Una enmienda a la ley de presupuestos de Trabajo-Salud-Educación que prohibiría el desembolso de fondos federales de esos ministerios a cualquier ciudad que inaugurase un inyectorio para consumidores de drogas fue estrangulada en el comité de conferencia esta semana. La medida fue tachada “sin prejuicios”, lo que quiere decir que los integrantes del comité no tenían que oponerse públicamente a la enmienda.

Jim DeMint, el villano de la guerra a las drogas

“Esto es una victoria para la reducción de daños y el movimiento reformador de las políticas de drogas”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance, que lideró el esfuerzo de estrangulación de la enmienda. “El Congreso estuvo a punto de adoptar algo que causaría el mismo tipo de impacto que la prohibición federal de la financiación de los cambios de jeringa. Es bueno ver que, en este caso por lo menos, el Congreso no dejó que la política le ganara a la ciencia”.

La enmienda fue defendida por el senador Jim DeMint (R-SC) como reacción a las conversaciones sobre inaugurar un inyectorio en San Francisco. Pese a que los inyectorios hayan demostrado reducir la partición de jeringas y la proliferación de enfermedades transmisibles por la sangre como el VIH y la hepatitis C y estén abiertos en ocho países europeos, Australia y Canadá, no hay ninguno funcionando en los EE.UU.

Hace dos semanas, DeMint hacía alarde de su victoria. “El Senado les dijo claramente a las ciudades que es más que ridículo pedirles a los estadounidenses que paguen para que los drogadictos inyecten heroína y cocaína en sí mismos”, dijo. “En San Francisco, los funcionarios que dieron credibilidad a esta idea absurda deberían tener vergüenza. Eso socavaría la legislación federal y promovería el comportamiento ilegal. Estos refugios seguros para consumidores de drogas apenas alentarían más adicción y apoyarían el mercado de las drogas ilegales”.

Ahora, DeMint está tragándose sus propias palabras.