Drug War Chronicle

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Semanal: Esta semana en la historia

18 de mayo de 1971: Cintas lanzadas años después revelan que en algún momento entre las 12:16 y las 12:35, el presidente Nixon le dijo al artista Ark Linkletter, “... manifestantes radicales que estaban aquí... hace dos semanas... Están todos drogados, virtualmente todos”.

19 de mayo de 1988: Carlos Lehder es condenado por contrabando de drogas y sentenciado a pena de prisión perpetua sin condicional, más 135 años. Él había sido capturado por la Policía Nacional Colombiana en un refugio de propiedad de Pablo Escobar y extraditado a los EE.UU.

24 de mayo de 1988: Se establece el récord de aprehensión nacional de hachís (aún en vigor hoy día) – 34.155 kilogramos en San Francisco, California.

20 de mayo de 1991: Se establece el récord de aprehensión nacional de heroína (aún en vigor hoy día) – 487 kilogramos en Oakland, California.

24 de mayo de 1993: A las 03:45 de la tarde, Juan Jesús Cardinal Posados Ocampo, el arzobispo de Guadalajara, es asesinado en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla en Guadalajara por pandilleros de San Diego contratados por la Organización Arellano Félix. Mientras el auto del arzobispo llega al estacionamiento al otro lado de la calle de la terminal, un joven abre una puerta y dispara, mientras que media docena de otros pistoleros abren fuego a gusto matando a un conductor y a cinco testigos, incluso una anciana, su sobrino y un hombre de negocios desconcertado con un celular en su mano.

20 de mayo de 1997: Esequiel Hernández, Jr., 18, de Redford, en Tejas, se vuelve el primer estadounidense a ser muerto en suelo estadounidense por soldados de EE.UU. en tiempos de paz cuando es albeado en su propia propiedad por marinos camuflados involucrados en un operativo de interdicción de las drogas en las fronteras del Destacamento Conjunto-6. No se encuentra ninguna droga. Hernández nunca había sido sospechoso ni arrestado por ninguna actividad criminosa o relacionada con las drogas.

22 de mayo de 1997: El alcalde de Milwaukee, en Wisconsin, John Norquist, sanciona una medida que despenaliza la tenencia primaria de pequeñas cantidades de marihuana después que la propuesta es aprobada por poco por el consejo municipal.

23 de mayo de 2000: Ochenta y cinco efectivos estadounidenses llegan a Guatemala para participar del “Operativo Maya Jaguar” de dos semanas de duración, el cual pretende dar entrenamiento a la policía guatemalteca, llevar a cabo redadas de cargas de drogas ilegales y facilitar los operativos antidrogas conjuntos.

21 de mayo de 2001: Geraldine Fijneman, directora de la sucursal de la iglesia Santo Daime en Ámsterdam, es absuelta por un tribunal holandés. Fijneman había poseído, transportado y distribuido una sustancia que contiene DMT, pero el tribunal decidió que su derecho constitucional a la Libertad de Religión debe ser respetado.

22 de mayo de 2003: Maryland se vuelve el noveno estado a relajar las restricciones sobre el consumo de marihuana medicinal para los pacientes gravemente enfermos cuando el gobernador Robert L. Ehrlich, Jr. firma un proyecto que reduce la pena máxima para una multa de $100. La ley entra en vigor el 01 de octubre. Ehrlich, el primer gobernador republicano a sancionar un proyecto que relajara las penas para el consumo medicinal de marihuana, firma la medida a pesar de la presión del gobierno Bush para vetarla.

Australia: Susto de la marihuana “superdroga” provoca amenazas de prohibir narguiles

Un informe anual sobre las drogas que menciona la posibilidad de que australianos vietnamitas hayan hecho un viaje de visita a Canadá para aprender las técnicas de cultivo de marihuana ha llevado a una nueva irrupción de alarmismo Allá Abajo y también a amenazas del gobierno nacional y de Nueva Gales del Sur de que pretenden prohibir los narguiles y otros aparatos para el fumo de marihuana.

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¿será que va a ser prohibido pronto en Australia?
"La policía teme que una nueva forma de cannabis increíblemente potente esté destinada a afectar a Australia”, escribió el Herald Sun en prosa jadeante. “Las pandillas criminosas vietnamitas en Canadá han desarrollado un método sofisticado de cultivar la planta bajo techo durante todo el año. Incrementa bastante tanto la cosecha como la potencia del cannabis y reduce drásticamente el tiempo de cultivo para cada planta”, informó el periódico en un artículo republicado por otros medios australianos.

“Las últimas informaciones sobre los criminales sugieren que narcotraficantes vietnamitas en Australia han viajado a Canadá para saber cómo cultivar este nuevo tipo de cannabis altamente adictivo”, prosiguió el Herald Sun. “Se espera que usen el conocimiento para cultivarlo y venderlo en Australia. Esta nueva amenaza del cannabis fue revelada ayer en el Informe de los datos sobre las drogas ilícitas anual de la Comisión Australiana sobre la Criminalidad”. El All Headline News, con más concisión, pero con igual grosería, advirtió que “una nueva variedad de marihuana más fuerte y presuntamente más activa y fácil de cultivar puede estar llegando a suelo australiano”.

El Informe de datos sobre las drogas ilícitas 2005-2006 de la Comisión Australiana sobre la Criminalidad, lanzado este mes, ni siquiera llegó a ser tan dramático. En su sección sobre el cannabis, en la cual los terribles relatos de los medios se basaron, el informe observó:

La mayor parte del cannabis consumido en Australia es producido internamente y el cultivo es prolífico en todos los estados y territorios. Aunque grandes terrenos con arbustos a cielo abierto, que varían en tamaño de una a decenas de miles de plantas, sigan siendo comunes en algunos estados y territorios, el método más comúnmente detectado de cultivo de cannabis es a través del uso de la hidropónica (u otros métodos mejorados de cultivo bajo techo). Normalmente, son detectados dentro de las dependencias residenciales. Pese a que el número de plantas sea típicamente más bajo para el cultivo hidropónico, cultivar cannabis hidropónicamente quiere decir que ello puede ser cultivado durante todo el año y produce una cosecha más grande de ‘cabezas’ o ‘botones’ en un período más corto de tiempo.

Estos métodos mejorados de cultivo bajo techo han sido refinados por los grupos criminosos vietnamitas en Canadá para producir cannabis de alta potencia (Real Policía Montada Canadiense, 2002). Hay indicios de que algunos australianos vietnamitas hayan viajado a Canadá para avanzar en su conocimiento y en sus habilidades de cultivo. Sin embargo, es importante señalar que ningún grupo criminoso domina el cultivo ni la oferta de cannabis en Australia.

Tanto la comisión como los periódicos están hablando nada más nada menos que del "Botón de CB", o, si cultivado en los EE.UU. o Australia, "el botón generoso", o marihuana con alto contenido de THC que es cultivada bajo techo y bajo luces de alta potencia. El botón generoso ha sido cultivado desde hace mucho Allá Abajo por los conocedores de la marihuana australianos y el uso de sistemas hidropónicos u otros sistemas de cultivo bajo techo tampoco es nada nuevo. La verdad es que Australia parece ser la única en su peculiar ilusión de que la marihuana hidropónica, de alguna manera, es diferente y más peligrosa.

Sin dejar que sean desviados por los hechos, los políticos australianos están sumándose a la reyerta con propuestas para combatir la amenaza hidropónica prohibiendo las pipas de marihuana. De acuerdo con All Headline News, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur está pensando en dicha propuesta.

Y la Radio Australia informó que el gobierno nacional ponderará dicha prohibición de los pertrechos en diciembre. El ministro federal, Christopher Pyne, hizo el anuncio en una reunión del Consejo Ministerial sobre la Estrategia de Drogas en Adelaida el sábado. Él dijo que el gobierno también examinaría cómo regular la publicidad de los pertrechos.

El hecho de que las pipas también puedan ser usadas para fumar tabaco no debería ser un estorbo al operativo, dijo. "Esconderse detrás de la idea de que algunos de estos productos podrían ser usados para productos legítimos [y] prácticas legítimas va en contra del buen sentido", dijo Pyne. "Creo que las mamás y los papás de Australia esperan que tomemos medidas enérgicas".

Europa: Manifestantes húngaros de las Marchas Globales de la Marihuana procesan por obstrucción de manifestación

Las Marchas Globales de la Marihuana de Hungría ocurrieron una semana antes que en los demás lugares y, aunque las marchas en algunas ciudades, incluso Budapest, sucedieran sin grandes problemas, fue otra historia en Debrecen, donde las autoridades locales y turbas derechistas impidieron el evento programado de ocurrir. Ahora, la organizadora de las marchas, la Asociación Húngara de la Semilla del Cáñamo, ha anunciado que va a meterle un juicio a la ciudad.

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póster de la marcha húngara (de kendermag.hu)
La Asociación de la Semilla del Cáñamo, que defiende los derechos de los usuarios de drogas y la reforma de las políticas de drogas en Hungría, obtuvo un permiso de la policía de la ciudad para un tablado y un podio, pero en el día de la marcha, integrantes del consejo municipal, acompañados por un grupo de derechistas locales, los forzaron a cancelar el evento. El motivo oficial dado fue el de que el tablado impediría las obras de mantenimiento de la carretera.

Pero una semana antes de las marchas, ellos fueron el asunto de una diatriba llamada ¡Turba Despierta! en una página web ultraderechista. La publicación convocaba a contramanifestantes a “comparecer en grandes números y preguntarles si hablan en serio. Si sí, vamos a cazarlos hasta Jamaica para que puedan fumar sus derivados cannábicos desconstructores del cerebro entre los aborígenes que producen música intolerable”.

Los derechistas del Movimiento por una Hungría Mejor pueden haber estado involucrados en Debrecen. Definitivamente estaban entre aquellos que asediaron a los manifestantes en por lo menos otra ciudad húngara.

Ahora, la Semilla del Cáñamo va a llevar la batalla de las calles a la Justicia.

Latinoamérica: Alto funcionario antidroga es asesinado en México DF

Las guerras a las drogas de México hicieron una víctima notoria el lunes cuando pistoleros desconocidos asesinaron a José Nemesio Lugo Félix, el coordinador general de investigaciones de una unidad federal de la inteligencia antidroga, mientras se iba a trabajar en el cono sur de México DF. El asesinato ocurre mientras el gobierno del presidente Felipe Calderón cumple varios meses en una ofensiva contra las organizaciones del narcotráfico - los dichos carteles - que ha presenciado el envío de miles de policías y soldados mexicanos a semilleros del narcotráfico en un intento de romper el poder de los carteles.

Lugo estaba manejando hacia su oficina cuando su coche fue cortado por otro vehículo que contenía a diversos pistoleros, quienes dispararon por lo menos tres tiros en su auto, dándole en la cabeza y en la espalda. Entonces, uno de los agresores saltó en una motocicleta que esperaba y se dio la fuga, mientras que los otros se fueron manejando.

El asesinato de Lugo llamó la atención del embajador de los EE.UU., Tony Garza, que lanzó una declaración lamentando el homicidio. "Hombre de principios e incansable luchador contra el crimen, el Sr. Lugo es el más reciente funcionario de las fuerzas policíacas que pierde la vida por oponerse valientemente a los criminales que buscan enriquecerse mediante la destrucción de la esencia misma de nuestra sociedad", dijo.

Ex director de una unidad en la Procuraduría General de la República (PGR) que investigaba el tráfico de menores e inmigrantes ilegales, Lugo fue señalado recién el mes pasado para coordinar el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR. Aunque otros policías y soldados hayan sido muertos por los carteles - incluso cinco soldados muertos en una emboscada en Michoacán a principios de este mes -, el asesinato de Lugo es el de mayor nivel hasta el momento. Su asesinato también fue atípico por haber ocurrido en la capital, que ha prescindido de la mayor parte de la violencia que cerca el narcotráfico mexicano y las labores para suprimirlo.

El año pasado, la violencia relacionada con la prohibición mató a más de 2.000 personas y este año el asesinato está sucediendo a un paso aún más rápido, con una estimativa de 1.000 muertos hasta el momento. La ofensiva de Calderón, que ha presenciado grandes redadas militares y policíacas en ciudades fronterizas, Acapulco y su estado natal de Morelos, en vez de calmar la situación, sólo ha echado leña al fuego.

Pero, el gobierno Calderón sigue firme en su política agresiva. "Es lamentable la pérdida de hombres y mujeres que mueren en cumplimiento de su deber", le dijo el fiscal antidroga José Luis Santiago Vasconcelos al periódico Reforma. "Pero a pesar de eso estamos ganando esta batalla. No podemos darnos el lujo de desmoralizarnos ni de tener actitudes de temor ante el crimen organizado, principalmente en el renglón del narcotráfico".

Penas: Ministros de la Corte Suprema de Nevada piden más discreción de la legislatura y más financiación para los juzgados de delitos de drogas

El lunes, dos ministros de la Corte Suprema de Nevada comparecieron delante del Comité del Senado sobre el Judiciario del estado para debatir en favor de más discreción en la condenación y más fondos para los programas que tratan de las drogas y de la salud mental, incluso los juzgados de delitos de drogas. Nevada promulgó leyes de condenas mínimas obligatorias para delitos de drogas en 1995 que han contribuido para una población carcelaria cada vez más grande.

El ministro Jim Hardesty pidió a los legisladores que pensaran en enmendar las leyes de condenación para dejar que los jueces se desvíen de las mínimas obligatorias con tanto que envíen explicaciones por escrito del porqué de la adecuación del desvío descendente. Hardesty citó la falta de sentido de algunas sentencias para delitos de drogas.

“No hace absolutamente ningún sentido para nosotros condenar a un joven a 10 a 25 años en la prisión estadual de Nevada por recibir $150 para llevar un auto de Sacramento a Utah” conteniendo estupefacientes, le dijo Hardesty al comité. Él añadió que la ley actual no permite que los jueces se desvíen de las reglas de condenación y tampoco permite que los fiscales hagan acuerdos en dichos casos.

El ministro Bill Maupin se sumó a Hardesty en pedir a los comités que controlan los gastos que asignasen más dinero a los programas de juzgados de delitos de drogas y de la salud mental, los cuales pueden desviar a los infractores de la prisión. "Cuando supe por primera vez de este programa, tuve muchas dudas", le dijo Maupin al comité. "Lo que descubrí fue que los juzgados de salud mental alrededor de este país se han vuelto muy reconocidos por tener éxito permanente".

Hardesty añadió que la Corte Suprema había solicitado $5 millones en fondos generales del estado para sufragar los programas de juzgados de delitos de drogas y de tratamiento, pero un subcomité presupuestario sólo había sido a favor de aprobar $1 millón. "En comparación con lo que solicitamos y, francamente, con lo que la demanda es - que es de $30 millones -, fue decepcionante", dijo Hardesty.

Aunque hasta el momento los ministros no hayan logrado conseguir más financiación para los programas de encaminamiento, el gobernador de Nevada, Jim Gibbons (R) está pidiendo a la legislatura que gaste $300 millones en la construcción de nuevas prisiones. Actualmente, Nevada tiene más de 13.000 presos y está admitiendo a 600 nuevos más todos los meses, casi el doble del índice de ingresos en 1990.

En cuanto a la discreción en la condenación, el presidente del Comité sobre el Judiciario, Mark Amodei (R-Carson City) les dijo a los ministros que él está abierto a la idea, pero los jueces tendrían que ser muy cuidadosos para no despertar la ira de los grupos de derechos de las víctimas, que exigieron exitosamente la ley de condenación más dura en 1995. "Aquellas condenas obligatorias fueron el resultado de salas como esta estar llenecitas de personas que decían, 'Oye, fulano y mengano consiguieron una ganga'", dijo Amodei.

Cáñamo: Proyecto de ley de California es aprobado por la asamblea

Un proyecto que permitiría que los agricultores californianos cultivaran el cáñamo no psicoactivo fue aprobado por la Asamblea el 10 de mayo y se dirige ahora hacia el Senado estadual, donde también se espera que sea aprobado. Un proyecto parecido fue aprobado por la legislatura el año pasado, sólo para ser vetado por el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger.

De autoría de los asambleístas Mark Leno (D-San Francisco) y Chuch DeVore (R-Irvine), el AB 684, que abriría paso para que los agricultores de California finalmente – no inmediatamente – cultivaran la planta, que es usada para hacer comida, tejidos, papel, productos para el cuerpo, biocombustible y accesorios para automóviles. Si el proyecto fuera sancionado, las organizaciones del sector, como la Vote Hemp, la Hemp Industries Association y también la California Certified Organic Farmers, han prometido desafiar la prohibición federal del plantío de cáñamo.

Schwarzenegger citó la prohibición federal cuando vetó el proyecto sobre el cáñamo del año pasado. Él afirmó que pondría a los agricultores en riesgo de procesamiento federal. Pero los defensores del proyecto de este año esperan que el gobernador ceda.

“La aprobación del proyecto sobre la agricultura del cáñamo en la Asamblea es una señal de que probablemente ello va a ser examinado por la segunda vez consecutiva por Schwarzenegger”, dijo Patrick Goggin, abogado de la Vote Hemp radicado en San Francisco. “El humor en Sacramento es el de que este proyecto es consistente con el esfuerzo de California para ser la lideresa en políticas ambientales de los EE.UU. El cáñamo es una planta versátil que puede reemplazar cultivos contaminantes como el algodón y que está desplegando como alimento orgánico e ingrediente en los productos para el cuerpo. Ya es hora de saltar en el mercado en expansión del cáñamo que las empresas californianas actualmente importan de Canadá y otros lugares”.

Actualmente, los fabricantes estadounidenses de productos a base de cáñamo tienen que importar su materia prima de China, Canadá o uno de los más de 30 otros países que permiten la producción de cáñamo. Es la única planta que es ilegal cultivar, pero legal importar, en los EE.UU.

Embarazo: Corte Suprema de Nuevo México deroga ley que penaliza el consumo de drogas de las futuras madres

En un caso que opuso a los legisladores y fiscales severos contra una gran variedad de grupos de los derechos de las mujeres, de la salud pública y de la reforma de las políticas de drogas, el 11 de mayo la Corte Suprema de Nuevo México decidió que una ley estadual que expandía las leyes contra el abuso infantil para incluir el consumo de drogas de mujeres embarazadas era inconstitucional. En un fallo sumario, el tribunal superior del estado sostuvo una decisión del Tribunal de Apelaciones estadual que llegó a la misma conclusión.

La decisión ocurrió en el caso de Cynthia Martínez, quien fue acusada de maltrato infantil en 2003 después que su bebe recién nacido sacó positivo para cocaína. Según la ley en cuestión, ella fue acusada de “permitir que un niño menor de 18 años de edad fuera puesto en una situación que pueda poner en peligro la vida o la salud del infante” al ingerir drogas ilícitas mientras estaba embarazada.

Aunque el estado argumentara que una mujer embarazada adicta a las drogas debería ser presa como maltratadora infantil, tanto el tribunal de apelaciones como la Corte Suprema estadual no estuvieron de acuerdo. Durante la argumentación oral, los ministros parecieron estar particularmente preocupados con las cuestiones planteadas en un alegato favorable a la corte enviado por la Drug Policy Alliance y la National Advocates for Pregnant Women en nombre de otras destacadas organizaciones de la medicina y de la salud pública, médicos e investigadores científicos. Los ministros mencionaron varias veces el alegato de la DPA/NAPW y expresaron preocupaciones graves con el efecto disuasorio que dichos procesamientos tendrían sobre las mujeres que buscan cuidados prenatales.

Dichas decisiones son cruciales para evitar la penalización de las mujeres pobres, dijo la abogada de la NAPW, Tiloma Jayasinghe. “Volver las leyes contra el abuso infantil aplicables a las mujeres embarazadas y a los fetos iría, por definición, transformar a toda mujer de baja renta, no asegurada, enferma y/o maltratada que quede embarazada en una maltratadora infantil”, explicó. “En la argumentación oral, el fiscal admitió que la ley podía ser posiblemente aplicada a mujeres embarazadas que fumaran”.

“Espero que este caso sirva como recordatorio de que las mujeres embarazadas que están luchando con el consumo de drogas deberían recibir cuidados prenatales y tratamiento químico, no procesamiento”, dijo Reena Szczepanski, directora de la Drug Policy Alliance Nuevo México. “Hay mejores maneras de proteger a nuestros niños en Nuevo México y de asegurar que las generaciones futuras estén seguras y sean saludables”.

Penas: Gobernador de Maryland veta proyecto de ley para darles elegibilidad a condicional a infractores reincidentes por ventas de drogas

El miércoles, el gobernador de Maryland, Martin O’Malley, vetó un proyecto de ley que habría proporcionado la posibilidad de condicional a las personas que cumplen condenas por reincidencia en ventas de drogas. Según la ley actual de Maryland, dichos infractores deben cumplir una sentencia mínima obligatoria de 10 años sin posibilidad de condicional. La ley no se habría aplicado a infractores violentos.

Pero en una entrevista concedida a la Associated Press para explicar su veto, O’Malley dijo que consideraba el tráfico de drogas un delito de sangre en sí mismo. “El narcotráfico es un delito de sangre y las morgues de muchas de nuestras comarcas y del estado están llenas de cadáveres que han sido llevados demasiado temprano a causa de la distribución de las drogas”, dijo O’Malley cuando llamado a explicar su veto. Maryland ya les da oportunidades de recibir tratamiento químico a los reincidentes, afirmó, añadiendo que el proyecto “amplía innecesariamente la ley actual y vuelve la libertad vigilada una posibilidad, aunque remota, para los narcotraficantes motivados por la ganancia y el lucro apoyados por la violencia, no la adicción”.

El proyecto de ley, el HB 992, fue aprobado en la legislatura con apoyo bipartidista y respaldado por una amplia coalición de reformadores de las políticas de drogas, la comunidad de la fe, trabajadores de la salud, oficiales de la ley, proveedores de tratamiento químico y también por el Washington Post y el Baltimore Sun. La coalición no está satisfecha con O’Malley.

“El veto es un equívoco decepcionante”, dijo el director ejecutivo del Justice Policy Institute, Jason Ziedenberg. “En vez de dar un pequeño paso en la dirección correcta hacia el tratamiento en vez de la prisión, O’Malley está aferrándose tercamente a las políticas fracasadas de severidad con la criminalidad del pasado. El gobernador no mostró liderazgo y visión en esta decisión”.

“El gobernador O’Malley ha dejado Maryland fuera del compás con los otros estados que se dirigen hacia políticas de condenación más vivas y eficientes”, dijo Naomi Long, directora del proyecto del Área Metropolitana del Distrito de Columbia de la Drug Policy Alliance. “Este veto fue un lapso de liderazgo e hiere las labores de Maryland para implementar los tipos de reformas reales que causarían impacto de verdad”.

El estado de Maryland gasta millones de dólares todos los años aprisionando a infractores no violentos de la legislación antidroga, cuya vasta mayoría estaría mejor si tuviera opciones de tratamiento químico. Un informe reciente del Justice Policy Institute descubrió que las leyes de condenación de Maryland afectan desproporcionadamente las comunidades de color y pueden ser la manera menos eficaz y más cara de promover la seguridad pública.

“La lucha por políticas de condenación más eficientes y justas no se ha acabado”, dijo el diputado Curtis Anderson (D-Baltimore), un ponente de la legislación. “Los electores de Maryland quieren políticas de condenación más justas y eficientes. Seguiremos trabajando con el gobernador para implementar esas reformas”.

Imposición de la ley: Las historias de policías corruptos de esta semana

Las placas maculadas abundan esta semana. Tenemos un policía demasiado colocado con sus propios bizcochos, pruebas en casos de delitos de drogas en falta, un agente antidroga destacado es preso por robar a narcotraficantes, una policía es presa por aceptar sobornos de narcotraficantes, más dos policías se confiesan culpables de proteger cargas de drogas y también hay el guardia de prisión traficante de drogas de siempre. Vamos a ello:

En Dearborn, en Michigan, un oficial de la policía de Dearborn dimitió tras admitir recibir marihuana de un sospechoso y prepararla en bizcochos de marihuana con su esposa. El ex cabo Edward Sánchez cayó después que se colocó demasiado con su creación y llamó al 911 para informar que él temía que él y su esposa corrían peligro de una sobredosis fatal. “Creo que nos estamos muriendo”, dijo él en la llamada. “Hicimos bizcochos y creo que estamos muertos, de veras que lo creo”, prosiguió Sánchez. (Escuche la llamada aquí.) Durante una investigación en la comisaría después de esa llamada, Sánchez admitió aceptar marihuana de sospechosos en ocasiones anteriores. La esposa de Sánchez, Stacy, admitió que en otra ocasión ella había quitado cocaína suficiente del patrullero de su marido para correrse una juerga de tres semanas. Presuntamente, la cocaína estaba en el auto para el entrenamiento de los sabuesos rastreadores de drogas. Ninguno de los dos ha sido acusado de un crimen.

En Schenectady, en Nueva York, un gran jurado de la Comarca de Schenectady está examinando el desaparecimiento de pruebas en casos de delitos de drogas en la Policía de Schenectady. La averiguación en el escuadrón de represión al vicio de la ciudad sucede después que una investigación de la Policía Estadual descubrió el desaparecimiento de pruebas de crack y marihuana en 16 casos de delitos de drogas. Según se dice, el gran jurado examinará los procedimientos de la policía para almacenar y rastrear las pruebas. En pos de la descubierta del desaparecimiento de las pruebas, la policía ya ha instituido algunos cambios, incluso exigir que dos oficiales estén presentes siempre que un oficial entre en un área de almacenamiento de drogas.

En Santa Fe, en Nuevo México, el director de la división de represión a los estupefacientes y otro oficial son acusados de robar miles de dólares de un narcotraficante. El jefe de la división, el sargento Steve Altonji, y el oficial Danny Ramírez fueron arrestados por agentes del FBI el 1 de mayo y enfrentan 24 cargos federales juntos. El FBI alega que Altonji y Ramírez arrestaron a un narcotraficante en mayo de 2006 y encontraron marihuana, cocaína y $180,000 en efectivo. Ellos son acusados de agarrarse $5,000. Altonji enfrenta más acusaciones por haber robado dinero de otro traficante y por haberle pegado a un tercer hombre, en tanto que Ramírez sigue siendo investigado por varios depósitos bancarios altos en efectivo. Las sospechas acerca de Altonji han existido durante meses, llevando el jefe de la policía de Santa Fe, Eric Johnson, a suspender las investigaciones de delitos de drogas mientras la ciudad hace una revisión interna.

En Lake City, en Florida, una oficial de la Policía de Lake City fue acusada el martes de aceptar dinero de un narcotraficante. La investigadora de la Policía de Lake City, Debra Williams, con siete años de servicios prestados, ha estado bajo investigación desde diciembre por presuntamente aceptar el dinero y decirle al traficante que ella haría que las acusaciones de delitos de drogas contra él fueran sobreseídas. Ella ha estado suspensa desde marzo. Ahora, ella enfrenta un cargo de improbidad en el cargo.

En Boston, un guardia de la cárcel de la Comarca de Suffolk fue arrestado el 11 de mayo por vender drogas a internos. Kenneth Nobile, 39, fue arrestado mientras llegaba al trabajo en la Penitenciaria de South Bay y la policía presuntamente encontró siete gramos de heroína y 21 gramos de marihuana empaquetada para la venta en su auto. Él responde por varias acusaciones de delitos de drogas, incluso tenencia de heroína con intención de distribuir. La fianza fue estipulada en $25,000.

En Hollywood, en Florida, más dos oficiales de la policía de Hollywood se confesaron culpables la semana pasada de proteger cargas de heroína. El oficial Thomas Simcox se confesó culpable el 09 de mayo y el sargento Jeffrey Courtney se confesó culpable el 11 de mayo de una única acusación de asociación delictuosa para tener heroína con la intención de distribuir por sus roles en la protección de cargas de heroína en lo que era, en verdad, un montaje del FBI. Dos otros oficiales ya se han declarado culpables en el montaje, conocido como Operativo Placa Maculada [Operation Tarnished Badge], en el cual los cuatro también dieron protección a cargas de armas robadas y joyería. Todos los cuatro pueden recibir sentencias mínimas obligatorias de 10 años, pero todos están buscando reducciones por cooperar con los investigadores que averiguaban quién reveló el hecho de que había una investigación.

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Actualización de la primera oferta: ¡Trebach ha estado de acuerdo en firmar todos los ejemplares de sus libros que usted reciba de DRCNet! Además, ¡añada apenas $22 a su donación para adquirir un ejemplar de “Lies, Damned Lies, and Drug War Statistics: A Critical Analysis of Claims Made by the Office of National Drug Control Policy” [Mentiras, malditas mentiras y las estadísticas de la guerra a las drogas: Un análisis crítico de las afirmaciones hechas por el Gabinete de Política Nacional de Control de las Drogas] también! (Deje una nota en el espacio para comentarios para informarnos que usted lo está solicitando.)

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Arnold Trebach en la rueda de prensa de 2003 en que la DRCNet colaboró
Tenemos la satisfacción de anunciar que nuestra más reciente oferta de libro para los miembros es la “Trilogía Trebach” – dos clásicos relanzados de Arnold Trebach – un antiguo amigo de la DRCNet, fundador de la Drug Policy Foundation y conocido por los conocedores de la reforma como el padre del movimiento moderno pro reforma de las políticas de drogas – en un volumen recién salido:

  • The Heroin Solution [La solución de la heroína]: “Un gran éxito”, dijo la Publishers Weekly. “Elocuente y persuasivo”, de acuerdo con The New York Times;
  • The Great Drug War, and Rational Proposals to Turn the Tide [La gran guerra a las drogas, y Propuestas racionales para revertir la situación]: Hace dos décadas, en lo que era una incriminación sentida de la guerra contra las drogas de la era Reagan, Trebach identificó y dio vida a todos los tipos de abusos derivados del esfuerzo para imponer la prohibición de las drogas y empezó a explicar una estrategia para escapar de la guerra a las drogas y atingir “la paz de las drogas” (Crónica de la Guerra Contra las Drogas);
  • Fatal Distraction: The War on Drugs in the Age of Islamic Terror [Distracción fatal: La guerra contra las drogas en la era del terror islámico]: La destilación de la obra de una vida entera en las trincheras de la reforma de las leyes sobre las drogas... un libro que los reformadores canosos y los recién llegados deslumbrados con la causa afines querrán leer y absorber. (Crónica de la Guerra Contra las Drogas)

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Lea la reseña de “The Great Drug War” hecha por el editor de la Crónica, Phil Smith, aquí, la reseña de “Fatal Distractionaquí y la reseña de “The Heroin Solutionaquí.

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Gracias por su apoyo y espero tener noticias suyas pronto.


Atentamente,



David Borden
Director Ejecutivo

Reseña de la Crónica de la Guerra Contra las Drogas: “The Heroin Solution” de Arnold Trebach (2ª edición, 2006, Unlimited Publishing, 330 pp., $19.99 en rústica)

Phillip S. Smith, Escritor/Editor

(Haga clic aquí para pedir “The Heroin Solution” u otros libros de Arnold Trebach a través de la más reciente oferta de libro de la DRCNet.)

Cuando “The Heroin Solution” [La solución de la heroína] fue publicado por primera vez por la Yale University Press hace un cuarto de siglo, fue reseñado por tipos del New York Times y de la Publishers Weekly. Fue espantoso. Para la vasta mayoría de los lectores, Arnold Trebach abrió una ventana para un mundo asombroso que ellos nunca habían imaginado antes, uno en que - ¡cáspita! – los médicos, no los policías, trataran con la heroína y sus usuarios.

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Trebach, que desde su base en la Universidad Americana empezó a influenciar una generación de discípulos y que fundó la Drug Policy Foundation (la progenitora de la Drug Policy Alliance) en 1986, ahora es conocido como el abuelo del movimiento pro reforma de las políticas de drogas estadounidense y el éxito de “The Heroin Solution”, junto con su “The Great Drug War” [La gran guerra a las drogas] de 1987, desempeñaron un rol importante en la consolidación de esa reputación.

Lo que Trebach hizo en “The Heroin Solution” fue narrar tres historias entretejidas: la historia de la heroína, la historia del abordaje estadounidense a la heroína y la historia del abordaje británico a la heroína. Para muchos, ese libro fue un despertar, una percatación de que había una alternativa a lo que hacia 1982 ya estaba siendo vilipendiado como una política atroz y fracasada de prohibición y represión. Donde el sistema estadounidense negaba que la heroína tenía cualquier utilidad médica y aprisionaba igualmente a médicos, viciados y pacientes desventurados del dolor, el sistema británico era más generoso y tierno, ya que los médicos tenían latitud considerable para prescribir heroína aun – y especialmente – en casos en que ellos sabían que sólo estaban permitiendo que sus pacientes mantuviesen su adicción.

Ahora, la segunda edición de “The Heroin Solution” ha sido lanzada, el último volumen de la “Trilogía Trebach”, que también incluye los reimpresos “The Great Drug War” y “Fatal Distraction” [Distracción fatal] del año pasado. Pero esta edición de “The Heroin Solution” no es una revisión considerable del material; la única adición al volumen original es un nuevo prefacio.

Aún es una lectura oportuna y convincente, pero la razón para eso apenas es una buena noticia. “The Heroin Solution” aún es relevante porque hemos progresado muy poco desde que fue escrito. Las cuestiones de que Trebach trató en 1982 son, en muchos casos, las mismas cuestiones que enfrentamos hoy día. Mucho ha pasado, pero poco ha cambiado, y mucho de lo que ha cambiado ha cambiado para peor.

En Gran Bretaña, que Trebach describió como modelo de un abordaje esclarecido (si no perfecto) a la heroína, la mano dura del estado y de las entidades de medicina del gobierno han disminuido lentamente el espacio en que los médicos pueden prescribir heroína. Cuando Trebach escribió, probablemente algunos miles de adictos británicos recibían heroína; en su nuevo prólogo, él estima que quizá 500 la estén recibiendo. Por todo lo que se dice de la manutención con opiáceos en Gran Bretaña, parece que durante el último cuarto de siglo se ha dado un paso hacia delante y otro hacia atrás.

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Arnold Trebach en la rueda de prensa de 2003 en la cual la DRCNet colaboró
Trebach lamentó el tratamiento cruel e inhumano de los médicos y pacientes del dolor en “The Heroin Solution”. Como mínimo, el problema ha empeorado en el cuarto de siglo intermedio. A pesar de todo, una cosa que el libro ofrece es alguna perspectiva. La última serie de procesamientos contra terapeutas del dolor se parecía impresionantemente con aquellos de los médicos que Trebach mencionó, los cuales atendían en los años 1930. Es una semejanza que el propio Trebach señala en su prefacio a la nueva edición, en que cita el caso del Dr. William Hurwitz, quien justo hace pocas semanas fue condenado de nuevo por acusaciones federales de delitos de drogas por prácticas descuidadas de prescripción y puede recibir posibles décadas de prisión. (Ya ha estado preso durante dos años.)

Trebach preguntó en 1982 dónde los Estados Unidos se encontraban casi siete décadas después de la aprobación de la Ley Harrison sobre los Estupefacientes [Harrison Narcotics Act] y no quedó contento con la respuesta. Está mucho peor ahora. En aquella época, Trebach reclamó que el gobierno federal gastaba $6 billones trabando la guerra a las drogas en los años 1970; ahora $6 billones financiarían la guerra federal a las drogas durante cerca de tres meses. Desde entonces, la población penal de los Estados Unidos y el número de prisioneros por delitos de drogas han crecido vertiginosamente. Usted sabe cómo funciona la guerra a las drogas.

Trebach también, y, en parte, por eso su pensamiento sobre la prohibición de las drogas ha evolucionado a lo largo de los años. Cuando escribió “The Heroin Solution” en 1982, él sólo pedía que los médicos tuvieran permiso para prescribir la heroína. Ahora, es un antiprohibicionista declarado. La falta de progreso en la reforma de las políticas de drogas de EE.UU. genera respuestas más radicales.

Sería bueno tener una edición revisada y actualizada de “The Heroin Solution”. Podía haber nuevos capítulos sobre el trabajo de vanguardia respecto a la manutención con heroína que está siendo hecha en Suiza y Alemania, en España y los Países Bajos; el surgimiento de los locales de inyección segura; los intentos en Vancouver; la diseminación de la adicción a la heroína en Irán, Pakistán y en las repúblicas de Asia Central; y los padrones contemporáneos de consumo en el Occidente, entre otros.

Pero 25 años después que fue publicado por primera vez, “The Heroin Solution” aún es relevante, aún es revelador y aún es una buena lectura. O, como la Publishers Weekly dijo de la primera vez, “Un gran éxito”.

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Reportaje: Comisión de Penas de los EE.UU. pide otra vez que el Congreso arregle la disparidad en la condenación para la piedra y el polvo de cocaína

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la finada Lillie Blevins cumplió pena de prisión perpetua por un crimen de “asociación delictuosa” relacionada con el crack tras ser condenada bajo la palabra de un delator que recibió libertad vigilada a cambio (por cortesía de november.org)
En su informe anual al Congreso, la Comisión de Penas de los EE.UU. ha pedido más una vez que los legisladores reduzcan las penas duras para los delitos federales de crack. Los pedidos anteriores de la comisión para arreglar la disparidad de 100:1 entre la cantidad de piedra y la cantidad de polvo de cocaína necesarias para provocar sentencias mínimas obligatorias o han sido ignorados o han sido desestimados por los Congresos anteriores. Falta ver si la mayoría demócrata en el Congreso permitirá que la reforma sea lograda este año.

Según la ley federal en vigor desde 1987, alguien acusado de tener cinco gramos de crack puede recibir una sentencia mínima obligatoria de cinco años. Por el otro lado, son necesarios 500 gramos de polvo de cocaína – cien veces la misma cantidad – para provocar la misma sentencia.

Aunque la Comisión de Penas no pueda promulgar cambios sola en la ley contra el crack – eso le toca al Congreso -, ya ha dado señales de su impaciencia con la inacción del Congreso. Hace poco más de dos semanas, la comisión ajustó las normas federales de condenación para los delitos de crack para que los infractores por crack cumplieran como término medio cerca de un año menos que bajo las antiguas orientaciones. Sólo esa medida dará un poco de auxilio a miles de presos federales por crack.

Pero el verdadero problema son las mínimas obligatorias severas para delitos federales de crack. La Comisión de Penas descubrió que:

  1. Las penas actuales con base en la cantidad exageran la nocividad relativa de la piedra en comparación con el polvo de la cocaína;
  2. Las penas actuales con base en la cantidad son muy vagas y se aplican, con mucha frecuencia, a los pequeños infractores;
  3. Las penas actuales con base en la cantidad exageran la seriedad de la mayor parte de los delitos de crack y no proporcionan la proporcionalidad adecuada;
  4. La severidad actual de las penas para el crack impacta, en su mayor parte, a las minorías.

“Con base en estos hallazgos”, dijo el informe, “la Comisión mantiene su posición consistentemente sostenida de que la proporción de 100 para 1 en la cantidad de drogas socava considerablemente los varios objetivos del Congreso expuestos en la Ley de Reforma de la Condenación [Sentencing Reform Act]”. Aunque señale que establecer los niveles mínimos adecuados es “una tarea difícil e imprecisa que, por ende, es una decisión de políticas”, no obstante, la Comisión instó “enérgica y unánimemente” al Congreso a adoptar las siguientes recomendaciones:

  1. Aumentar las cantidades mínimas obligatorias y reglamentarias de cinco y diez años para los delitos de crack a fin de concentrarse con más atención en las penas contra los grandes traficantes de la forma descrita generalmente en la historia legislativa de la Ley de 1986;
  2. Revocar el dispositivo de pena mínima obligatoria para la simple tenencia de cocaína según 21 U.S.C. § 844;
  3. Rechazar tratar de la proporción de 100 para 1 en la cantidad de drogas disminuyendo las cantidades mínimas obligatorias y reglamentarias de cinco y diez años para los delitos de polvo de cocaína, ya que no hay pruebas para justificar dicho aumento en las penas para los delitos de polvo de cocaína con base en la cantidad (por ejemplo, no aumentar las condenas para el polvo de cocaína).

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gráfico del informe, las cantidades de piedra de cocaína son casi invisibles cerca de las cantidades del polvo
Los grupos que hace mucho han defendido la reforma de la disparidad en las condenas para el polvo y la piedra de cocaína y la remoción de las sentencias mínimas obligatorias reaccionaron con satisfacción mezclada con un poco de impaciencia. Han estado esperando mucho tiempo por las providencias en esta frente.

“Los presos, los niños y las familias destrozadas por estas penas injustificadamente duras están acompañando de cerca y acogerán bien las reformas en la condenación para el crack que restauren alguna justicia a las penas para el crack”, dijo Mary Price, vicepresidenta y abogada general de la Families Against Mandatory Minimums (FAMM, sigla en inglés). “Sólo el Congreso puede cambiar nuestras leyes de sentencias mínimas obligatorias severas contra el crack. Los legisladores no deberían desperdiciar la importante oportunidad presentada por la serie más reciente de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de Penas. Ya es hora de la reforma, especialmente dado el apoyo bipartidista a la reforma en las condenas para los delitos de crack que ha surgido en los últimos años”.

“La estructura actual de la condenación causa un impacto desproporcionado e injusto sobre las comunidades afroamericanas y de baja renta”, dijo Caroline Frederickson, directora de la Oficina Legislativa de Washington de la ACLU “y estamos animados que la Comisión de Penas de los EE.UU. haya reconocido más una vez este hecho. Pero 2007 es la cuarta vez en 20 años que la comisión ha lanzado dicho informe y el Congreso aún tiene que tratar del problema. Años de investigación médica y legal han mostrado que no hay ninguna diferencia apreciable entre el polvo y la piedra de cocaína y no hay justificativa para permitir que siga la vasta distancia entre ellos. Instamos al Congreso a dejar la política a un lado y tomar providencias ahora para arreglar esta política federal discriminatoria de condenación de los delitos de drogas”.

Pero no son los defensores de la reforma, sino los congresistas que van o no promulgar la mayor parte de las reformas. Aunque en el pasado el Congreso haya desestimado dichas recomendaciones de la Comisión, hay algunos indicios de que el apoyo a las reformas esté creciendo.

“La verdad es que ya es más que hora de reducir la disparidad entre las sentencias para la piedra y el polvo de cocaína”, le dijo el senador republicano Jeff Sessions a la National Public Radio, “porque las penas contra el crack son extraordinariamente duras – demasiado duras para ser justificadas como políticas públicas”. Sus colegas deberían hacerle caso a la Comisión, añadió Sessions. Sessions ya ha presentado un proyecto que reduciría la disparidad para 20:1.

Otro participante fundamental, el senador Patrick Leahy (D-Vermont), director del Comité del Senado sobre el Judiciario, le dijo a la publicación Daily Journal que los hallazgos del informe eran “un primer paso importante” en la corrección de la disparidad en las condenas. “Durante demasiado tiempo, las leyes federales de condenación de los delitos de piedra y polvo de cocaína han creado una injusticia en nuestro país”, dijo. Leahy dijo que espera que los fiscales federales se concentren más en los capos.

El senador Joe Biden (D-Delaware), que ha anunciado su candidatura para la propuesta presidencial demócrata de 2008, también ha dado su contribución. “Esta disparidad de 100:1 es injusta, inicua y ya debería haber sido deshecha hace mucho”, dijo Biden en un comunicado de prensa del martes. “La disparidad actual en las penas entre las dos formas de cocaína está basada en nociones falsas y lógica anticuada”, dijo el senador Biden. “El Congreso ha ignorado esta cuestión durante mucho tiempo. Pretendo presentar legislación para remediar la disparidad y ajustar el enfoque de las leyes federales de condenas contra los delitos de cocaína y los recursos federales en los capos del narcotráfico, como era la intención de la ley de 1986. Anhelo trabajar con mis colegas – republicanos y demócratas – e instarlos a apoyar el enderezamiento de este tuerto”.

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foto de crack de la DEA
“De hecho, hay apoyo en favor de reducir las disparidades”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Biden, Sessions y el senador Hatch [R-Utah] están todos trabajando en los proyectos y también Charley Rangel [D-Nueva York] en la Cámara”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “En los comités sobre el judiciario, hay cada vez más apoyo a hacer algo”.

Pero, Piper advirtió que el truco está en los detalles. “Ellos están de acuerdo que se necesita hacer algo, pero no estoy seguro si llegarán a un acuerdo sobre lo que necesita ser hecho. De ahí tendría que ser aprobado en votaciones en plenario y entonces tenemos que preguntarnos si Bush lo vetaría”, dijo. “Pero cuando la Comisión de Penas y destacados republicanos dan su aval en algo, los demócratas deberían envalentonarse. Eso muestra que es un esfuerzo bipartidista”.

Aun el Ministerio de la Justicia está flaqueando. Aunque Piper señalara que el ministerio ha tomado hace mucho la posición de que no había ningún problema, el vocero del ministerio, Bryan Sierra, le dijo al Daily Journal esta semana que la cartera está “dispuesta a discutir la disparidad en la proporción para la condenación entre piedra y polvo de cocaína”, pero añadió que el ministerio cree que “ello debería ser hecho en el contexto general de la reforma de las condenas”.

Por cuarta vez desde 1995, la Comisión de Penas ha instado al Congreso a tomar providencias para reducir la disparidad y llevar más equidad a la condenación. Ahora, está en las manos del Congreso.

Weekly: This Week in History

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May 27, 1963: President Nathan M. Pusey of Harvard University announces that an assistant professor of clinical psychology and education has been fired. The man dismissed was Dr. Richard Alpert, later known as "Ram Dass."

May 29, 1969: The Canadian government forms the Commission of Inquiry into the Non-Medical use of Drugs, which ultimately issues the famed LeDain report, recommending that simple possession of cannabis and cultivation for personal use be permitted. The report contradicts almost all of the common fallacies held by some of the general public. During an interview in 1998, LeDain blames politicians for the fact that virtually none of the commission's recommendations were made into law.

May 26, 1971: In tapes revealed long after his presidency ended, President Richard M. Nixon says, "You know it's a funny thing, every one of the bastards that are out for legalizing marijuana is Jewish. What the Christ is the matter with the Jews, Bob, what is the matter with them? I suppose it's because most of them are psychiatrists, you know, there's so many, all the greatest psychiatrists are Jewish."

May 25, 1973: The NBC Evening News reports that 28 marines and 18 sailors handling the president's yacht were transferred and reassigned from Camp David due to marijuana offenses.

May 30, 1977: Newsweek runs a story on cocaine reporting that "Among hostesses in the smart sets of Los Angeles and New York, a little cocaine, like Dom Perignon and Beluga caviar, is now de rigueur at dinners. Some party givers pass it around along with canapes on silver trays... the user experiences a feeling of potency, of confidence, of energy."

May 28, 1994: President Clinton's appointed director of the Drug Enforcement Administration, Thomas Constantine, says in a Washington Times interview: "Many times people talk about the nonviolent drug offender. That is a rare species. There is not some sterile drug type not involved in violence -- there is no drug user who is contributing some good to the community -- they are contributing nothing but evil."

May 31, 1996: Psychedelic guru Timothy Leary dies.

May 31, 2000: Lions Gate Films releases Grass, the Woody Harrelson-narrated/Ron Mann-directed documentary about the history of marijuana in 20th century America.

Drug War Chronicle Book Review: "The Heroin Solution" by Arnold Trebach (2nd ed., 2006, Unlimited Publishing, 330 pp., $19.99 pb.)

Phillip S. Smith, Writer/Editor

(Click here to order "The Heroin Solution or other books by Arnold Trebach through DRCNet's latest book offer.)

When "The Heroin Solution" was first published by Yale University Press a quarter-century ago, it got rave reviews from the likes of the New York Times and Publishers Weekly. It was a mindblower. For the vast majority of readers, Arnold Trebach opened a window into an astonishing world they had never before imagined, one where -- gasp! -- doctors, not policemen, dealt with heroin and heroin users.

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Trebach, who from his base at American University began influencing a generation of disciples and who founded the Drug Policy Foundation (the progenitor of the Drug Policy Alliance) in 1986, is now known as the grand old man of the American drug reform movement, and the success of "The Heroin Solution," along with his 1987 "The Great Drug War," played a big role in cementing that reputation.

What Trebach did in the "Heroin Solution" was tell three interwoven stories: the story of heroin, the story of the American approach to heroin, and the story of the British approach to heroin. For many, that book was an awakening, a realization that there was an alternative to what by 1982 was already being reviled as an atrocious and failing policy of prohibition and repression. Where the American system denied that heroin had any medical utility whatsoever and jailed physicians, junkies, and hapless pain patients alike, the British system was kinder and gentler, with doctors given considerable latitude to prescribe heroin even -- and especially -- in cases where they knew they were only allowing their patients to maintain their addiction.

Now, "The Heroin Solution" is out in a second edition, the last volume of the "Trebach Trilogy," which also includes the reprinted "The Great Drug War" and last year's "Fatal Distraction." But this edition of "The Heroin Solution" is not a substantive reworking of the material; the only addition to the original volume is a new preface.

It still makes timely and compelling reading, but the reason why is hardly good news. "The Heroin Solution" is still relevant because we have progressed so little since it was written. The issues Trebach addressed in 1982 are, in many cases, the same issues we face today. Much has happened, but little has changed, and much of what has changed has changed for the worse.

In Britain, which Trebach described as a model of an enlightened (if not perfect) approach to heroin, the heavy hand of the state and governing medical bodies has slowly shrunk the space in which doctors may prescribe heroin. When Trebach wrote, probably a few thousand British addicts were being prescribed heroin; in his new preface, he estimates that perhaps 500 are. For all the talk of opiate maintenance in Britain, it seems like for the past quarter-century it seems like it's been one step forward, one step back.

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Arnold Trebach at 2003 press conference on which DRCNet collaborated
Trebach decried the cruel and inhumane treatment of physicians and pain patients alike in "The Heroin Solution." If anything, the problem has gotten worse in the intervening quarter-century. One thing the book offers, though, is some perspective. The latest round of pain doctor persecutions smell remarkably similar to those of doctors Trebach mentioned operating back in the 1930s. It's a similarity Trebach notes himself in his preface to the new edition, where he cites the case of Dr. William Hurwitz, who just weeks ago was convicted again on federal drug charges for loose prescribing practices and faces possible decades in prison. (He's already been in for two years.)

Trebach asked in 1982 where America found itself nearly seven decades after passage of the Harrison Narcotics Act, and was not happy with the answer. It's much worse now. Back then, Trebach complained that the federal government spent $6 billion fighting the drug war in the 1970s; now $6 billion would fund the federal drug war for about three months. Since then, the prison population of the United States and the number of drug prisoners has gone through the roof. You know the drug war litany.

Trebach does, too, and that is part of the reason his thinking about drug prohibition has evolved over time. When he wrote "The Heroin Solution" in 1982, he called only for doctors to be allowed to prescribe heroin. Now, he is a full-blown anti-prohibitionist. Lack of progress on reforming US drug policy breeds more radical responses.

A revised and updated "The Heroin Solution" would be nice. There could be new chapters on the cutting-edge work on heroin maintenance going on in Switzerland and Germany, Spain and the Netherlands; the rise of safe injection sites; the trials in Vancouver; the spread of heroin addiction in Iran, Pakistan, and the Central Asian republics; and contemporary use patterns in the West, among others.

But 25 years after it was first published, "The Heroin Solution" is still relevant, still revelatory, and still a good read. Or, as Publishers Weekly said the first time around, "A blockbuster!"

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Feature: US Sentencing Commission Again Calls on Congress to Fix Crack-Powder Cocaine Sentencing Disparity

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the late Lillie Blevins, served life sentence for a crack cocaine ''conspiracy'' after being convicted on the word of a snitch who received probation in return (courtesy november.org)
In its annual report to Congress, the US Sentencing Commission has once again called on legislators to reduce the tough penalties for federal crack cocaine offenses. The commission's previous calls to fix the 100:1 disparity between the amount of crack and the amount of powder cocaine necessary to trigger mandatory minimum sentences have either been ignored or slapped down by previous Congresses. Whether the new Democratic majority in Congress will allow reform to be accomplished this year remains to be seen.

Under federal law in effect since 1987, someone charged with possessing five grams of crack faces a mandatory minimum five-year sentence. By contrast, it takes 500 grams of powder cocaine -- one hundred times as much -- to trigger the same sentence.

While the Sentencing Commission cannot itself enact changes in the crack cocaine law -- that's up to Congress -- it has already signaled its impatience with congressional inaction. A little more than two weeks ago, the commission adjusted federal sentencing guidelines for crack cocaine offenses so that crack offenders will serve on average about a year less than under the old guidelines. That move alone will provide small relief to thousands of federal crack prisoners.

But the real problem is the harsh mandatory minimums for federal crack offenses. The Sentencing Commission found that:

  1. The current quantity-based penalties overstate the relative harmfulness of crack cocaine compared to powder cocaine.
  2. The current quantity-based penalties sweep too broadly and apply most often to lower level offenders.
  3. The current quantity-based penalties overstate the seriousness of most crack cocaine offenses and fail to provide adequate proportionality.
  4. The current severity of crack cocaine penalties mostly impacts minorities.

"Based on these findings," the report read, "the Commission maintains its consistently held position that the 100-to-1 drug quantity ratio significantly undermines the various congressional objectives set forth in the Sentencing Reform Act." While noting that setting appropriate thresholds is "a difficult and imprecise undertaking that ultimately is a policy decision," the Commission nevertheless "strongly and unanimously" urged Congress to adopt the following recommendations:

  1. Increase the five-year and ten-year statutory mandatory minimum threshold quantities for crack cocaine offenses to focus the penalties more closely on serious and major traffickers as described generally in the legislative history of the 1986 Act.
  2. Repeal the mandatory minimum penalty provision for simple possession of crack cocaine under 21 U.S.C. § 844.
  3. Reject addressing the 100-to-1 drug quantity ratio by decreasing the five-year and ten-year statutory mandatory minimum threshold quantities for powder cocaine offenses, as there is no evidence to justify such an increase in quantity-based penalties for powder cocaine offenses (e.g., don't increase powder cocaine sentences).

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graph from report, crack cocaine amounts nearly invisible next to the powder amounts
Groups that have long advocated for reform of the crack-powder cocaine sentencing disparity and the removal of mandatory minimum sentences reacted with pleasure mixed with a hint of impatience. They have been waiting a long time for action on this front.

"The prisoners, children and families torn apart by these unjustifiably harsh penalties are watching closely and will welcome crack sentencing reforms that restore some justice to crack penalties," said Mary Price, vice president and general counsel of Families Against Mandatory Minimums (FAMM). "Only Congress can change our harsh mandatory minimum crack laws. Lawmakers should not squander the important opportunity presented by the most recent set of findings and recommendations by the Sentencing Commission. The time is ripe for reform, especially given the bipartisan support for crack sentencing reform that has emerged in recent years."

"The current sentencing structure has had a disproportionate and unfair impact on African-American and low income communities," said Caroline Fredrickson, director of the ACLU's Washington Legislative Office, "and we're encouraged that the US Sentencing Commission has once again acknowledged this fact. But 2007 marks the fourth time in 20 years that the commission has issued such a report, and Congress has yet to address the problem. Years of medical and legal research have shown no appreciable difference between crack and powder cocaine, and no justification for allowing the vast sentencing gap between them to stand. We urge Congress to put aside politics and act now to fix this discriminatory federal drug sentencing policy."

But it is not reform advocates but members of Congress who will or will not enact most reforms. While in the past, Congress has rejected such recommendations from the Commission, there are some indications support for reforms is growing.

"It's past time to reduce the disparity between crack and powder cocaine sentences actually," Republican Sen. Jeff Sessions told National Public Radio, "because the penalties on crack cocaine are extraordinarily heavy -- too heavy to be justified as public policy." His colleagues should listen to the Commission, Sessions added. Sessions has already introduced a bill that would reduce the disparity to 20:1.

Another key player, Sen. Patrick Leahy (D-Vermont), head of the Senate Judiciary Committee, told the legal publication the Daily Journal the report's findings were "an important first step" in correcting the sentencing disparity. "For far too long, the federal crack/powder sentencing laws have created an injustice in our nation," he said. Leahy said he hopes that federal prosecutors will focus more on drug kingpins.

Sen. Joe Biden (D-Delaware), who has announced his candidacy for the 2008 Democratic presidential nomination, has also weighed in. "This 100:1 disparity is unjust, unfair, and the time has long past for it to be undone," Biden said in a Tuesday press release. "The current sentencing disparity between the two forms of cocaine is based on false notions and old logic," said Sen. Biden. "Congress has ignored this issue for too long. I intend to introduce legislation to remedy the disparity and refocus the federal cocaine sentencing laws and federal resources on major drug kingpins, as was the intent of the 1986 law. I look forward to working with my colleagues -- Republicans and Democrats -- and urge them to support righting this wrong."

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DEA crack cocaine photo
"There is indeed growing support for reducing the disparities," said Bill Piper, head of national affairs for the Drug Policy Alliance. "Biden, Sessions, and Sen. Hatch [R-Utah] are all working on bills, and so is Charley Rangel [D-New York] in the House," he told Drug War Chronicle. "There is growing support in the judiciary committees for doing something."

But, Piper warned, the devil is in the details. "They agree that something needs to be done, but I'm not sure they will reach agreement on what needs to be done. Then it would have to pass floor votes, and then we have to wonder if Bush would veto it," he said. "But when you have the Sentencing Commission and leading Republicans signing off on something, the Democrats should be emboldened. That shows this is a bipartisan effort."

Even the Justice Department is wavering. While Piper noted that the department has long taken the position that there was no problem, department spokesman Bryan Sierra told the Daily Journal this week that the agency is "willing to discuss the disparity in the ratio for sentencing between crack and powder cocaine," but he added that the department believes that "it should be done in the broader context of sentencing reform."

For the fourth time since 1995, the Sentencing Commission has urged Congress to act to reduce the disparity and bring greater fairness to sentencing. Now it is in Congress' hands.

Hemp: California Bill Passes Assembly

A bill that would allow California farmers to grow non-psychoactive hemp passed the Assembly May 10 and now heads to the state Senate, where it is also expected to pass. A similar bill passed the legislature last year, only to be vetoed by Republican Gov. Arnold Schwarzenegger.

Authored by Assemblyman Mark Leno (D-San Francisco) and Assemblyman Chuck DeVore (R-Irvine), AB 684 would pave the way for California farmers to eventually -- not immediately -- grow the plant, which is used to make food, clothing, paper, body care, bio-fuel, and auto products. If the bill were to be signed into law, industry organizations like Vote Hemp and the Hemp Industries Association, as well as the California Certified Organic Farmers, have vowed to challenge the federal ban on hemp planting.

Schwarzenegger cited the federal ban when he vetoed last year's hemp bill. He claimed it would put farmers in jeopardy of federal prosecution. But proponents of this year's bill are hopeful the governor will relent.

"Passage of the hemp farming bill in the Assembly is a sign it is likely to reach Governor Schwarzenegger's desk for the second year in row," said Vote Hemp legal counsel and San Francisco Attorney Patrick Goggin. "The mood in Sacramento is this bill is consistent with California's effort to be leader on US environmental policy. Hemp is a versatile plant that can replace polluting crops such as cotton and is taking off as an organic food and body care ingredient. It is time to jump into the expanding market for hemp that California companies currently import from Canada and elsewhere."

American hemp product manufacturers currently have to import their raw material from China, Canada, or one of the more than 30 other countries that allow hemp production. It is the only crop that is illegal to grow in the US, but legal to import.

Sentencing: Maryland Governor Vetoes Bill To Give Two-Time Drug Sales Offenders Parole Eligibility

Maryland Gov. Martin O'Malley (D) Wednesday vetoed a bill that would have provided the possibility of parole to people serving second-time drug sales sentences. Under current Maryland law, such offenders must serve a mandatory minimum 10-year sentence with no possibility of parole. The law would not have applied to violent offenders.

But in an interview with the Associated Press explaining his veto, O'Malley said he considered drug dealing to be a violent crime in itself. "Drug dealing is a violent crime, and the morgues of many of our counties and state are filled with the bodies that have been taken far too early because of drug distribution," O'Malley said. Maryland already provides opportunities for second-offenders to get drug treatment, he claimed, adding that the bill "unnecessarily broadens current law and makes parole a possibility, however remote, for drug dealers who are driven by greed and profit supported by violence, not addiction."

The bill, HB 992, passed the legislature with bipartisan support and was backed by a broad coalition of drug reformers, the faith community, public health and law enforcement officials, and drug treatment providers, as well as the Washington Post and the Baltimore Sun. The coalition is not happy with O'Malley.

"The veto is a disappointing mistake," said Justice Policy Institute executive director Jason Zeidenberg. "Instead of taking a baby step in the right direction towards treatment instead of prison, O'Malley is stubbornly clinging to the failed tough on crime policies of the past. The governor failed to show leadership and vision in this decision."

"Governor O'Malley has put Maryland out of step with other states that are moving in the direction of smarter, more effective sentencing policies," said Naomi Long, director of the Drug Policy Alliance District of Columbia Metropolitan Area project. "This veto was a lapse of leadership, and hurts Maryland's efforts to implement the kinds of real reforms that would actually make a difference."

The state of Maryland spends millions of dollars each year incarcerating nonviolent drug offenders, the vast majority of whom would be better served by drug treatment options. A recent report by the Justice Policy Institute found that Maryland's sentencing laws disproportionately affect communities of color and may be the least effective, most expensive way to promote public safety.

"The fight for more effective and fair sentencing policies isn't over," said Delegate Curtis Anderson (D-Baltimore), a sponsor of the legislation. "Maryland voters want more fair and effective sentencing policies. We will keep working with the governor to implement those reforms."

Pregnancy: New Mexico Supreme Court Strikes Down Law Criminalizing Drug Use By Mothers-To-Be

In a case that pitted hard-nosed legislators and prosecutors against an array of women's rights, public health, medical, and drug reform groups, the New Mexico Supreme Court ruled May 11 that a state law expanding criminal child abuse laws to include drug use by pregnant women was unconstitutional. In a summary opinion, the state high court upheld a state Court of Appeals decision that reached the same conclusion.

The ruling came in the case of Cynthia Martinez, who was charged with felony child abuse in 2003 after her newborn child tested positive for cocaine. Under the law in question, she was charged with "permitting a child under 18 years of age to be placed in a situation that may endanger the child's life or health" by ingesting illicit drugs while pregnant.

While the state argued that a pregnant woman who is addicted to drugs should be sent to jail as a felony child abuser, both the appeals court and the state Supreme Court disagreed. During oral arguments, the justices appeared to be particularly concerned about issues raised in an amicus curiae brief submitted by the Drug Policy Alliance and National Advocates for Pregnant Women on behalf of nearly three dozen other leading medical and public health organizations, physicians, and scientific researchers. The justices repeatedly mentioned the DPA/NAPW brief and expressed grave concerns about the deterrent effect such prosecutions would have on women seeking prenatal care.

Such rulings are critical to avoid criminalizing poor women, said NAPW staff attorney Tiloma Jayasinghe. "Making child abuse laws applicable to pregnant women and fetuses would, by definition, make every woman who is low-income, uninsured, has health problems, and/or is battered who becomes pregnant a felony child abuser," she explained. "In oral argument, the state's attorney conceded that the law could potentially be applied to pregnant women who smoked."

Szczepanski said, "I hope that this case serves as a reminder that pregnant women who are struggling with drug use should be offered prenatal care and drug treatment, not prosecution. There are better ways to protect our children in New Mexico, and ensure that future generations will be safe and healthy."

Sentencing: Nevada Supreme Court Justices Ask Legislature for More Discretion, More Funding for Drug Courts

Two Nevada Supreme Court justices appeared before the state Senate Judiciary Committee Monday to argue for increased discretion in sentencing and increased funding for drug and mental health programs, including drug courts. Nevada enacted mandatory minimum drug laws in 1995 that have contributed to an ever-increasing prison population.

Justice Jim Hardesty asked lawmakers to consider amending the sentencing laws to allow judges to deviate from the mandatory minimums as long as they submit written explanations of why the downward deviation was appropriate. Hardesty cited the senselessness of some drug sentences.

"It makes absolutely no sense for us to sentence a young man to 10 to 25 years in the Nevada state prison who gets paid $150 to drive a car from Sacramento to Utah" containing narcotics, Hardesty told the committee. He added that current law does not allow judges to deviate from sentencing rules or allow prosecutors to makes deals in such cases.

Hardesty was joined by Chief Justice Bill Maupin in asking committees that control spending to allot more money for drug and mental health court programs that can divert offenders from prison. "When I first heard about this program, I was very skeptical," Maupin told the committee. "What I found out was that mental health courts around this country have become very well recognized as having permanent success."

Hardesty added that the Supreme Court had requested $5 million in state general funds to pay for drug courts and treatment programs, but a budget subcommittee had only voted to approve $1 million. "Compared to what we requested, and compared to frankly what the demand is -- which is $30 million -- it was disappointing," said Hardesty.

While the justices have so far been unable to win increased funding for diversion programs, Nevada Gov. Jim Gibbons (R) is calling on the legislature to spend $300 million on new prison construction. Nevada currently has more than 13,000 prisoners and is admitting more than 600 new ones each month, nearly double the rate of admissions in 1990.

As for sentencing discretion, Judiciary Chairman Mark Amodei (R-Carson City) told the justices he is open to the idea, but judges would have to be very careful not to arouse the wrath of victims' rights groups, who successfully demanded the tougher sentencing law in 1995. "Those mandatory sentencings were the result of rooms like this being packed with people who said, 'Hey, so and so got a sweetheart of a deal,"' said Amodei.

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Thank you for your support, and hope to hear from you soon.

Sincerely,


David Borden
Executive Director

Latin America: Top Anti-Drug Official Gunned Down in Mexico City

Mexico's drug wars claimed a high profile victim Monday, as unknown gunmen assassinated Jose Nemesio Lugo Felix, the new head of a federal anti-drug intelligence unit, as he went to work in the southern part of Mexico City. The killing comes as the government of President Felipe Calderon is several months into an offensive against the drug trafficking organizations -- the so-called cartels -- that has seen thousands of Mexican police and soldiers sent into drug trafficking hotbeds in an effort to break the power of the cartels.

Lugo was driving to his office when his car was cut off by another vehicle carrying several gunmen, who fired at least three shots into his car, hitting him in the head and back. One of the assailants then jumped onto a waiting motorcycle and fled the scene, while the others drove away.

Lugo's assassination got the attention of US Ambassador Tony Garza, who issued a statement lamenting the killing. "A principled and tireless crime fighter, Mr. Lugo is the latest Mexican law enforcement official to have lost his life in a valiant stand against the criminals who seek to enrich themselves by destroying the very fabric of our society," Garza said. "American law enforcement officials who worked with Mr. Lugo admired him for his dedication and professionalism," he said.

Formerly the head of a unit in the federal attorney general's office that investigated trafficking of minors and illegal immigrants, Lugo was appointed just last month to lead an elite anti-drug intelligence unit in that same office. While other police and soldiers have been killed by the cartels -- including five soldiers killed in an ambush in Michoacan earlier this month -- Lugo's assassination marks the highest-level killing so far. His killing was also unusual in that in occurred in the capital, which has been spared most of the violence surrounding the Mexican drug trade and the efforts to suppress it.

Last year, prohibition-related violence killed more than 2,000 people, and this year the killing is occurring at an even more rapid pace, with an estimated 1,000 dead so far. Calderon's offensive, which has seen extensive military and police sweeps in border cities, Acapulco, and his home state of Morelos, has, instead of calming the situation, only thrown fuel on the fire.

Still, the Calderon government remains steadfast in its aggressive policy. "The deaths of the men and women who die while doing their duty is lamentable," Mexican drug czar Jose Luis Santiago Vasconcelos told the newspaper Reforma. "But in spite of this, we are winning this battle. We can't give ourselves the luxury of being cowed by organized crime."

Europe: Hungarian Global Marijuana Marchers Sue Over Blocked Demonstration

Hungarian Global Marijuana Marches came a week later than elsewhere, and while marches in some cities, including Budapest, came off without major problems, it was a different story in Debrecen, where local authorities and rightist mobs prevented the scheduled event from taking place. Now the organizer of the rallies, the Hungarian Hempseed Association, has announced it will sue the city.

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Hungarian march poster (from kendermag.hu)
The Hempseed Association, which advocates for drugs users' rights and drug reform in Hungary, obtained a permit from local police for a stage and podium, but on the day of the march, members of the town council, accompanied by a number of local rightists, forced them to cancel the event. The official reason given was the stage would impede road maintenance.

But the week before the marches, they were the subject of a diatribe called Awaken Mob! on an ultra-rightist web site. The post called for counter-demonstrators to "turn out in large numbers and ask them whether they mean it. If so, let's chase them as far as Jamaica so they can smoke their brain-deconstructing hempseed derivatives among aborigines manufacturing intolerable music."

Rightists of the Movement for a Better Hungary may have been involved in Debrecen. They definitely were among those harassing marchers in at least one other Hungarian city.

Now, Hempseed will take the battle from the streets to the courts.

Australia: "Super Dope" Marijuana Scare Prompts Threats to Ban Bongs

An annual drug report that mentions the possibility that Vietnamese Australians have visited Canada to learn marijuana cultivation techniques has led to a new outbreak of Reefer Madness Down Under, as well as threats from the national and New South Wales government that they intend to ban bongs and other marijuana-smoking devices.

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soon to be banned in Australia?
"Police fear a new form of incredibly potent cannabis is destined to hit Australia," wrote the Herald Sun in breathless prose. "Vietnamese criminal gangs in Canada have developed a sophisticated method of growing the plant indoors all year round. It greatly increases both the yield and potency of the cannabis and drastically cuts back the growing time for each crop," the newspaper reported in article picked up by other Australian media outlets.

"The latest criminal intelligence suggests Australian-based Vietnamese drug dealers have traveled to Canada to learn how to cultivate this new brand of highly addictive cannabis," the Herald Sun continued. "They are expected to use the knowledge to grow and sell it in Australia. This new cannabis threat was revealed yesterday in the Australian Crime Commission's annual Illicit Drug Data Report."
All Headline News more concisely but equally trashily warned that "a new strand of marijuana could be landing on Australian soil which is stronger, supposed more addictive and easier to grow."

The Australian Crime Commission's Illicit Drug Data Report 2005-2006, released this month, was not nearly as dramatic. In its section on cannabis, on which the dire media accounts were based, the report noted:

The majority of cannabis consumed in Australia is domestically produced, with cultivation prolific in all states and territories. While large outdoor bush plots, ranging in size from one to tens of thousands of plants, remain common in some states and territories, the most commonly detected method of cultivating cannabis is through the use of hydroponics (or other enhanced indoor cultivation methods). These are usually detected within residential premises. Although the number of plants is typically lower for hydroponic cultivation, growing cannabis hydroponically means it can be grown all year round and produces a higher yield of 'head' or 'buds' in a shorter period of time.

These enhanced indoor cultivation methods have been refined by Vietnamese criminal groups in Canada to yield high potency cannabis (Royal Canadian Mounted Police, 2002). There are indications that some Vietnamese Australians have traveled to Canada to further their cultivation knowledge and skills. However, it is important to note that no single criminal group dominates cannabis cultivation or supply in Australia.

What both the commission and the newspapers are talking about is nothing more than "BC Bud," or, if grown in the US or Australia "kind bud," or high-THC content marijuana being grown indoors under high-power lights. Kind bud has long been grown Down Under by Australian pot connoisseurs, and the use of hydroponic or other indoor growing systems is also nothing new. In fact, Australia appears to be unique in its peculiar delusion that hydroponic marijuana is somehow different and more dangerous.

Not allowing themselves to be detoured by the facts, Australian politicians are jumping into the fray with proposals to fight the hydro menace by banning pot pipes. According to All Headline News, the New South Wales state government is considering such proposal.

And Radio Australia reported that the national government will consider such a paraphernalia ban in December. Federal Minister Christopher Pyne made the announcement at a meeting of the Ministerial Council on Drug Strategy in Adelaide Saturday. He said the government would also look at how to regulate the advertising of paraphernalia.

The fact that pipes can also be used to smoke tobacco should be no hindrance to a crackdown, he said. "Hiding behind the idea that some of these products might be used for legitimate products [and] legitimate practices flies in the face of common sense," Pyne said. "I think the mums and dads of Australia expect us to take firm action."

Drug War Issues

Criminal JusticeAsset Forfeiture, Collateral Sanctions (College Aid, Drug Taxes, Housing, Welfare), Court Rulings, Drug Courts, Due Process, Felony Disenfranchisement, Incarceration, Policing (2011 Drug War Killings, 2012 Drug War Killings, 2013 Drug War Killings, 2014 Drug War Killings, 2015 Drug War Killings, Arrests, Eradication, Informants, Interdiction, Lowest Priority Policies, Police Corruption, Police Raids, Profiling, Search and Seizure, SWAT/Paramilitarization, Task Forces, Undercover Work), Probation or Parole, Prosecution, Reentry/Rehabilitation, Sentencing (Alternatives to Incarceration, Clemency and Pardon, Crack/Powder Cocaine Disparity, Death Penalty, Decriminalization, Defelonization, Drug Free Zones, Mandatory Minimums, Rockefeller Drug Laws, Sentencing Guidelines)CultureArt, Celebrities, Counter-Culture, Music, Poetry/Literature, Television, TheaterDrug UseParaphernalia, ViolenceIntersecting IssuesCollateral Sanctions (College Aid, Drug Taxes, Housing, Welfare), Violence, Border, Budgets/Taxes/Economics, Business, Civil Rights, Driving, Economics, Education (College Aid), Employment, Environment, Families, Free Speech, Gun Policy, Human Rights, Immigration, Militarization, Money Laundering, Pregnancy, Privacy (Search and Seizure, Drug Testing), Race, Religion, Science, Sports, Women's IssuesMarijuana PolicyGateway Theory, Hemp, Marijuana -- Personal Use, Marijuana Industry, Medical MarijuanaMedicineMedical Marijuana, Science of Drugs, Under-treatment of PainPublic HealthAddiction, Addiction Treatment (Science of Drugs), Drug Education, Drug Prevention, Drug-Related AIDS/HIV or Hepatitis C, Harm Reduction (Methadone & Other Opiate Maintenance, Needle Exchange, Overdose Prevention, Safe Injection Sites)Source and Transit CountriesAndean Drug War, Coca, Hashish, Mexican Drug War, Opium ProductionSpecific DrugsAlcohol, Ayahuasca, Cocaine (Crack Cocaine), Ecstasy, Heroin, Ibogaine, ketamine, Khat, Marijuana (Gateway Theory, Marijuana -- Personal Use, Medical Marijuana, Hashish), Methamphetamine, New Synthetic Drugs (Synthetic Cannabinoids, Synthetic Stimulants), Nicotine, Prescription Opiates (Fentanyl, Oxycontin), Psychedelics (LSD, Mescaline, Peyote, Salvia Divinorum)YouthGrade School, Post-Secondary School, Raves, Secondary School