En un fallo muy dividido, la Corte Suprema de California ha decidido que los gobiernos municipales no pueden confiscar los vehículos de la gente arrestada por sospecha de comprar drogas o de usar prostitutas, los dos delitos más comunes visados por las ordenanzas municipales de lucha contra la criminalidad mediante la confiscación en una serie de ciudades californianas. Las ordenanzas existen con vistas a reducir la venta de drogas y la prostitución callejera confiscando los autos de los clientes y, de esa manera, inhibir a futuros clientes.

La decisión ocurrió en O'Connell vs. Ciudad de Stockton, donde una mujer local, Kelly O’Connell, desafió la ordenanza “Aprehensión y Confiscación de Vehículos Molestos” [Seizure and Forfeiture of Nuisance Vehicles]. En una argumentación legal que fue más sobre el poder estadual versus el municipal que sobre los delitos de drogas o la venta del sexo, el tribunal sostuvo que sólo el estado puede establecer sanciones para delitos según el código penal estadual – no las municipalidades.

El tribunal sostuvo que las ciudades tampoco pueden prorratear castigos por infracciones de la ley estadual que sean más rigurosas que las propias leyes estaduales. En algunos casos de California, han aprehendido los vehículos de conductores que buscaban comprar marihuana – la tenencia simple de marihuana resulta en una multa de $100 en California.

El castigo de los delitos relacionados con la droga y la prostitución “son asuntos de preocupación estadual de que nuestra Legislatura ha tratado extensamente... sin dejar espacio para más regulaciones en el ámbito municipal”, decidió el tribunal.

Aunque fuera la ordenanza de Stockton la cuestionada, la decisión del tribunal invalida ordenanzas parecidas que empezaron con Oakland, la primera ciudad californiana a adoptar leyes de confiscación en 1998. Desde entonces, Los Ángeles, San Diego, Sacramento, San Bernardino, Riverside, Inglewood y Ontario, entre otras, han promulgado ordenanzas semejantes.

Después que la decisión fue anunciada, el abogado Mark Clausen, que representó a O’Connell, le dijo al Los Angeles Times que “varios miles” de vehículos habían sido aprehendidos por todo el estado y que la mayoría de los conductores a quienes les devolvieron sus autos tuvo que pagar “tarifas de embargo” de hasta $2,000.

“Estas ordenanzas fueron apenas un truco de relaciones públicas”, dijo Clausen.

Pero los fiscales y los oficiales de la ley le dijeron al Times que secuestrar vehículos era una táctica valiosa para imponer la ley. “Obviamente, esta herramienta es muy valiosa para nosotros”, dijo el comandante Harland Ward de la Policía de Los Ángeles. “Nos permite cuidar de los problemas de la comunidad. Es una herramienta de que nos valemos para trabajar en los problemas de calidad de vida que afectan los barrios”.

El efecto de la decisión tendrá largo alcance, dijo John Lovell, abogado de la Asociación de Jefes de Policía de California. “Parece que el embargo ya no vale”, dijo.