El diputado John Conyers (D-MI), el poderoso presidente del Comité de la Cámara sobre el Judiciario de EE.UU., le ha enviado una carta a la DEA cuestionando sus prácticas y pidiendo una rendición de costes incurridos en las decenas de redadas que ha lanzado contra pacientes y proveedores californianos de marihuana medicinal en los dos últimos años. La carta puede ser el preludio a vistas sobre el tema si los defensores de la marihuana medicinal, inclusive una serie de funcionarios electos, se salen con la suya.

John Conyers en un evento de la DRCNet en 2005

Observando un aumento en “los allanamientos de represión a la paramilitar contra individuos aptos para el consumo de marihuana medicinal conforme a la ley estadual, sus proveedores y los colectivos dispensadores establecidos para proporcionar un lugar seguro para acceder al cannabis medicinal”, así como el envío de correspondencia que amenazaba confiscación de bienes o aun arresto a cientos de caseros que alquilan a dispensarios, Conyers contaba con un puñado de preguntas mordaces:

• ¿El empleo de la incautación de activos, que ha estado típicamente reservado para el crimen organizado, es adecuado en estos casos? ¿La DEA ha considerado el impacto económico de la incautación en una economía estancada?

• “Dados los niveles crecientes de tráfico y violencia asociados con los carteles internacionales del narcotráfico en México, Sudamérica y demás lugares”, ¿es así que la DEA realmente quiere gastar sus recursos?
• ¿La DEA ha considerado el impacto de sus tácticas sobre el poder de las entidades estaduales y municipales californianas de recoger impuestos legales sobre un actividad económica legal conforme a la ley estadual?
• Dado el apoyo creciente a la marihuana medicinal oriundo de asociaciones de medicina y en el material científico y la discreción de la directora en funciones en la priorización de las actividades de la DEA, “Haga el favor de explicar ¿cuál es el rol, si es que hay uno, que los datos científicos desempeñan en su proceso decisorio para conducir redadas contra individuos autorizados a consumir u ofrecer cannabis conforme a la ley estadual?”

Parece que Conyers también pide una comisión intergubernamental compuesta de legisladores, impositores de la ley y personas afectadas por las políticas de marihuana medicinal “para revisar las políticas y proporcionar recomendaciones que tengan miras a traer armonía a la legislación federal y estadual”. Dicha comisión puede hacer parte de un proceso que un día traiga el relajamiento de las políticas federales sobre la marihuana medicinal.

“Por ende”, concluyó Conyers, “se adjunta a esta carta un listado de aproximadamente 60 redadas que la DEA realizó entre junio de 2005 y noviembre de 2007. Haga el favor de proveer una rendición de costes, en dólares y recursos, empleados para conducir allanamientos de la fuerza pública contra la lista anexa de individuos. Haga el favor de incluir informaciones sobre: si cualquier arresto fue hecho en el decurso de estos allanamientos y, en caso afirmativo, cuantas personas fueron presas; bajo cuales circunstancias se despachó la orden y con qué contenido; si cualquier cargo criminal u otro ha sido presentado por el Ministerio de Justicia de EE.UU.; qué contenido fue incautado o destruido, si es que lo fue; y, por último, el estatus actual de estos casos”.

Declaraciones que condenaban las redadas de la DEA del Concejo Municipal de Los Ángeles, de la Junta de Supervisores de San Francisco, del alcalde Gavin Newsom de San Francisco, del alcalde Ron Dellums de Oakland y una resolución de la asamblea legislativa californiana también estaban adjuntadas.

Normalmente, uno no esperaría que la DEA fuera rápida en contestar dichas preguntas, aun de alguien como el presidente Conyers. Pero con la amenaza de posibles vistas, tal vez la agencia halle la cortesía de responder al mal menor.