Los abogados de un médico de Haysville en Kansas, el cual responde por una incriminación federal de 34 cargos que alega que actuó como narcotraficante al prescribir analgésicos, resistió el viernes pasado, interponiendo en tribunal federal una solicitud de sobreseimiento tanto de la incriminación como de la Ley de Sustancias Controladas [Controlled Substances Act (CSA, por su sigla en inglés)] por ser inconstitucionales. Los abogados del Dr. Stephen Schneider argumentaron que los procuradores federales en Wichita reivindicaron autoridad sobre la reglamentación de la medicina inadecuadamente.

Schneider y su esposa, enfermera en su consultorio en Haysville, fueron arrestados en diciembre en medio de una grande fanfarria de procuradores, quienes se refirieron a la clínica generalista, ambulatoria y de alivio del dolor como “molino de pastillas” y aseveraron que Schneider estaba “vinculado” a 56 muertes. Ellos permanecieron en la cárcel sin fianza hasta el mes pasado, cuando finalmente recibieron libertad provisional.

Schneider es apenas el último de decenas de médicos arrestados y enjuiciados por procuradores federales por sus prácticas de prescripción de opiáceos en los últimos años. Como la DEA y los procuradores del Ministerio de Justicia de EE.UU. aseveran que conocen prácticas médicas mejores y están dispuestos a apresar a médicos con cuyos actos no están de acuerdo, el campo de la terapia del dolor ha estado plagado por la tensión entre los imperativos del alivio de dolores y los de la fiscalización de las drogas.

Schneider y sus abogados quieren al gobierno fuera del consultorio del médico. “Este caso es un intento del gobierno federal de definir y regular la práctica de la medicina que finge ser un enjuiciamiento criminal”, escribió el equipo jurídico de Schneider, que incluye a especialistas conocidos en todos los EE.UU. “Este caso no debe tratarse de saber si el Dr. Schneider estuvo por debajo del patrón de atención para ciertos pacientes, sino si tomó parte en la práctica legítima de la medicina”.

La conducta médica de Schneider debería ser asunto para el consejo de medicina estadual, no el aparato criminal federal, escribieron los abogados. “Todas las acusaciones contra el Dr. Schneider y la Srta. Atterbury [la Sra. Schneider] giran alrededor de cuestiones de ciencia médica, juicio profesional y patrones de prácticas en evolución. Sin embargo, al aprovecharse de la ignorancia e histeria generalizadas que rodean el consumo de analgésicos opiáceos en el tratamiento de los dolores crónicos, el gobierno ha tratado de introducir estos asuntos, que no tienen ninguna relevancia para la culpabilidad criminal, en la forma del narcotráfico y del fraude en la asistencia sanitaria. Respeto a los cargos relacionados con la Ley de Sustancias Controladas (‘CSA’), la única cuestión debería ser la de si el Dr. Schneider era un narcotraficante ‘como lo que comprende por lo común’. En cambio, el gobierno confunde esta cuestión con hechos irrelevantes y patrones impropios”.

La CSA es claramente inconstitucional por ser “inaceptablemente vaga” cuando se trata de proporcionar orientación a médicos y por la manera que se la aplica en esta incriminación en particular, argumentaron los abogados. “Como aplicada en la Incriminación, la CSA no informa adecuada y significativamente a los médicos de qué prácticas están prohibidas, en gran parte porque dicha conducta es determinada arbitraria y unilateralmente por las autoridades de represión que no tienen el conocimiento ni la pericia con relación a cuestiones de ciencia médica y ética”.

Todavía no se sabe para cuando se espera la solicitud. Pero el franco ataque de los apparatchiks de la lucha contra la droga del gobierno federal contra terapeutas del dolor y pacientes que sirven ha provocado un contraataque dirigido directamente a la yugular de la guerra a las drogas.