El martes, el Senado de Idaho votó abrumadoramente para anular un veto del gobernador de un proyecto de ley que habría incrementado la financiación de programas de tratamiento y prevención a la toxicomanía. Ahora, la Cámara debe votar en la anulación por una “supermayoría” parecida para completar la devolución de los fondos contra los deseos del gobernador republicano Butch Otter.

La semana pasada, Otter vetó artículos en dos proyectos que habrían proporcionado $16.8 millones a programas de combate contra la toxicomanía de Idaho. La anulación del veto en el Senado en el SB 1458 devuelve $2.4 millones en fondos complementares. Pero Otter también vetó $14.4 millones en subvenciones al tratamiento para el año que viene en el HB 608.

Los vetos gemelos reducirán por la mitad los fondos destinados a los juzgados de delitos de drogas y al tratamiento de la drogodependencia para personas en libertad vigilada y condicional y también a algunos programas de tratamiento comunitario. La riña en la asamblea legislativa es el último asalto en la lucha para saber cuál es la mejor manera de continuar con un labor antidroga de tres años y $21 millones de dólares financiado a principio por una subvención federal. El dinero federal se agotó el año pasado y los legisladores lo reemplazaron por fondos estaduales. Otter se quejó de que los programas no eran comprobados y que habían sido expandidos más allá de su alcance inicial.

Pero el Senado estadual parecía determinado a hacer algo más que costear más celdas solamente y, para varios senadores, la lucha contra la droga de Idaho ha llegado a la vecindad. “Creo que no hay una familia representada en esta entidad que no haya sido afectada por drogas o alcohol o problemas de salud mental en algún momento”, dijo el senador Chuck Coiner (R-Twin Falls) en comentarios informados por la revista The New West.

El senador Brent Hill (R-Rexburg), quien también se manifestó a favor de la anulación, contó un cuento de un familiar “casi arruinado” por la metanfetamina. “Sus dientes se pudrieron desde su cabeza”, les dijo a sus colegas.

El senador Lee Heinrich (R-Cascade) dijo que su hijo había pasado dos años y medio en prisión por cargos relacionados con las drogas. “Él podía haber sacado provecho de este programa… Sé lo que estos problemas relacionados con la droga pueden hacer con las familias”, agregó, pero luego dijo que iba a votar contra la anulación porque no estaba seguro de que “hemos examinado todas las alternativas”.

Pero quizá el más perceptivo fue el senador Dean Cameron (R-Rupert), quien habló de un “cambio de paradigma” entre sus colegas conservadores. “¿No parece listo tratar de estas decisiones al principio? ¿No parece listo intentar afectarlos antes que sean presos para que no infrinjan?” preguntó. “Apenas celdas no son la respuesta”.

En mediados de la semana, el gobernador hacía muestras de que aún buscaba un acuerdo. “El gobernador ha indicado con coherencia que estaba dispuesto a discutir esta cuestión y llegar a un compromiso como ha hecho en otras cuestiones importantes”, dijo él en una declaración del miércoles. Pero el tamaño del incremento en dispendios en tratamiento “no podía ser justificado en un año en que pedimos a tantas otras agencias, ni hablar de los funcionarios del estado, que la pasaran con menos”.

Ahora, le toca a la Cámara.