La lucha por una iniciativa que despenalizaría la tenencia de marihuana en Massachusetts se está calentando. Pese a que la iniciativa, que convertiría la tenencia de marihuana en una infracción civil en vez de criminal (y se la conoce como Cuestión 2 en la votación), lleve una delantera cómoda en las primeras encuestas, este mes surgió la oposición organizada liderada por la Asociación de Fiscales de Massachusetts (MDAA, por su sigla en inglés) y, el miércoles, los patrocinadores de la iniciativa, el Committee for Sensible Marijuana Policy (CSMP, por su sigla en inglés), anunciaron que habían cursado querellas criminales contra los fiscales por infringir la legislación de recaudación de fondos para la campaña y publicar declaraciones falsas respecto a la iniciativa.

Los fiscales, organizados como Coalition for Safe Streets, presentaron un manifiesto de organización el 05 de septiembre y han salido a pelear desde entonces. Hay solamente un problema, conforme al CSMP. Según la legislación estatal de finanzas de campaña, los comités electores no pueden recaudar dinero antes de inscribirse en el estado, como lo hizo la Coalition for Safe Streets hace menos de dos semanas. Pero el CSMP tiene pruebas de que los fiscales canalizaban dinero a las labores desde julio por lo menos. Esta recaudación de fondos y gastos ilegales constituyen los 14 cargos de la primera denuncia del CSMP.

La segunda denuncia del CSMP acusa a los fiscales de haber infringido la legislación electoral estatal que prohíbe hacer declaraciones falsas sobre candidatos o cuestiones electorales en por lo menos cinco instancias. La denuncia visa a elementos antimarihuana que aparecen en la página web de MDAA como “La despenalización anulará una tendencia positiva recientemente documentada en el consumo de marihuana entre jóvenes”, “Hay un vínculo directo entre el consumo de marihuana y la delincuencia” y “Hay un vínculo directo entre el consumo de marihuana y los choques de automóviles”. En su demanda, el CSMP rebate sistemáticamente cada una de estas declaraciones.

“Se debe esperar que la gente que recibe sueldo para ratificar la ley también la siga”, dijo Whitney Taylor, gerente de campaña del CSMP. “Los fiscales ignoraron descaradamente la ley en un intento cínico de ocultar su actividad de campaña hasta cuando fuera posible, socavando las mismas leyes que han jurado ratificar. Esto no solamente garantiza una investigación inmediata, sino que, en razón de las posturas que asumen, necesitan ser enjuiciados con todo el rigor de la ley”.