El lunes, dos ministros de la Corte Suprema de Nevada comparecieron delante del Comité del Senado sobre el Judiciario del estado para debatir en favor de más discreción en la condenación y más fondos para los programas que tratan de las drogas y de la salud mental, incluso los juzgados de delitos de drogas. Nevada promulgó leyes de condenas mínimas obligatorias para delitos de drogas en 1995 que han contribuido para una población carcelaria cada vez más grande.

El ministro Jim Hardesty pidió a los legisladores que pensaran en enmendar las leyes de condenación para dejar que los jueces se desvíen de las mínimas obligatorias con tanto que envíen explicaciones por escrito del porqué de la adecuación del desvío descendente. Hardesty citó la falta de sentido de algunas sentencias para delitos de drogas.

“No hace absolutamente ningún sentido para nosotros condenar a un joven a 10 a 25 años en la prisión estadual de Nevada por recibir $150 para llevar un auto de Sacramento a Utah” conteniendo estupefacientes, le dijo Hardesty al comité. Él añadió que la ley actual no permite que los jueces se desvíen de las reglas de condenación y tampoco permite que los fiscales hagan acuerdos en dichos casos.

El ministro Bill Maupin se sumó a Hardesty en pedir a los comités que controlan los gastos que asignasen más dinero a los programas de juzgados de delitos de drogas y de la salud mental, los cuales pueden desviar a los infractores de la prisión. "Cuando supe por primera vez de este programa, tuve muchas dudas", le dijo Maupin al comité. "Lo que descubrí fue que los juzgados de salud mental alrededor de este país se han vuelto muy reconocidos por tener éxito permanente".

Hardesty añadió que la Corte Suprema había solicitado $5 millones en fondos generales del estado para sufragar los programas de juzgados de delitos de drogas y de tratamiento, pero un subcomité presupuestario sólo había sido a favor de aprobar $1 millón. "En comparación con lo que solicitamos y, francamente, con lo que la demanda es - que es de $30 millones -, fue decepcionante", dijo Hardesty.

Aunque hasta el momento los ministros no hayan logrado conseguir más financiación para los programas de encaminamiento, el gobernador de Nevada, Jim Gibbons (R) está pidiendo a la legislatura que gaste $300 millones en la construcción de nuevas prisiones. Actualmente, Nevada tiene más de 13.000 presos y está admitiendo a 600 nuevos más todos los meses, casi el doble del índice de ingresos en 1990.

En cuanto a la discreción en la condenación, el presidente del Comité sobre el Judiciario, Mark Amodei (R-Carson City) les dijo a los ministros que él está abierto a la idea, pero los jueces tendrían que ser muy cuidadosos para no despertar la ira de los grupos de derechos de las víctimas, que exigieron exitosamente la ley de condenación más dura en 1995. "Aquellas condenas obligatorias fueron el resultado de salas como esta estar llenecitas de personas que decían, 'Oye, fulano y mengano consiguieron una ganga'", dijo Amodei.