La semana pasada, el gobierno británico anunció que iba a devolver la marihuana al estatus de droga de Clase B, indicando el fin del experimento de cuatro años que rebajó la hierba a droga menos grave de Clase C. Eso quiso decir que los vendedores de marihuana podían, en teoría, recibir hasta 14 años de prisión. El lunes, conforme a las normas emitidas por el Concejo de Directrices Condenatorias, sin embargo, parece que muchos vendedores de marihuana sólo enfrentarán sanciones menores.

Por primera vez en cuatro años, el Concejo de Directrices Condenatorias ha promulgado un abanico de opciones de condena para cada delito que pueda ser tratado por un tribunal de primera instancia. Conforme a las nuevas directrices, los usuarios de marihuana que cultivan su propia droga y de vez en cuando la proveen a amigos pueden ser castigados solamente con multa o libertad vigilada. Aun aquellos que ofrecen cantidades más grandes de marihuana u otras drogas para compartir con un pequeño círculo de amigos pueden recibir libertad vigilada, de acuerdo con la pauta.

Para cultivos o ventas menores de marihuana, la pena máxima en el tribunal de primera instancia según las directrices es de 12 semanas bajo custodia, pero sólo se puede imponerla si hubo circunstancias agravantes. Delitos por cultivo comercial o ventas en gran escala serían tratados en los juzgados de lo penal más graves, donde se aplican las penas más duras.

Los conservadores de la oposición no tardaron a abalanzarse sobre la aparente contradicción entre la línea dura anunciada del gobierno y las directrices del concejo condenatorio. “Una vez más tenemos mensajes confusos sobre las drogas”, dijo Nick Herbert, vocero conservador en materia de justicia, en una declaración el lunes. “Así como el gobierno finalmente admite que estaba mal cuando disminuyó la clasificación del cannabis, estas directrices harían que la mayoría de los traficantes reciba condenas comunitarias débiles y frecuentemente mal impuestas”.

Pero pese a la pose de los conservadores, las directrices del concejo de penas parecen estar en conformidad con la recomendación de la Asesoría sobre el Consumo Indebido de Drogas del gobierno, que se opuso a la reclasificación.