los EE.UU. cuesta $12.000 por día, una verdadera fortuna en un área en que la fruta es vendida por casi nada y la coca por no mucho más que eso.

Aunque falte la financiación del desarrollo sostenible, los EE.UU. siguen financiando la presencia militar en la región. En una base militar en la cercana Chimbote, construida con fondos estadounidenses, donde ya estuvieron acomodados mil efectivos, el establecimiento está casi desierto, pero el comandante interino, el coronel Edwin de la Fuente Jeria, está alojado con la comodidad proporcionada por el aire condicionado en su oficina.

El coronel estaba tan tranquilo como sus inmediaciones. “No tenemos más nada que ver con la coca”, reconoció, antes de decir que él no podía contar más nada sin la aprobación previa de sus superiores. De acuerdo con Reinecke, eso era cierto – ante todo, la base sirve ahora como lugar de entrenamiento para los reclutas locales que cumplen su servicio obligatorio.

Aunque campesinos como Vitalia Mérida estén luchando, el gobierno Morales están intentando aliviar su situación. Parte de ese esfuerzo gira alrededor de ayudarles a llevar su cosecha al mercado. En un almacén de coca a poca distancia de la cercana Shinahota, los cocaleros están secando y pesando la cosecha en preparación para transportarla a los mercados legales en las ciudades bolivianas.

“Éste es nuestro cultivo local”, dijo el miembro de las Seis Federaciones, Félix Cuba, en el almacén. “Según este nuevo programa, podemos venderla directamente a las ciudades sin intermediarios. Eso significa un poquito más de dinero para nosotros”, le dijo él a la Crónica. “Y ello mantiene la coca fuera de las manos de los narcos”.

Aunque exista una presión constante para ganar más dinero para alimentar sus familias, los cultivadores están observando el límite de cultivo, dijo él. “Estamos manteniendo la regla de un cato”, dijo. “Es por respeto a la política. Evo dijo que podemos cultivar un cato, entonces para defender la política, cultivamos sólo un cato. La federación administra esto y lo hacemos a través del control social”.

"Los plátanos, las naranjas, la papaya, las papas – todos se pudren y no dan mucho dinero”, dijo la lideresa de las Seis Federaciones, Juana Cosío, mientras observaba el trabajo en el almacén. “Este año, con todas las lluvias, la cosa está fea. Cultivamos la coca por si acaso”, le dijo ella a la Crónica. “Pero necesitamos más mercados. Por eso estamos intentando producir la harina de coca y otros productos. No somos narcos, somos sólo agricultores. El gobierno de Evo lo reconoce, entonces ahora estamos en paz aquí”, dijo ella.

Cosío apuntó a la asistencia proporcionada por el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, que está proveyendo fondos para las plantas de industrialización de la coca tanto en el Chapare como en las Yungas. “La Venezuela nos está ayudando a procesar y vender nuestra cosecha”, dijo.

Según un acuerdo finalizado a principios de este mes, Venezuela no solamente está financiando la construcción de las plantas de procesamiento, sino también ha prometido comprar hasta 4.000 toneladas de productos de coca, un gran avance para un cultivo cuya exportación está prohibida de acuerdo con la Convención Única de 1961 sobre los Estupefacientes de la ONU. Según ese tratado, la coca es considerada una droga ilegal permisible solamente como aromatizante (extraído el alcaloide de la cocaína) o para uso farmacéutico, con la práctica de mascar hojas de coca siendo retirada paulatinamente hacia 1986.

Eso no va a detener a Bolivia, Venezuela y Cuba, que está proporcionando la asistencia técnica, de seguir adelante con un Tratado de Comercio de los Pueblos firmado hace algunos meses. Ese tratado asigna cerca de $1 millón en inversiones en la pesquisa sobre la producción de la coca. Aunque los EE.UU. y los organismos internacionales de fiscalización de los estupefacientes hayan planteado objeciones, Venezuela y Bolivia siguen firmes. Como observó el ministro del poder popular para relaciones exteriores, Nicolás Maduro, mientras se reunía con su homólogo boliviano, David Choquehuanca, a principios de este mes, los dos países seguirán adelante con los proyectos para “valorizar y dignificar la hoja de coca”.

La industrialización del procesamiento de la coca y la expansión de los mercados legales son el plan de acción correcto, dijo el congresista boliviano Asterio Romero el miércoles. Miembro del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, Romero apoya fuertemente la política “coca sí; cocaína no”. “Primero, quiero decir que vengo del Chapare, yo era un líder cocalero. Siempre era ‘coca cero’, pero nunca habrá cero coca”, le dijo él a la Crónica. “Luchamos por muchos años, tuvimos mucha gente muerta y presa porque la coca es una fuente de subsistencia económica para nosotros. Nunca permitiremos que otros gobiernos nos impongan la ‘coca cero’. Somos una nación soberana; es una cuestión de dignidad boliviana”, dijo.

“Aunque, sí, combatamos el narcotráfico – y nos estamos saliendo muy bien; las redadas de cocaína y precursores químicos están en alza –, también tenemos que despenalizar el cultivo de la coca y la industrialización son el camino”, discutió Romero. “Tenemos que revalorizar la coca, tenemos que encontrar más mercados para la coca. Hay países amigos que nos ayudan, como Venezuela, y les agradecemos por eso”.

Ahora la producción de la coca ha sido “racionalizada” en el Chapare, como a los bolivianos les gusta decir, y la represión y la violencia patrocinadas por el estado son cosa del pasado, pero faltan grandes zancadas antes que la vida de los cocaleros presencie un verdadero mejoramiento económico. El gobierno Morales, en conjunción con sus aliados latinoamericanos, está haciendo lo que puede para ayudar con respecto a eso. Pero, como el reportaje acompañante en la Crónica de esta semana indica, va a tener una batalla con los Estados Unidos y la burocracia internacional de control de las drogas entre sus manos.