Los estados estadounidenses gastaron US$ 52 mil millones más o menos en la administración penitenciaria el año pasado, gran parte de lo cual en prisiones, y eso no es listo, dijo el Pew Center on the States en un informe publicado el lunes. En cuanto medida de ahorro de costes en una época de crisis fiscal en las Asambleas, en cambio los estados deberían enfatizar el gasto en el penitenciarismo comunitario.

hacinamiento en el Penal de Mule Creek (cdcr.ca.gov)

Los índices de control penitenciario varían por raza y geografía. Uno de cada once adultos negros (9,2%) está a la merced del estado en comparación con uno de cada 27 hispanos (3,7%) y uno de cada 45 blancos (2,2%). Con uno de cada 13 adultos entre rejas o en libertad vigilada o condicional, Georgia tiene el porcentaje más alto de su población bajo vigilancia, seguida por Idaho, Tejas, Massachusetts, Ohío y el Distrito de Columbia.

“Hay que encerrar a los delincuentes violentos y de carrera y durante mucho tiempo. Pero nuestra investigación muestra que las prisiones alojan a demasiadas personas que pueden ser manejadas con seguridad y responsabilizadas en la comunidad a un costo mucho más bajo”, dijo Adam Gelb, director del Proyecto de Desempeño en Seguridad Pública del Center, que produjo el informe.

Pero aunque las prisiones respondan de cerca del 90% del presupuesto penitenciario general en los estados, dos tercios de los infractores están bajo libertad vigilada o condicional, no entre rejas. La presión para recortar el gasto en el penitenciarismo comunitario en la crisis actual es económica, pero necia, manifestó el informe.

“Nuevas estrategias y tecnologías de supervisión comunitaria necesitan ser fortalecidas y expandidas, no coartadas”, argumentó Gelb. “Puede parecer que cortarlas vaya a ahorrar unos cuantos dólares, pero no es cierto. Fomentará el ciclo de más delincuencia, más víctimas, más arrestos, más enjuiciamientos y aún más aprisionamiento”.

El estudio recomienda que los estados:

• Clasifiquen a los infractores por riesgo a la seguridad pública para determinar los niveles adecuados de supervisión;

• Funden los programas de intervención en investigaciones sensatas sobre lo que funciona para reducir la reincidencia;
• Implementen adelantos en la tecnología de la supervisión como el monitoreo electrónico y pruebas de alcoholemia y exámenes toxicológicos de resultados rápidos;
• Impongan sanciones céleres y ciertas para los delincuentes que infrinjan las reglas de su puesta en libertad, pero que no cometan nuevos delitos; y
• Creen inventivos para que los infractores y las agencias de supervisión tengan éxito y monitoreen su desempeño.

El informe no trató del rol de la prohibición de las drogas en la hinchazón de la población carcelaria estadounidense ni cuestionó si, ante todo, los infractores de la legislación antidroga deberían ser arrestados, ni hablar de ser puestos bajo la vigilancia del estado o apresados.