En una decisión emitida el martes, la Corte Suprema de los EE.UU. facilitó que algunos inmigrantes condenados por tenencia de drogas según leyes estaduales evitaran la deportación. De acuerdo con la Ley de Inmigración y Naturalización [Immigration and Naturalization Act], los inmigrantes condenados por un crimen agravado se enfrentan a deportación obligatoria. En este caso, la corte sostuvo que aun si una condena por tenencia de drogas fuera considerada crimen según la ley estadual, si no es considerada crimen de acuerdo con la Ley de Sustancias Controladas no puede ser crimen agravado para fines inmigratorios.

El fallo ocurrió en el caso de López vs. Gonzalez. José Antonio López, nacido en México, era un residente permanente legal con 16 años en los EE.UU. con esposa e hijos y un negocio de familia cuando fue arrestado en Sioux Falls, Dakota del Sur, y acusado de favorecer la tenencia de cocaína. Según la ley de Dakota del Sur, eso es crimen. López se confesó culpable y fue sentenciado a cinco años de prisión estadual. Tras terminar su sentencia, fue deportado a México en Enero de 2006.

López recurrió de su deportación autorizada por un juez del Servicio de Inmigraciones y Naturalización, pero en un fallo de 2005, el Tribunal de Apelaciones del 8° Circuito de los EE.UU. en San Luis lo negó. La Corte Suprema estuvo de acuerdo en oír el caso y ahora López tiene la oportunidad de regresar a su nueva casa en los EE.UU.

La decisión ocurrió en una votación de 8 contra 1, con el Desembargador Clarence Thomas solo en el disenso.

El gobierno Bush discutió que el Congreso permitió contar dichos delitos como crímenes agravados, pero el Desembargador David Souter, que escribió el fallo, y la corte no lo aceptaron. En un pasaje en que él acusó el gobierno de “incoherencia”, Souter añadió que “la manera de ser del gobierno... frecuentemente convertiría la simple tenencia en tráfico, justamente lo que la lengua inglesa nos dice que no debemos esperar y ese resultado nos deja muy desconfiados de la posición del gobierno”.

Con unos 12 millones de inmigrantes con residencia permanente en el país, la decisión en el caso López probablemente afectará a miles de inmigrantes con condenaciones menores relacionadas con las drogas.