En un caso que opuso a los legisladores y fiscales severos contra una gran variedad de grupos de los derechos de las mujeres, de la salud pública y de la reforma de las políticas de drogas, el 11 de mayo la Corte Suprema de Nuevo México decidió que una ley estadual que expandía las leyes contra el abuso infantil para incluir el consumo de drogas de mujeres embarazadas era inconstitucional. En un fallo sumario, el tribunal superior del estado sostuvo una decisión del Tribunal de Apelaciones estadual que llegó a la misma conclusión.

La decisión ocurrió en el caso de Cynthia Martínez, quien fue acusada de maltrato infantil en 2003 después que su bebe recién nacido sacó positivo para cocaína. Según la ley en cuestión, ella fue acusada de “permitir que un niño menor de 18 años de edad fuera puesto en una situación que pueda poner en peligro la vida o la salud del infante” al ingerir drogas ilícitas mientras estaba embarazada.

Aunque el estado argumentara que una mujer embarazada adicta a las drogas debería ser presa como maltratadora infantil, tanto el tribunal de apelaciones como la Corte Suprema estadual no estuvieron de acuerdo. Durante la argumentación oral, los ministros parecieron estar particularmente preocupados con las cuestiones planteadas en un alegato favorable a la corte enviado por la Drug Policy Alliance y la National Advocates for Pregnant Women en nombre de otras destacadas organizaciones de la medicina y de la salud pública, médicos e investigadores científicos. Los ministros mencionaron varias veces el alegato de la DPA/NAPW y expresaron preocupaciones graves con el efecto disuasorio que dichos procesamientos tendrían sobre las mujeres que buscan cuidados prenatales.

Dichas decisiones son cruciales para evitar la penalización de las mujeres pobres, dijo la abogada de la NAPW, Tiloma Jayasinghe. “Volver las leyes contra el abuso infantil aplicables a las mujeres embarazadas y a los fetos iría, por definición, transformar a toda mujer de baja renta, no asegurada, enferma y/o maltratada que quede embarazada en una maltratadora infantil”, explicó. “En la argumentación oral, el fiscal admitió que la ley podía ser posiblemente aplicada a mujeres embarazadas que fumaran”.

“Espero que este caso sirva como recordatorio de que las mujeres embarazadas que están luchando con el consumo de drogas deberían recibir cuidados prenatales y tratamiento químico, no procesamiento”, dijo Reena Szczepanski, directora de la Drug Policy Alliance Nuevo México. “Hay mejores maneras de proteger a nuestros niños en Nuevo México y de asegurar que las generaciones futuras estén seguras y sean saludables”.