La semana pasada, una enmienda a una ley de presupuestos del Senado que prohibiría las ciudades que inauguren inyectorios de recibir financiación federal para la educación, la salud y el trabajo fue adoptada por el Senado. El proyecto de ley ya está en el comité de conferencia, donde los activistas pro reforma de las políticas de drogas están trabajando para estrangularlo.

Jim DeMint, el villano de la guerra a las drogas

Por lo menos 27 ciudades en ocho países europeos, así como Vancouver en Canadá y Sídney en Australia, están dirigiendo inyectorios. Ellos han demostrado reducir la partición de jeringas y el índice de nuevos contagios de VIH y hepatitis C entre los consumidores de drogas inyectables sin ocasionar aumentos en el consumo de drogas o en la criminalidad.

Hasta el momento, ninguna municipalidad estadounidense ha intentado establecer una instalación como ésa. Pero, en San Francisco, las discusiones están en curso.

“En el Congreso, extremistas de la guerra a las drogas están intentando prohibir ciudades de adoptar una reforma en las políticas de drogas que ninguna ciudad estadounidense ha adoptado todavía”, advirtió Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance, en un correo-e a los partidarios en estados cuyos diputados están en el comité de conferencia. “Así le tienen miedo al movimiento creciente de reforma de las políticas de drogas. Y pueden vencer a menos que usted tome providencias hoy. Estamos metidos en una lucha de suma importancia y necesitamos su ayuda con urgencia, porque por lo menos uno de sus congresistas es un voto fundamental”.

La medida necesita ser cortada en flor, advirtió Piper. “Si esta enmienda es aprobada, podemos esperar que los congresistas intenten aprobar enmiendas más atrevidas, como negarle ayuda federal a cualquier ciudad que despenalice la marihuana y cortar financiación para carreteras a cualquier estado que promulgue alternativas a la encarcelación para infracciones no violentas de la ley antidroga”, escribió Piper. “Obviamente, ninguna ciudad pensará en dichas reformas si eso significa perder toda su ayuda federal. Por eso tenemos que detener esta enmienda aquí y ahora. Tenemos que mostrarles a los extremistas de la guerra a las drogas que no hay apoyo a la intensificación de la guerra contra las drogas en el Congreso”.

Los habitantes de Hawai, Illinois, Iowa, Luisiana, Nueva Yérsey, Rhode Island, Virginia Occidental y Wisconsin necesitan llamar a sus senadores ya, dijo Piper. “El proyecto ya está en conferencia. Si no quitamos esto del proyecto final, puede demorar años o décadas hasta que esta prohibición rigurosa sea revocada”, predijo.